Aproximaciones jurisprudenciales acerca del delito de receptación

junio 5, 2016

El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 9ª, de fecha 25 de septiembre de 2015, en causa seguida por delitos de robo con fuerza en las cosas en casa habitada y receptación. STS 429/2016, de 19 de mayo de 2016

 

STS 429/2016, de 19 de mayo de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 10872/2015

Nº de Resolución: 429/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Ana María Ferrer García.

 

A fin de ubicar la cuestión de fondo debatida en el recurso, señalar que la parte recurrente denuncia que no ha quedado acreditado que conociera que las joyas que reconoce que vendió en un establecimiento de los que compran oro procedieran de un delito contra el patrimonio, ni que las recibiera con el propósito de obtener un beneficio económico.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

  • Acerca del fundamento jurídico de los elementos típicos del art. 2 C.P

 

La doctrina consolidada de esta Sala establece que el delito de receptación en su modalidad básica requiere de tres requisitos:

 

“a) Un elemento cognoscitivo normativo, consistente en obrar con conocimiento de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico; b) un elemento comisivo, formulado en manera alternativa y que se predica de quien ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos de ese delito o de quien reciba, adquiera u oculte tales efectos, que implica a su vez un elemento subjetivo del injusto: actuar con ánimo de lucro; y c) un elemento negativo, integrado por la circunstancia de que el sujeto activo no haya intervenido ni como autor ni como cómplice en el delito previo”.

 

De los elementos recién expuestos se puede deducir que nos encontramos ante un delito necesariamente doloso, que puede ser cometido tanto por dolo directo -“el receptador lleva a cabo su actuación conociendo con plena seguridad la procedencia ilícita de los efectos”-; como por dolo eventual -“el receptador realiza sus actos a pesar de haberse representado como altamente probable que los efectos tienen su origen en un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico-.

Recuerdan la STS 57/2009 de 2 de febrero; 448/2009 de 24 de abril o 476/2012 de 12 de junio, que “al ser el conocimiento del origen ilícito un elemento subjetivo del tipo de naturaleza psicológica”, su acreditación habrá de establecerse normalmente “por inducción a través de inferencias lógicas o inequívocas, a partir de datos objetivos o de circunstancias materiales acreditadas”, entre las que destacan las siguientes:

 

La irregularidad de la compra, o el precio vil, es decir, la compra del objeto por precio desproporcionadamente inferior al de mercado; la falta de verosimilitud de la versión facilitada para justificar la posesión de los efectos; la clandestinidad de la adquisición, o la personalidad del adquirente acusado y de los vendedores o transmitentes de los bienes, entre otros elementos indiciarios”.

 

Para concluir, puntualizar que tal conocimiento “no implica el de todos los detalles o pormenores del delito antecedente, ni el “nomen iuris” que se le atribuye, pero si su rango de delito”. No basta tampoco “la simple sospecha de su procedencia ilícita, sino la seguridad o alta probabilidad de la misma que como hecho psicológico ha de inferirse por hechos externos”.

Apropiación indebida vs administración desleal

junio 2, 2016

El Tribunal Supremo desestima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 1ª, de fecha 14 de abril de 2015, en causa seguida por delito de apropiación indebida y administración desleal.

 

STS 425/2016, de 19 de mayo de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 1613/2015

Nº de Resolución: 119/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Francisco Monterde Ferrer.

 

A fin de ubicar la cuestión de fondo debatida en el recurso, señalar que la parte recurrente denuncia que, en cualquier caso, los hechos podrían ser considerados como constitutivos de un delito de administración desleal, pero no de apropiación indebida, ya que el acusado habría actuado como administrador, Presidente o Consejero delegado de las sociedades supuestamente agraviadas.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

  • Acerca del fundamento jurídico delimitador de ambas figuras típicas

 

Comenzar aclarando, que es premisa ya asentada en la jurisprudencia de esta Sala la que afirma lo siguiente:

 

No concurren razones dogmáticas ni de política criminal que avalen la tesis de que el abuso de los administradores de sociedades en todo caso es menos grave que otros tipos de abuso fuera del contexto societario”.

 

En efecto, se parte de la reflexión según la cual “el mero hecho de que el autor del delito fuese un administrador de hecho o de derecho de sociedades, no debería determinar la aplicación preferente del delito de administración desleal del art. 295 C.P(actual art. 252, tras la entrada en vigor de la reforma de 2015), como así se pretende por parte de la recurrente en el caso que nos ocupa.

 

Por ello, la jurisprudencia desde ya hace un tiempo fue asumiendo que el art. 295 CP (actual art. 252) venía a contemplar supuestos de administración ilícita de sociedades, en los que “no se verifica una apropiación-distracción definitiva de bienes en los términos de la apropiación indebida”.

 

De esto modo, esta Sala distingue entre lo que se ha denominado el abuso extensivo en la administración y gestión de sociedades, que debería quedar ubicado en el ámbito de la apropiación indebida (delito más grave), del abuso intensivo en la administración de las mercantiles, que debería encuadrarse en los dominios típicos de la administración desleal (entre otras, las Sentencias de esta Sala Segunda de fechas 26/07/2004, nº 949/2004; 24/6/2008 y de 18/11/2009, nº 1181/2009).

