¿Qué puedo hacer para cancelar mis antecedentes penales?

julio 15, 2020

Introducción: El Sistema de Registros de Apoyo a la Administración de Justicia

Existe un sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia establecido hace años para el auxilio de dicha administración en el ejercicio de su función jurisdiccional (art. 17 Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero). El sistema almacena datos de personas que han tenido incidencias judiciales de diversa naturaleza; concretamente, relacionadas con los diversos registros centrales, que son:

– Registro Central de Penados

– Registro Central de Medidas Cautelares Requisitorias y Sentencias No Firmes

– Registro Central de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica

– Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores

– Registro Central de Rebeldes Civiles

Cualquier persona interesada, tiene derecho a obtener información sobre los datos relativos a su persona que figuren inscritos en dichos registros, obteniendo una certificación que le permita, en su caso, iniciar el proceso de cancelación de sus datos en el registro de que se trate.

Nos centraremos en el presente artículo en los antecedentes penales y el proceso para su cancelación.

Los antecedentes penales y su repercusión social

Cualquier persona puede verse envuelta a lo largo de su vida en una situación comprometida con relevancia en el ordenamiento penal, que la lleve ante un juzgado y resulte por ello condenada. Hoy en día, es algo que ha dejado de ser marginal y muchas personas cuentan por ello con antecedentes penales (piénsese, por ejemplo, en el elevado número de condenas relacionadas con la Seguridad en el Tráfico) que quedan registrados en el «Registro Central de Penados» (RCP), que conserva los datos de todas aquellas condenas a personas mayores de 18 años por delitos cometidos en España, o por un ciudadano español en algún otro país de la Unión Europea.

Hay que saber, que este registro no guarda información sobre menores de edad o antecedentes policiales, a los que luego nos referiremos.

A esta condena viene aparejada la posesión de antecedentes penales, y es aquí donde surge el problema porque la posesión de “antecedentes penales” puede complicarnos la vida a la hora de afrontar algunos retos personales como por ejemplo acceder a una oferta de trabajo, un cargo o empleo público, etc. Ello por no hablar, de los perniciosos efectos cuando se tiene que afrontar un segundo proceso penal por otro delito (reincidencia).

Hay que saber, que en el RCP sólo figuran inscripciones de sentencias judiciales firmes, que han declarado la culpabilidad (no, las absoluciones) de una persona mayor de edad, por la comisión de un acto tipificado como delito (penal), por parte de tribunales españoles o de otros países de la Unión Europea.

¿Se pueden cancelar nuestros antecedentes penales?

Los antecedentes penales pueden cancelarse si, tras el cumplimiento de una pena, la persona interesada no ha cometido un nuevo delito en un período que oscila entre los 6 meses y los 10 años, dependiendo de la gravedad del delito.

Los plazos que se establecen para la cancelación de antecedentes penales los encontramos en el art. 136 del Código Penal:

  1. 6 meses para las penas leves.
  2. 2 años para las penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes.
  3. 3 años para las restantes penas menos graves inferiores a 3 años.
  4. 5 años para las restantes penas menores graves iguales o superiores a 3 años.
  5. 10 años para las penas graves.

Debe tenerse presente que en la gran mayoría de casos la cancelación no es automática, esto es, no se suelen -aunque deberían- cancelar de oficio las inscripciones de condenas y que, los plazos para la cancelación se interrumpe por la comisión de nuevos delitos durante su transcurso.

¿Como puedo cancelar mis antecedentes penales?

El primer paso es solicitar un certificado de antecedentes penales para conocer su existencia, vigencia, tribunal del que derivan y demás datos necesarios para la cancelación. Es un trámite que se realiza mediante un modelo predeterminado (modelo 790) que se puede descargar por Internet o lo podemos encontrar en las oficinas de cualquier gerencia territorial del Ministerio de Justicia del municipio o ciudad de residencia. Tras ello, y calculando si se cumplen los plazos para la cancelación, debe dirigirse una solicitud al Ministerio de Justicia con información del solicitante y los correspondientes certificados de cumplimiento de las penas (resoluciones judiciales que así lo declaren).

Aunque existe un plazo de 3 meses para resolver las peticiones de cancelación de antecedentes (el silencio administrativo tiene, en este caso, efectos positivos), dicho plazo se suspende si es la Administración quien tiene que recabar del órgano judicial la fecha de extinción de la responsabilidad penal, por lo que es recomendable acudir a un profesional que controle todas esas vicisitudes por cuenta del solicitante.