 

En esta línea argumental, expone esta Sala que en la apropiación indebida la acción típica es “la apropiación o la distracción como ejercicio de hecho de un poder de disposición no amparado jurídicamente, y en ello estriba el desvalor y su antijuricidad material como lesión del bien jurídico de la propiedad ajena”.

 

En cambio, entiende esta Sala que en la administración desleal la acción típica es “el ejercicio jurídico de una facultad legalmente amparada en la esfera contractual o en la dispositiva, pero con abuso en su ejercicio por dirigirlo a la satisfacción de intereses ajenos a la sociedad con perjuicio para los de ésta

Por consiguiente, podemos concluir a modo de ejemplo que comete apropiación indebidael administrador que dispone para sí o para tercero de lo que no puede disponer”; mientras que, por otro lado, comete administración deslealEl administrador que dispone de lo que puede disponer, pero lo hace intencionadamente en términos desventajosos para la sociedad administrada y ventajosos para intereses propios o ajenos -pero no de la sociedad- distintos al fin único que debe orientar su acción administradora, que es el de la sociedad que administra”.

 

El tipo subjetivo en el delito de prevaricación

mayo 29, 2016
Fachada sur de la sede del Tribunal Supremo Español, en el distrito Centro de Madrid. Edificio de 1758.

Fachada sur de la sede del Tribunal Supremo Español, en el distrito Centro de Madrid. Edificio de 1758.

El Tribunal Supremo acuerda, en virtud de lo establecido en los arts. 779.1.1 ª y 641.2º LECrim, el sobreseimiento provisional y archivo de las  diligencias previas 275/08 elevadas por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, en causa seguida por delitos de prevaricación y falsificación en documento oficial. AUTO TS 3453/2016, de 28 de abril.

 

ATS 3453/2016, de 28 de abril.

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 20490/2015

Tipo de resolución: AUTO

Procedimiento: PENAL – PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO

Ponente: Excmo. Sr. Antonio del Moral García.

 

A fin de ubicar la cuestión de fondo debatida en el referenciado Auto, señalar que de lo que se trata en la presente causa es de dilucidar si hay indicios racionales y consistentes de una participación penalmente relevante (es decir, dolosa) de la aforada investigada en esos hechos presuntamente delictivos.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo del Auto:

 

  • Acerca del fundamento del tipo subjetivo del art. 404 C.P

 

Analizadas las diligencias practicadas hasta el momento procesal en el que nos hallamos, entiende esta Sala que no cabe duda de que la investigada participara en los hechos investigados (tipo objetivo): “firmó y asumió las decisiones documentadas (resoluciones) que sin su plácet no alcanzarían eficacia jurídica”.

 

Asimismo,  señala que “si se concluyese que firmó con conciencia de su arbitrariedad -por la ausencia del correspondiente expediente administrativo tramitado de forma regular- se podría inferir también su responsabilidad en las eventuales acciones falsarias posteriores con independencia de que no haya intervenido materialmente en ellas.

 

En todo caso, puntualizar que “solo desde la constatación del conocimiento de esas irregularidades (es decir, existencia de dolo) surgirá responsabilidad penal”.

 

Por tanto, nos encontramos ante una cuestión no estrictamente jurídico penal, sino de valoración probatoria, consistente en “acreditar la concurrencia o no del tipo subjetivo del delito de prevaricación”, esto es, “si era consciente y conocedora de la arbitrariedad de sus resoluciones”.

 

Materia esta, considerada inidónea para que exista un “cuerpo doctrinal uniforme directamente aplicable”.

Por parte de la persona investigada se alegó que ignoraba todas las irregularidades objeto de investigación, manifestando que cuando estampó su firma en los distintos acuerdos relacionados con ese asunto lo hizo, como era habitual en su gestión, con la confianza de su corrección, única forma razonable de operar a la vista del cúmulo de asuntos que tenía que despachar, fiada de los criterios de los técnicos”.

 

Hipótesis esta, cuyo juicio de verosimilitud -entiende esta Sala- “no puede sustentarse en las afirmaciones auto exculpatorias de la implicada”, que han de ser examinadas con espíritu crítico al ser titular la misma de un “evidente interés en el devenir del proceso”.

 

Pero en todo caso, continúa diciendo que el mismo “no es un argumento extravagante en la forma de operar con estos supuestos en sede jurisdiccional”, como demuestra el examen de los repertorios de jurisprudencia y algunas resoluciones de esta Sala.

 

-STS 152/2015, de 24 de febrero: se dicta sentencia absolutoria al valorarse de forma expresa que:

 

El Decreto tachado de arbitrario fue dictado sobre la base de un informe técnico y sin comprobar el contenido del expediente,  confiando en que éste respondía a la realidad y que el técnico había realizado las comprobaciones precisas, así como que si hubiera apreciado, en su caso, alguna anomalía, la habría hecho constar en el documento” (…) En consecuencia -dice la Sentencia desarrollando este argumento- manifestó que no comprobó la legalidad de cada contrato, aclarando que considera que no es su obligación al estar ya revisados, de forma que cuando firmó la contratación, desconocía que hubieran existido irregularidades; habida cuenta, además, de que el contrato no venía acompañado de informe negativo alguno”.

 

Una razón similar -“desconocimiento de las irregularidades– se proyecta en la sentencia en relación a otro acuerdo tildado de arbitrario.

 

Tal sentencia concluye manifestando que “la declaración de las coacusadas indicando cómo funcionaba el Ayuntamiento ha sido corroborada, en los aspectos más relevantes, por buena parte de los testigos que testimoniaron en el acto del juicio y que eran conocedores de la dinámica de funcionamiento”.

 

Extremo este, que no viene sino a reforzar el juicio de credibilidad acerca de lo declarado por la acusada, según la cualel contrato fue puesto para su firma junto con otros muchos y, confiando en el buen hacer del personal y por no considerarlo de su competencia, no cotejó cada contrato con su expediente correspondiente para verificar que todos los requisitos habían sido observados”.

 

-La STS 815/2014, de 24 de noviembre, señala que “el elemento subjetivo del delito de prevaricación administrativa viene legalmente expresado con la locución «a sabiendas de su injusticia»” (STS 766/1999, de 18 mayo).

La misma, continua diciendo que se comete, por tanto, el delito de prevaricación “cuando la autoridad o funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración”.

-Como se indica en la Sentencia de 29 de octubre de 1998, a la que también se remite la anterior,la intención dolosa o el conocimiento de la ilegalidad no cabe deducirla de consideraciones más o menos fundadas, sino que necesariamente debe estar apoyada por una prueba evidente que no deje duda alguna sobre este dato anímico. Es, pues, precisa la clara conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad que se ha cometido”.

 

-Por otro lado, la STS 797/2015, de 24 de noviembre, acaba convalidando la condena por prevaricación dictada por la Audiencia, razonando que “es exigible probatoriamente algo más que la pura constatación de la firma en una resolución objetivamente arbitraria e injusta”. Sería insuficiente esa realidad para basar una condena si no va acompañada de otros indicios que avalen la idea de que “no se actuó sencillamente ajustándose al criterio de los técnicos, sino con conciencia de la arbitrariedad de la decisión”.

 

En la misma también se establece que “las Autoridades y funcionarios de alto rango no pueden conocer minuciosamente todos los detalles de los documentos que les son sometidos a la firma, y generalmente deben fiarse de los informes técnicos que los avalan (…)

 

A la vista de todo lo expuesto, esta Sala se muestra a favor de que en determinados ámbitos tanto administrativos como empresariales haya de prevalecer “un principio de confianza en la labor de los escalones previos al ámbito estrictamente decisional, delegando tareas y funciones si no se quiere colapsar una administración”.

 

Al mismo tiempo que, en referencia al caso en cuestión, “considera plausible el sistema operativo que refirió la investigada en su declaración, que además viene refrendado de una forma directa o indirecta por cuantos funcionarios han declarado en la causatodos con muchos años de servicio en la Corporación-”.

Delito de apropiación indebida: título jurídico proindiviso

mayo 27, 2016

El Tribunal Supremo desestima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia, Sección 1ª, de fecha 16 de marzo de 2015, en causa seguida por delito de apropiación indebida. STS 119/2016, de 22 de febrero.

STS 119/2016, de 22 de febrero de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 1045/2015

Nº de Resolución: 119/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Cándido Conde-Pumpido Tourón.

A fin de ubicar la cuestión de fondo debatida en el recurso, señalar que la parte recurrente denuncia la indebida aplicación del delito de apropiación indebida por indeterminación del título jurídico, en virtud del cual estuviera obligado a entregar parte del premio a la querellante, lo cual conlleva la vulneración del principio de intervención mínima.

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

  • Acerca del fundamento jurídico de los elementos típicos del art. 253 C.P

Reiterada jurisprudencia de esta Sala -entre otras, Sentencia 309/2006, de 16 de marzo- entiende que el delito de apropiación se caracteriza por los siguientes requisitos:

“a) Una inicial posesión legítima por el sujeto activo de dinero, efectos o cualquier cosa mueble; b) Un título posesorio, determinativo de los fines de la tenencia, que pueden consistir sencillamente en la guarda de los bienes, siempre a disposición del que los entregó –depósito– o en destinarlos a algún negocio o a alguna gestión –comisión o administración; c) El incumplimiento de los fines de la tenencia, ya mediante el apoderamiento de los bienes, ya por no darles el destino convenido, sino otro determinante de enriquecimiento ilícito para el poseedor –distracción y; d) El elemento subjetivo denominado ánimo de lucro, que se traduce en la conciencia y voluntad del agente de disponer de la cosa como propia o de darle un destino distinto del pactado, determinante de un enriquecimiento ilícito. Será también requisito integrante de delito de apropiación indebida el dolo, comprensivo de la conciencia del agente de no tener derecho a la apropiación o disposición de los fondos.

  • Acerca del mandato imperativo del art. 849.1 LECrim y la concurrencia de un título jurídico proindiviso como presupuesto punitivo

En el cauce casacional del art. 849.1 LECRim es necesario partir, de manera inexcusable, “del más absoluto y riguroso respeto de los hechos declarados probados, sin omitir los que aparecen en el relato histórico, ni incorporar otros que no se encuentran en aquél” (STS de 7 de julio de 2011).