Los antecedentes de personas menores

Las condenas por delitos cometidos por personas menores de edad, que vienen reguladas en una ley específica (LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores), no se guardan en el Registro Central de Penados ni, por tanto, aparecen cuando se solicita un certificado de antecedentes penales ordinario. Estas condenas, quedan registradas en el «Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores», cuya información sólo está disponible para jueces y tribunales de menores (Disp. Ad. 3ª LO 5/2000).

La única excepción existe para el caso de condenas por delitos de naturaleza sexual cuando la persona condenada quiera trabajar o realizar una actividad de voluntariado que implique contacto habitual con menores. El artículo 5 del Real Decreto 1110/2015 establece que la información sobre este tipo de condenas aparecerá en el «Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual» que se exige para actividades relacionadas con la infancia.

Para la cancelación de este tipo de antecedentes, que se efectuará de oficio a los 10 años de alcanzada la mayoría de edad (esto es, a los 28 años) si la medida judicialmente impuesta ha sido cumplida o ha prescrito, la persona podrá pedir un certificado ante el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal del Menor (art. 17 Real Decreto 25/2009), integrado en el Sistema de Registros administrativos del Ministerio de Justicia de Apoyo a la Administración de Justicia, para dirigir después una solicitud de cancelación al propio Ministerio de Justicia.

Sobre los antecedentes policiales

Existe la tendencia a confundir los antecedentes penales con los «antecedentes policiales», que son aquellos que derivan de actuaciones de delitos o infracciones administrativas que han llevado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a instruir diligencias y remitirlas posteriormente a las autoridades judiciales o administrativas, constando entonces en los ficheros de la Dirección General de la Policía, Policías Autonómicas y Dirección General de la Guardia Civil, los datos de las personas encartadas.

Estos apuntes en registros policiales suelen ser molestos en la medida en que, ante cualquier actuación o identificación de la persona por parte de la policía, aparecen de forma inmediata y suelen predisponer a los Agentes de la Autoridad respecto de la persona identificada.

Los antecedentes policiales son también cancelables. Como la cancelación de oficio tampoco suele darse, el interesado debe promover el procedimiento para su supresión siendo preceptivo la previa cancelación de los antecedentes penales a que hubieran dado lugar las pesquisas policiales (salvo en casos de absolución, sobreseimiento o archivo, lógicamente). Teóricamente, en casos de condena, el transcurso de 5 años desde la extinción definitiva de la pena sin la incorporación de nuevos datos desfavorables al expediente personal del solicitante, deberían cancelarse de oficio.

A la instancia promoviendo la cancelación, deberán acompañarse igualmente las resoluciones judiciales que acrediten la finalización del procedimiento derivado del antecedente que se desea cancelar.

Corolario

Los antecedentes penales -y los policiales- son cancelables; constituye un derecho de toda persona el obtener la cancelación de unos datos perniciosos y desfavorables cuando se cumplen los requisitos establecidos legalmente.

Y, aunque existe la previsión legal de que dichos antecedentes sean cancelados de oficio, es decir, sin intervención del interesado, transcurridos los plazos legales, la práctica diaria demuestra que ello no suele suceder, obligando al ciudadano a promover expedientes de cancelación por su propia mano.

Aunque existe la posibilidad de obtener información y realizar algunos trámites de forma directa a través de las páginas web del Ministerio de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el procedimiento suele tener ciertas complicaciones y dilatarse en el tiempo cayendo muchas veces el interesado en la frustración de no obtener respuesta o una resolución adecuada.

Por ello, desde el equipo de Garberí Penal siempre recomendaremos que se recurra a los servicios de un abogado especializado en este tipo de problemas, evitando preocupaciones, olvidos y dilaciones innecesarias.

Si desea más información sobre el contenido de este artículo o de cualquier otro de nuestra web, no dude en contactarnos a través del formulario ó dirigirse al correo electrónico info@garberipenal.com

Estaremos encantados de resolver sus dudas y poder ayudarle.

 

Garberí Penal

La violencia de género durante el estado de alarma

abril 23, 2020

El pasado 14 de marzo se declaró mediante Real Decreto-Ley el estado de alarma en todo el país ante la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19. Una de las medidas más drásticas decretadas para evitar la propagación de la pandemia, ha supuesto el confinamiento de las personas en sus casas no siendo posible desplazarse más que para adquirir alimentos, productos farmacéuticos, acudir a entidades financieras, acudir al trabajo (en actividades declaradas esenciales), a centros sanitarios o realizar desplazamientos por fuerza mayor.