En el caso que nos concierne, el recurrente se aparta del relato de hechos probados, del que, en contra de lo que sostiene aquel, sí que se desprende la existencia de un título jurídico en virtud del cual “el acusado tenían la obligación de entregar a la querellante un tercio del premio; un acuerdo verbal entre los mismos para participar por partes iguales del premio obtenido”.

Es precisamente de dicho pacto del que nace “la obligación jurídica de restituir, al tratarse el mismo de un título compartido proindiviso” (STS 20 de noviembre de 2007).

Por un lado, el título inicial del que surge esta obligación de entrega es la copropiedad del cupón premiado, “que atribuye a los copropietarios el derecho al reparto del premio a partes iguales, si no se hubiese pactado otra cosa”.

Por otro lado, el título final -una vez cobrado el premio por el recurrente- es la comisión o mandato tácito, pues ha de entenderse que “el recurrente cobró el billete en nombre y representación de los cotitulares, como gestor del cobro o mandatario de los mismos, recibiendo la totalidad del premio con la obligación de entregar su parte a cada uno de los copropietarios del billete”.

Frente a la ausencia de determinación -en el cuerpo de la sentencia de instancia- del momento exacto de su constitución o de su alcance, conviene resaltar que en el factum, por un lado, se concreta que en la fecha de los hechos, “la adquisición del cupón se efectuaba todos los viernes, aun cuando algún jugador estuviera ausente, efectuándose las correspondientes liquidaciones una vez regresados los ausentes”; a su vez, por otro lado, se especifica que “la aportación de cada uno era por partes iguales y que el precio del boleto era de tres euros”. A la vista de lo anterior, podemos concluir que estamos ante un “pacto verbal con datos suficientes como para poder constatar la existencia de la obligación de los acusados de repartir el premio con la querellante”.

En consecuencia, la conducta del acusado -“de no repartir el premio de lotería obtenido con una de las personas que participaban en la compra conjunta del mismo– es constitutiva del delito de apropiación indebida apreciado por la Sala de instancia.

  • Acerca de la postura unánime de la jurisprudencia en referencia a los supuestos de apropiación de un premio de lotería.

Esta Sala ha calificado reiteradamente como delito de apropiación indebida “supuestos similares de apropiación de un premio de lotería en circunstancias diversas” (SSTS 501/2013, de 11 de junio, 382/2010, de 28 de abril, 988/2007, de 20 de noviembre y 219/2007, de 9 de marzo y 712/2006, de 3 de julio, entre otras).

-Como ejemplo de ello, la STS 988/2007, de 20 de noviembre, establece que

El acusado era el depositario de un título al portador con expectativas de ser agraciado con una cantidad de dinero, lo que le obliga en cumplimiento de su condición, a custodiar el décimo y hacerlo efectivo. Tratándose de un título compartido proindiviso, una vez cobrado, su condición de depositario le convertía también en el de gestor del cobro y responsable del reparto…Nos encontramos ante una operación de apoderamiento, en beneficio propio y perjuicio ajeno, lo que integra el elemento subjetivo del ánimo de lucro“.

-Con idéntico parecer se muestra la STS 219/2007, de 19 de marzo, al manifestar que:

El acusado, como depositario de un título convertido en valor en virtud del premio con el que fue agraciado, lejos de compartirlo, es decir, entregar la parte alícuota correspondiente al pacto convenido, se hizo con él, ingresándolo en su cuenta personal, con fines de hacerlo efectivo, consiguiendo con ello el agotamiento de la apropiación propuesta por el mismo“.

 

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Aproximaciones jurisprudenciales sobre de la malversación de caudales públicos (II)

mayo 19, 2016

 

El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 6ª, de fecha 22 de enero de 2015, en causa seguida por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsificación de documento mercantil. STS 358/2016, de 26 de abril.

 

STS 358/2016, de 26 de abril de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 1322/2015

Nº de Resolución: 210/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Carlos Granados Pérez

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

  • Acerca del fundamento jurídico de los elementos típicos del art. 432 C.P

 

Es jurisprudencia reiterada del TS -exponentes, entre otras, las Sentencias 797/2015, de 24 de noviembre y 1051/2013, de 26 de septiembre- que el delito de malversación de caudales públicos tiene los siguientes presupuestos típicos:

 

Primero, la cualidad de autoridad o funcionario público del agente, concepto suministrado por el CP bastando a efectos penales con la participación legitima en una función pública; segundo, una facultad decisoria pública o una detentación material de los caudales públicos o efectos, ya sea de derecho o de hecho, con tal de que, en el primer caso y en aplicación de sus facultades, tenga el funcionario una efectiva disponibilidad material; tercero, los caudales públicos han de gozar de tal consideración, que proviene de su pertenencia a los bienes propios de la administración, produciéndose dicha adscripción a partir de la recepción de aquellos por funcionario legitimado sin que precise su efectiva incorporación al erario público; y cuarto, con la finalidad de sustraer o consentir que otro sustraiga, lo que significa apropiación sin ánimo de reintegro, apartando los bienes propios de su destino o desviándolos del mismo (SSTS 98/1995, de 9 de febrero ; 1074/2004, de 18 de enero).

 

Especial atención merece el requisito concerniente a la ostentación de los caudales por razón del cargo o función, respecto del cual el TS ha declarado que debe existiruna relación especial entre agente y caudales, de ahí que esta disponibilidad o relación entre el caudal y el sujeto activo sea primordial en el engarce jurídico del delito” (STS 411/2013, de 6 de mayo).

 

Y destaca que el delito se consuma “con la sola realidad dispositiva de los caudales públicos, ya sea por disposición de hecho, ya sea por disposición de derecho, por lo cual no es imprescindible que el funcionario tenga en su poder los caudales y efectos públicos” (STS 310/2003, de 7 de marzo).

 

En la misma línea, la Sala Segunda sostiene que la premisa “tener a su cargo” significano sólo responsabilizarse de su custodia material, sino también ostentar capacidad de disposición e inversión”, de tal manera que los caudales no puedan salir del organismo oficial “sin la decisión del funcionario -por disposición de Ley, nombramiento o elección- que tiene la capacidad de ordenar gatos de inversiones”.

  • Acerca de los presupuestos típicos que fundamentan la figura de continuidad delictiva

 

La doctrina jurisprudencial de esta Sala, entre otras, STS 429/2012, de 25 de mayo; STS 228/2013, de 22 de marzo; STS 627/2014, de 7 de octubre o STS 821/2014, de 27 noviembre, considera que la concurrencia de esta modalidad delictiva viene determinada por los siguientes requisitos legales:

 

“a) pluralidad de hechos delictivos ontológicamente diferenciables; b) identidad de sujeto activo; c) elemento subjetivo de ejecución de un plan preconcebido, con dolo conjunto y unitario, o de aprovechamiento de idénticas ocasiones en las que el dolo surge en cada situación concreta pero idéntica a las otras; d) homogeneidad en el modus operandi , lo que significa uniformidad entre las técnicas operativas desplegadas o las modalidades delictivas puestas a contribución del fin ilícito; e) elemento normativo de infracción de la misma o semejante norma penal; y f) cierta conexidad espacio- temporal”.

 

Doctrina esta, ya aplicada en asuntos similares al analizado (Vid. STS 625/2015, de 22 de diciembre) en el que se declara que estamos ante “una pluralidad de acciones que se ejecutan bajo el paraguas de un concierto previo con los demás acusados, con el propósito común de distraer fondos públicos en beneficio propio o de un tercero, que se lleva a cabo a través de acciones homogéneas plurales y prolongadas en el tiempo que infringieron idéntico precepto penal”.

Delito de prevaricación administrativa y su modalidad a título de inducción (I)

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El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 6ª, de fecha 22 de enero de 2015, en causa seguida por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsificación de documento mercantil. STS 358/2016, de 26 de abril de 2016.

 

STS 358/2016, de 26 de abril de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 1322/2015

Nº de Resolución: 210/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Carlos Granados Pérez

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

  • Acerca del fundamento jurídico de los elementos típicos del art. 404 C.P

 

La sentencia comentada, tras recordar los elementos que integran el delito de prevaricación [resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; que sea objetivamente contraria al Derecho, ilegal; que esa contradicción con el derecho o ilegalidad (manifestada en forma de falta absoluta de competencia, omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución) sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable; que ocasione un resultado materialmente injusto; y finalmente, que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho], con cita de abundantes pronunciamientos anteriores (SSTS 49/2010, de 4 de febrero; 1160/2011 , de 8 de noviembre ; 502/2012, de 8 de junio y 743/2013, de 11 de octubre, entre otras), reflexiona acerca de los elementos objetivos y subjetivos del tipo concretando:

 

– Se estará ante una resolución arbitraria y dictada a sabiendas de su instancia (elemento subjetivo del tipo) “cuando se incurra en un ejercicio arbitrario del poder, proscrito por el art. 9.3 CE, en manos de autoridad o funcionario público”. Y tal arbitrariedad concurre cuando la resolución “no es efecto de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, sino, pura y simplemente, producto de su voluntad (de la autoridad que la emite), convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad”.

 

– Otras sentencias de esta Sala señalan que para que una acción sea calificada como delictiva será preciso algo más que lamera contradicción con el derecho”, que se agotaría en una mera ilegalidad administrativa. Plus de  intensidad delictiva que reconducimos legalmente a los términos “injusta” y “arbitraria”, manifestándose cuando la resolución “no es sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la Ley” (STS núm. 1497/2002, de 23 septiembre); “cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor” (STS núm. 878/2002, de 17 de mayo); o cuando “la resolución adoptada -desde el punto de vista objetivo- no resulta cubierta por ninguna interpretación de la Ley basada en cánones interpretativos admitidos” (STS núm. 76/2002, de 25 de enero).

 

– Menores problemas plantea lo que debe entenderse “resolución” a los efectos de este delito pues, excluidos los actos políticos o de gobierno, se extiende a “todo acto de contenido decisorio que resuelve sobre el fondo de un asunto con eficacia ejecutiva”, así como, “cualquier acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados o a la colectividad en general”, bien sea de forma “expresa o tácita, escrita u oral”” (SSTS. 813/98, de 12 de junio; 943/98 de 10 de julio; 1463/98, de 24 de noviembre y 190/99, de 12 de febrero, entre otras).