En este contexto, que bien podría ser digno de un guión de una película de ciencia ficción, las familias se han visto obligadas a convivir las 24 horas del día, algo absolutamente inusual en la mayoría de las familias españolas. Asimismo, este aislamiento domiciliario ha provocado un aumento de situaciones de conflicto entre cónyuges y familiares, destapándose como el gran enemigo de las mujeres que son víctimas -en silencio- de violencia de genero que, actualmente, están prácticamente obligadas a cohabitar con su agresor a tiempo completo, siendo un colectivo mucho más vulnerable en estos momentos de confinamiento.

Teniendo en cuenta que esta crisis sanitaria y las medidas adoptadas han supuesto de facto una paralización de la actividad judicial, el Gobierno ha dictado una serie de normas dirigidas a paliar el daño del que es víctima el colectivo de mujeres maltratadas.

Así, el 31 de marzo se dictó el Real Decreto-Ley 12/2020 por el que se decretaron medidas urgentes para la protección y asistencia de las víctimas de violencia de género con el fin de garantizar el funcionamiento de los servicios que están destinados a la protección de las mujeres maltratadas, toda vez que su predecesor directo, el RD 463/2020 de 14 de marzo, establecía que las autoridades competentes como las administraciones autonómicas y locales, podrían insertar campañas, mensajes, anuncios y comunicaciones en los medios de comunicación, públicos o privados, para concienciar e informar de los canales de denuncia que quedan a disposición de las victimas de violencia de genero.

Del mismo modo se han creado medidas para asegurar el asesoramiento jurídico las 24 horas del día, la atención telefónica y on-line de las victimas de violencia de genero. Este aseguramiento, se refiere a que los servicios de guardia de los juzgados de violencia sobre la mujer están activos pese a la suspensión de la mayoría de actuaciones procesales, garantizándose además los servicios de asistencia social integral como el acompañamiento psicológico y social destinado a las victimas de violencia de género.

Todas estas medidas suponen el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, que definía acertadamente la violencia de genero como “… toda violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quiénes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencias…” y comprende “… todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad…”.

Así pues, tanto a las mujeres que sufran este tipo de violencia como a las personas que escuchen o presencien actos de maltrato, pueden llamar al 016 o al de emergencias, el 112, así como utilizar todos aquellos medios que el propio Ministerio de Igualdad o las respectivas Comunidades Autónomas ponen a su disposición.

En la lucha contra la violencia de género, es de vital importancia entender que debemos comprometernos todos los ciudadanos. Cualquiera de nosotros puede ser de vital ayuda para las víctimas de estas agresiones denunciando o poniendo en conocimiento de las autoridades situaciones de vulnerabilidad, abuso o malos tratos, máxime la propia víctima es incapaz de denunciar en este contexto de confinamiento ante el temor a represalias o inactividad policial, muchas veces por propio desconocimiento. Algo tan sencillo como una llamada a la policía o la utilización de canales on line para denunciar una situación de agresión, puede resultar muy difícil cuando se convive a todas horas con el agresor.

Es un deber de la ciudadanía avisar de la comisión de un posible delito o avisar a los servicios de emergencia en caso de escuchar o presenciar algo que nos pueda llamar la atención en este aspecto, porque, en esta lucha, las víctimas somos todos.

En el equipo de Garberí Penal estamos a su disposición 24 horas al día para informarle de los canales a su disposición para denunciar, o resolver cualquier duda respecto de posibles situaciones de vulnerabilidad. No dude en contactarnos si requiere más información.

Consumo de Cannabis durante el “Estado de Alarma”

marzo 25, 2020

Tras la publicación del Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el “Estado de Alarma” en todo el territorio nacional, y sus correspondientes limitaciones a determinados derechos (a la libre circulación, a la libertad de empresa, etc.), nos estamos encontrando con algunas consultas en relación con los delitos contra la salud pública por posesión de “drogas blandas” (cannabis o hachís) en la vía pública, sobre todo en la ciudad de Barcelona.