 

  • Acerca del fundamento legal de la prevaricación administrativa a título de inductor

 

La doctrina sentada por reiteradas sentencias del TS, como la analizada, pone de manifiesto “el sujeto que no es funcionario público (extraneus) puede ser partícipe en un delito de prevaricación cometida por funcionario (intraneus), ya sea en la condición de inductor o de cooperador necesario(SSTS 501/2000, de 21 de marzo; 76/2002, de 25 de enero; 627/2006, de 8 de junio; 222/2010, de 4 de marzo; 303/2013, de 26 de marzo; y 773/2014, de 28 de octubre).

 

Pronunciamientos de la Sala Segunda en materia de inducción (STS 787/2013, de 23 de octubre) evidencian que la misma consiste “en hacer nacer en otro la resolución criminal, de forma directa y terminante”, siendo esta la tarea del inductor. Por ello, se define la inducción como “la creación del dolo en el autor principal mediante un influjo síquico idóneo, bastante y causal, directamente encaminado a la realización de una acción delictiva determinada”.

 

Destaca igualmente que la no condición de funcionario del recurrente ha sido tenida en cuenta por el Tribunal de Instancia para aplicar el apartado 3º del artículo 65 del C.P.

 

Y que, el razonamiento jurídico recién expuesto, encuentra igualmente cabida en el análisis del delito de malversación de caudales públicos, que será objeto de estudio en la segunda entrega de comentarios a esta sentencia al inicio referenciada.

Audiencia nacional y su competencia territorial en materia de blanqueo de capitales

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STS 336/2016, de 21 de abril de 2016

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Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Joaquín Giménez García

 

A fin de ubicar la cuestión de fondo debatida en el recurso, señalar que la parte recurrente denuncia la infracción del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley. En esta línea, argumenta que en el hecho probado no hay ningún dato fáctico que permita afirmar que el delito del que se le acusa se cometiese en España, por lo que de acuerdo con el art. 23.4 h) en relación con el art. 65.1 e) LOPJ, el Tribunal competente para el enjuiciamiento de delitos cometidos en el extranjero por español es la Audiencia Nacional.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

    • Acerca del fundamento legal de la competencia territorial de la Audiencia Nacional

 

Antes que nada, recordar que según la doctrina de esta Sala, de sobra conocida, en materia de competencia entre Tribunales del mismo grado y competencia, “la asignación de uno u otro Tribunal, siendo todos Tribunales ordinarios, carece de relevancia constitucional al no lesionar el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley” (entre otras muchas, la STS 55/2007 de 23 de Enero).

 

En este mismo sentido, la jurisprudencia constitucional, -SSTC 164/2008 y 220/2009-, entiende que “las normas de competencia, y por tanto la determinación del órgano judicial competente, son materias que conciernen exclusivamente a los Tribunales de la jurisdicción ordinaria y quedan extramuros del derecho fundamental al Juez predeterminado por la Ley”.

 

Sólo se activaría la lesión de tal derecho cuando “la atribución a un órgano judicial determinado careciera de fundamento, y como tal fuese atribución arbitraria” (STC 35/2000).

 

Entiende esta Sala que el Tribunal de la Audiencia Nacional es unTribunal ordinario especializado”.

 

Por un lado, es ordinario en cuanto que responde “a los tres parámetros que definen la jurisdicción ordinaria frente a la excepcional”, – esto es, desde un punto de vista orgánico (mismo procedimiento de acceso a sus plazas que el resto de Tribunales), penal (las normas penales a aplicar son las que aparecen en el C.P) y procesal (las normas procesales a aplicar son las que aparecen en la LECrim).

Por otro lado, su especialidad responde a una triple proyección: “competencia objetiva por razón de la persona, por razón de la materia y por razón del lugar de comisión del delito”.

 

Aplicando lo anterior al caso que nos concierne, estamos ante “un delito cometido por un español fuera del territorio nacional”, constituyendo el hecho concernido un posible delito de blanqueo de capitales.

 

Por tanto, a la vista de tales circunstancias, no es de aplicación la doctrina de la Sala respecto de la relatividad de las cuestiones de competencia entre Tribunales del mismo orden jurisdiccional y de idéntica competencia objetiva, porque “la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene en exclusiva la competencia para el enjuiciamiento de los delitos cometidos por español en el extranjero” (art. 23.4 h) en relación con el art. 65.1 e) LOPJ).

En consecuencia, esta Sala entiende al respecto que “el Tribunal de Valencia carecía de competencia para el enjuiciamiento de tales hechos, lesionándose el derecho al Juez predeterminado por la Ley”.

Aproximaciones jurisprudenciales acerca de la policia local como policia judical

mayo 15, 2016

El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por el Ministerio Público, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 6ª, de fecha 22 de junio de 2015, en causa seguida por un delito contra la salud pública. STS 210/2016, de 15 de marzo de 2016.

 

STS 210/2016, de 15 de marzo de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 1437/2015

Nº de Resolución: 210/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Julián Artemio Sánchez Melgar

 

A fin de ubicar la cuestión de fondo debatida en el recurso, señalar que la sentencia recurrida no cuestiona la competencia objetiva de la Policía Local para realizar actuaciones relacionadas con la persecución de delitos de tráfico de drogas, -cuestión ya resuelta en sentido afirmativo por la doctrina reiterada de esta Sala (STS 831/2007, de 5 de octubre)-, sino que cuestiona la competencia territorial atendiendo a los límites marcados a la misma.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

  • Acerca del fundamento legal de la actuación de la policía local como policía judicial de apoyo y su limitación territorial

 

La cuestión que se discute en esta instancia casacional es doble, por un lado “la consideración de la policía local como policía judicial; y por el otro, los límites territoriales de su actuación”.