Como es sabido, la aparición de los llamados clubs o asociaciones cannábicas creó una nueva realidad social en nuestro país para los consumidores de estas sustancias que no causan grave daño a la salud, ofreciéndoles la oportunidad de apartarse del mercado negro tradicional y, mediante el “autoconsumo compartido”, conseguir cannabis, hachís y sus derivados. Aunque el objeto social de estos clubes o asociaciones no sea ilícito y quede amparado por nuestra Constitución, estas entidades deben hacer constantes equilibrios dentro del ordenamiento jurídico para poder continuar con su actividad -muchas veces sin ningún control- dentro de la legalidad. Sin embargo, y aunque la posibilidad de desplazarse para acudir al centro de trabajo da cabida a todo tipo de interpretaciones, a partir del confinamiento establecido por el Estado de Alarma la afluencia a este tipo de clubs o asociaciones debería verse vedada en buena lógica interpretativa; es decir, los clubs deberían permanecer cerrados al público, lo que provoca que sus socios o afiliados, consumidores en general de estas sustancias, hayan tenido que volver al mercado negro para proveerse de su dosis de estupefacientes. Las consecuencias son fácilmente imaginables: básicamente, el aumento de denuncias por consumo en vía pública y tráfico de drogas.

Los delitos contra la salud pública relacionados con este tipo de sustancias están contemplados en los artículos 368 a 378 del Código Penal, que protegen la salud publica de los efectos nocivos de las drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

El delito básico de tráfico de drogas. Art. 368 Código Penal

 Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a nueve años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.”

El código penal tipifica explícitamente la acción de cultivar y, por ende, los actos de siembra, plantación y recolección de elementos a partir de los cuales se puedan obtener drogas o sustancias psicotrópicas y estupefacientes; así también, tienen reproche los procedimientos de elaboración que permitan obtener drogas tóxicas estupefacientes o sustancias psicotrópicas de las plantas naturales, como por ejemplo el hachís y sus derivados (Rosin, Charas, Budder, Bho, Shatter, etc.). Por supuesto, se incluyen en el delito los actos de tráfico -en sus distintas modalidades- o aquellos que, de cualquier modo, promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de las sustancias tóxicas.

El elemento común (de obligada presencia) en todas esas actividades legalmente prohibidas, como es sabido, es subjetivo, y consiste en el favorecimiento del consumo ilegal, toda vez que el consumo en sí (autoconsumo, consumo compartido) no es delictivo. El problema que acecha ahora con el confinamiento tiene que ver precisamente con la modalidad de consumo compartido, pero exclusivamente en su vertiente de “consumo grupal”, dadas las prohibiciones de reunión y desplazamiento que conlleva implícita o explícitamente el Real Decreto. En absoluto, debería afectar al concepto de “Consumo compartido” en sí, esto es, al propio hecho de compartir una cosecha o su fruto. En este caso, el problema surgiría entonces en el hecho de la distribución de la sustancia. Si la facilitación del cannabis en los clubs ya ha superado -en parte- los problemas de su asimilación al “tráfico ilegal”, su distribución fuera de esos canales acotados plantea serias dudas de admisibilidad dadas las dificultades de acreditación de su “origen compartido” y, por tanto, legal.

Adicionalmente, otro de los clásicos problemas en la materia se plantea ante la inexistencia en la regulación penal de una definición o listado de lo que se debe entender por “droga toxica, estupefaciente o psicotrópica”, tradicionalmente superado por remisión a las listas contenidas en las normas internas administrativo-sanitarias y a las normas internacionales. No nos detendremos ahora en este extremo. Por cannabis, se entiende las sumidades, floridas o con fruto, de la planta de cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe.

En cualquier caso, conviene saber que hay unas dosis medias de consumo diario como elemento diferenciador de la conducta típica y antijurídica, del autoconsumo legal. El Instituto Nacional de Toxicología sostiene que un consumidor habitual suele adquirir para si mismo la cantidad necesaria para cinco días, que en caso de la marihuana oscilaría entre los 100 gr. de sustancia, por 25 gr. para el hachís.

Penalidad de las conductas relacionadas con el cultivo, tráfico o consumo de cannabis

La penalidad prevista en el Código Penal para las conductas de cultivo, tráfico o favorecimiento del consumo ilegal de cannabis y sus derivados comprende las penas de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo del valor de la droga incautada (siempre de manera conjunta), por ser considerada una droga que no causa grave daño a la salud.

En el segundo párrafo del artículo 368 CP encontramos el subtipo atenuado, donde se faculta a los jueces y tribunales para imponer penas inferiores en grado para casos en que la cantidad que posea el autor del delito no supere las llamadas dosis mínimas psicoactivas, y atención a las circunstancias personales del autor del delito.

Subtipo agravado

El artículo 369 del Código Penal establece una lista con diferentes circunstancias que, en caso de concurrir en la comisión de los hechos referidos en el artículo 368 CP, supondrían penas superiores en grado (circunstancias personales del autor; pertenencia a una organización; realización de la conducta en un establecimiento abierto al público; las condiciones del destinatario; cantidad es de notoria importancia; adulteración de la sustancia para incrementar el daño a la salud; lugar de destino de la sustancia y uso de violencia o armas para cometer el hecho).

A tenor de lo expuesto, queda claro que determinadas conductas relacionadas con el cannabis que en un contexto de normalidad quedarían amparadas por la legalidad, pueden propiciar situaciones de riesgo que lleguen a considerarse delictivas y suponer penas de prisión y multa elevadas en la situación que estamos viviendo en estos momentos.

No dude en contactar a nuestro equipo de abogados ante situaciones imprevistas o dudas de legalidad que puedan surgirle. Trataremos de atenderlas con la mayor celeridad y agilidad posible. Desde el equipo de Garberí Penal seguiremos informando de las posibles infracciones penales y otras cuestiones de interés que surjan en estos días insólitos llenos de incertidumbre.

 

El equipo de Garberí Penal.

 

8 facetas del abogado penalista

julio 3, 2018

Como ya expuse recientemente en este post, el rol del abogado penalista en estos tiempos ha variado de forma considerable, si bien existe un desconocimiento generalizado de las funciones que puede llegar a desarrollar, más allá de la conocida defensa ante los tribunales de personas que hayan cometido -presuntamente- un crimen.

A continuación se exponen 8 supuestos en los que la intervención del abogado penalista es crucial o puede serlo, en función también de su especialidad o especialización. Como se verá, las funciones pueden tener naturaleza preventiva, identificativa o reactiva.

EL ABOGADO PENALISTA PROCESAL (DEFENSOR O ACUSADOR)

El abogado penalista es el profesional cuya actuación exige la ley para garantizar un efectivo despliegue del derecho a defenderse que toda persona ostenta ante la acusación de cualquier delito en un proceso penal. No cabe la autodefensa (sin abogado) de una persona investigada o acusada, entre otras cosas porque es necesario el conocimiento del Derecho Penal y procesal penal para evitar situaciones de indefensión, material y/o formal. La intervención del abogado penalista es considerada la garantía para obtener un juicio justo, toda vez que las pruebas de descargo son traídas al proceso tradicionalmente por el abogado defensor.

Esta clásica faceta del abogado penalista, comprende desde la asistencia a la persona investigada en su primer llamamiento policial o judicial hasta el juicio, y posteriores recursos. Aquí, pueden distinguirse como supuestos de intervención del abogado penalista:

1.- Asistencia en comisaría:

Se produzca en caso de detención o de citación, la primera declaración es crucial. El abogado penalista asesorará al cliente sobre cuál es la mejor opción entre prestar declaración o ejercer su derecho a guardar silencio, pues aunque desde el 1 de noviembre de 2015 el abogado puede entrevistarse reservadamente con el detenido previamente a la declaración (art.520.6.d) L.E.Crim.), no existe en la práctica un acceso a toda la información contenida en el atestado, toda vez que el artículo 520.2.d) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que traspone la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, recoge que el detenido tendrá derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención, afirmación cuyo contenido es difuso y tampoco vino a aclarar la STC 13/2017, de 30 de enero de 2017.

2.- Asistencia en dependencias judiciales:

Se produzca como consecuencia de una detención anterior o bien por llamamiento judicial, tras denuncia o querella, el abogado penalista asesorará al cliente en su declaración ante el Juez, ahora sí, habiendo tenido acceso al expediente judicial y a los indicios de delito que pesen contra la persona investigada, además de contar con sus propios argumentos y pruebas de descargo, recomendando así la mejor estrategia argumental.

3.- Defensor en el proceso:

El proceso penal tiene en toda su extensión diversas fases: investigación, intermedia y, eventualmente, el juicio oral (sin perjuicio del sistema de recursos). El abogado penalista es el profesional que intervendrá en todas ellas tratando de hacer valer los argumentos defensivos y las pruebas de descargo.