 

Como bien remarca esta Sala, el presente supuesto cuenta con un elemento circunstancial de suma relevancia, como es el hecho de que “estamos ante dos ciudades muy cercanas entre sí, -Bilbao y Baracaldo-, limítrofes entre ellas y sin solución de continuidad en sus calles”.

 

Al respecto, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dedica el Título V a las Policías Locales y establece en el art. 51.3 que “Dichos cuerpos sólo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes“. Por tanto, el ámbito territorial de las policías locales “es el propio término municipal en donde el Ayuntamiento ejerce su jurisdicción administrativa”.

 

En palabras del Tribunal Constitucional, Sentencias 82 y 49/1993, “…ello no significa que los Agentes Policiales de un determinado municipio que se hallaren fuera de su territorio (…), y aun cuando no hubiera mediado requerimiento de la autoridad competente deban inhibirse en la prestación de auxilio o en la realización de las diligencias que procedan según las leyes“.

 

A su vez, en el Preámbulo de esta Ley se dice que “la seguridad pública constituye una competencia difícil de parcelar, toda vez que no permite delimitaciones o definiciones, con el rigor y precisión admisibles en otras materias”.

 

En cuanto a la consideración de policía judicial, el art. 29 de dicha Ley dispone que las funciones de Policía Judicial que se mencionan en el artículo 126 de la Constitución “serán ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (…)”. Para el cumplimiento de dicha función tendrán carácter colaboradorlas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el personal de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales”.

 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, de Policía Judicial, “la función de la Policía Judicial también incumbe a la Local, pero según su correspondiente atribución y en relación con las primeras diligencias de prevención y aseguramiento” así que tengan noticia de la perpetración del hecho presuntamente delictivo, y “la ocupación y custodia de los objetos que provinieren del delito o estuvieren relacionados con su ejecución”, dando cuenta de todo ello en los términos legales a la autoridad judicial o fiscal, directamente o a través de las unidades orgánicas de Policía Judicial.

 

Entre otras, la STS 1334/2004, de 15 de noviembre, recuerda la “amplia convocatoria al ejercicio de la función de Policía Judicial, efectuada por el art. 547 L.O.P.J, respecto de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

 

Ahora bien, esa llamada al ejercicio de la función “no puede obviar el carácter colaborador de la misma”, lo cual no autoriza a pensar que si sus agentes se encuentran ante cualquiera de las situaciones a que se refiere el art. 282 LECRim, “deban suspender toda actuación hasta recibir instrucciones de quienes, de forma principal, ejercen las funciones de Policía Judicial”, porque, si así procedieran, “se frustrarían la prevención y persecución de la delincuencia en un buen número de casos”.

 

En todo caso y, concurriendo tales circunstancia, se deberá “practicar las diligencias que sean necesarias para comprobar el delito, descubrir a sus autores y recoger los efectos o instrumentos que puedan servir de pruebas de su comisión”.

 

Todo ello, claro está, sin perjuicio de “poner inmediatamente todo lo actuado y, en su caso, a los detenidos, a disposición de los funcionarios competentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

En resumidas cuentas, concluir que “las funciones como policía judicial de las policías locales están hoy fuera de toda duda”, pero dentro de los márgenes de actuación que les corresponde, -tanto funcionales como territoriales-, y con el carácter colaborador que les atribuye la LO 2/1986, “sin que el diseño legal les permita constituirse con funciones ilimitadas en materia de policía judicial”.

 

Así, el art. 53.1 de la referida LO, dispone que “Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones: (…) e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley (…) g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad”.

Inviolabilidad del domicilio como límite constitucional de la actuación policial

mayo 6, 2016

El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense, Sección 2ª, de fecha 24 de julio de 2015, en causa seguida por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes. STS 329/2016, de 20 de abril de 2016.

 

STS 329/2016, de 20 de abril de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 1789/2015

Nº de Resolución: 329/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Manuel Marchena Gómez

 

A fin de ubicar la cuestión de fondo debatida en el recurso, señalar que la defensa alega la quiebra de las reglas de valoración probatoria, al haber sido observado el interior de un domicilio sin consentimiento del morador y, por supuesto,sin autorización judicial. A juicio del recurrente, no existe un consentimiento tácito por el hecho de que las ventanas que permitieron la visión de lo que acontecía en el domicilio del recurrente no estuvieran corridas.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

– Acerca del contenido material del derecho a la inviolabilidad del domicilio

 

El TS no comparte el criterio mantenido por los Jueces de instancia a la hora de definir el contenido material del derecho a la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 CE,  sustentando la ausencia de intromisión ilegítima en el ámbito de la intimidad porque “…la observación del interior de la morada se produce a través de aquello que los moradores han permitido ver a través de la ventana”.

 

Entiende el Alto Tribunal que la fijación del alcance de la protección constitucional que dispensa el art. 18.2 CE sólo puede obtenerse adecuadamente a partir de la idea de que “el acto de injerencia domiciliaria puede ser de naturaleza físicao virtual”.