4.- Interposición de denuncias:

Analógicamente, toda persona agraviada o víctima de un delito tiene derecho a interponer una denuncia ante las autoridades policiales o judiciales y a ejercer la acusación particular en el proceso que se derive del delito, en búsqueda de la restitución o reparación de sus derechos, incluyendo la indemnización a que hubiere lugar por razón del delito soportado. En este sentido, la intervención del abogado penalista será análoga a la del defensor pero tratando de hacer valer, precisamente, los argumentos y pruebas de cargo, en búsqueda de la mayor satisfacción del derecho lesionado de su cliente. Se incluyen aquí, además de la asistencia en comisaría y juzgado, la redacción de denuncias o querellas y la recopilación de pruebas (periciales, por ejemplo).

EL ABOGADO PENALISTA-ASESOR PRIVADO

Sucede en los últimos tiempos, que la figura del abogado penalista adquiere un rol cada vez más importante como asesor privado, tanto de personas físicas como jurídicas; en este último caso, a raíz del nacimiento de su propia responsabilidad penal.

5.- Prevención de delitos de “cuello blanco”:

Las personas físicas recaban normalmente los servicios del penalista a través de otros asesores como economistas, fiscalistas o gestores patrimoniales a la hora de realizar determinadas operaciones privadas (inversiones patrimoniales, movimientos de capital, constitución de instrumentos fiduciarios, sucesiones) que pueden constituir en circunstancias concretas figuras delictivas (alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, evasión fiscal). En estos últimos supuestos, es clara también la tendencia a contar con el asesoramiento del abogado penalista de los despachos especializados en materia fiscal y asesoramiento patrimonial.

6.- Prevención de delitos económicos:

Pero son las empresas y organizaciones las que han resultado más proactivas, comenzando a dotar a sus Consejos con expertos penalistas. El auge del Derecho Penal Económico y la existencia de figuras delictivas societarias (adopción de acuerdos abusivos, quebranto de derechos de los socios), sin duda, así como el nacimiento de la responsabilidad penal de las corporaciones, tienen la culpa. Así, al momento de redactar un contrato con proveedores, al tomarse una decisión estratégica en el seno de una corporación o de adoptar una política fiscal concreta, por poner algunos ejemplos, el abogado penalista es el mejor preparado para dictaminar que ésta o aquélla conducta son susceptibles de constituir alguna figura delictiva; máxime, con la progresiva tipificación de nuevos delitos al compás de la evolución de nuevas formas de criminalidad (delitos informáticos o del ciberespacio, nuevas modalidades de estafa, delitos relacionados con los negocios).

EL ABOGADO PENALISTA-ANALISTA (DUE DILIGENCE-RIESGOS PENALES)

La mencionada responsabilidad penal de las personas jurídicas y la creciente importancia de los Programas de Compliance ha hecho saltar las alarmas en el mundo empresarial. Y no es que aquélla haya supuesto el nacimiento de nuevos delitos, sino que ahora las organizaciones responderán por falta de prevención (entendida como defecto de organización) en la comisión de delitos por parte de otros.

7.- Prevención de riesgos en transacciones, absorciones y fusiones:

Ello ha propiciado el auge de la diligencia debida (Due Diligence) no sólo respecto del personal de la empresa, sino también para con terceros, entendidos como socios de negocio, proveedores, autónomos o empresas subcontratadas e incluso clientes. Operaciones como las fusiones o absorciones requieren analizar el historial de la empresa absorbida, pero también las simples colaboraciones entre marcas o las prestaciones de servicios. El abogado penalista aportará en los procesos de Due Diligence su visión del riesgo penal para el caso de que pueda transmitirse.

8.- Prevención de riesgos penales:

Ante el creciente interés de las organizaciones por adoptar -y mostrar- una cultura ética en la forma de hacer los negocios, cimentada en el cumplimiento normativo, la inclusión de los riesgos penales entre aquellos que valorar ha otorgado un papel preponderante al abogado penalista, que normalmente ha ampliado sus conocimientos en materias como el Buen Gobierno, la Gestión del Riesgo y el Compliance. Aquí, lógicamente, su papel se centrará en la evaluación, análisis y valoración de los procesos corporativos conforme a los tipos penales exigibles a la persona jurídica.

Alex Garberí Mascaró es Fundador y Director del Área Penal & Compliance de Garberí PenalPara la implementación de sistemas de gestión de Compliance Penal, por favor contacta con nuestros expertos o comunícate al 937 004455 de 09:00 a 19:00, de Lunes a Viernes.