 

Así pues, se entiende que dicha protección abarca “tanto la irrupción no consentida del intruso en el escenario doméstico, como la observación clandestina de lo que acontece en su interior”.

 

El Estado, en este caso, representado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “no puede adentrarse sin autorización judicial en el espacio de exclusión que cada ciudadano dibuja frente a terceros”.

 

La protección constitucional de la inviolabilidad del domicilio “no puede ser neutralizada con el argumento de que el propio morador no ha colocado obstáculos que impidan la visión exterior”.

 

Por tanto, se entiende que interpretar que unas persianas no bajadas o unas cortinas no corridas por el morador transmiten una autorización implícita para la observación del interior del inmueble mediante el uso de prismáticos, “encierra el riesgo de debilitar de forma irreparable el contenido material del derecho a la inviolabilidad domiciliaria”.

 

Pues bien, en el presente caso se da la circunstancia de que no concurría ninguno de los supuestos de legitimación de la injerencia a que se refiere el art. 18.2 CE, como son, “autorización judicial o consentimiento del morador, expreso o implícito”.

 

Asimismo, conforme al concepto general de intimidad que ofrece el art. 18.1 CE, lo cierto es que en el presente caso “no consta la existencia de ningún fin constitucionalmente legítimo que, por razones de urgencia, permitiera sacrificar la intimidad del sospechoso”.

 

Apuntar también, que no existe violación de los derechos a la intimidad o a la inviolabilidad del domicilio “cuando no se emplean instrumentos que sitúen al observante en una posición de ventaja respecto del observado”. La simple toma de fotografías, sin valerse de objetivos de amplia distancia focal, “no tiñe de ilicitud el acto de injerencia”.

 

En cuanto a los prismáticos como medio utilizado para efectuar la observación, esto es, analizado el grado de injerencia que permite el recinto domiciliario, su uso quedaría comprendido en la previsión analógica del art. 1.2 de la LO 4/1997, 4 de agosto, a cuyo tenor: “las referencias contenidas en esta Ley a videocámaras, cámaras fijas y cámaras móviles se entenderán hechas a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita las grabaciones previstas en esta Ley”.

 

En apoyo de lo anterior, el art. 6.5 de la citada Ley (principios de utilización de las videocámaras) determina que no se podrán utilizar videocámaras “para tomar imágenes ni sonidos del interior de las viviendas, ni de sus vestíbulos, salvoconsentimiento del titular o autorización judicial (…), ni de los lugares incluidos en el artículo 1 de esta Ley cuando seafecte de forma directa y grave a la intimidad de las personas, así como tampoco para grabar conversaciones de naturaleza estrictamente privada”.

 

Las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente en estos casos “deberán ser destruidas inmediatamente, por quien tenga la responsabilidad de su custodia”.

 

En definitiva, se entiende por parte de la Sala 2ª del TS que existió una intromisión en el contenido material del derecho a la inviolabilidad del domicilio, “injerencia que tiñe de nulidad la observación que los agentes llevaron a cabo respecto de la conducta de los recurrentes”.

 

La vigilancia del comedor de la vivienda y de las idas y venidas de los moradores entre el salón y otras dependencias interiores del inmueble “no puede considerarse como un acto de investigación sustraído a la exigencia de autorización judicial”.

 

STS 1546/2016 (III) – La cadena de custodia: fundamento de su operatividad jurídica

mayo 1, 2016

El Tribunal Supremo desestima los recursos de Casación, promovidos por las defensas, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 23ª, de fecha 5 de junio de 2015, que les condenó por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. STS 1546/2016, de 6 de abril de 2016.

 

STS 1546/2016, de 6 de abril de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 10714/2015

Nº de Resolución: 277/2016

Procedimiento: PENAL – APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Ponente: Excmo. Sr. Antonio del Moral García

 

El Tribunal Supremo desestima los recursos de Casación, promovidos por las defensas, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 23ª, de fecha 5 de junio de 2015, que les condenó por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

  • Acerca del fundamento del quebranto de la cadena de custodia.

 

Denominamos cadena de custodia al proceso de “ocupación, conservación, manipulación, transporte y entrega en el laboratorio de destino de la sustancia objeto de examen”.

 

La cadena de custodia no es una especie de liturgia formalizada “en la que cualquier falla abocaría a la pérdida de toda eficacia”. Así, la STS 795/2104, de 20 de noviembre considera que “la cadena de custodia no es un fin en sí mismo, sino que tiene un valor instrumental, lo único que garantiza es la indemnidad y autenticidad de las evidencias desde que son recogidas hasta que son analizadas, lo que en caso de quiebra puede afectar a la credibilidad del análisis pero no a su validez” (en esta misma línea, SSTS 129/2011 de 10 de Marzo; 1190/2009 de 3 de Diciembre o 607/2012 de 9 de Julio (STS núm. 1/2014, de 21 de enero).

De lo anterior, por tanto, se deduce que dicha figura constituye “un sistema formal de garantía que tiene por finalidad dejar constancia de todas las actividades llevadas a cabo por cada una de las personas que se ponen en contacto con las evidencias”.

 

A su vez, su infracción afecta a lo que se denomina “verosimilitud de la prueba pericial y, en consecuencia, a su legitimidad y validez para servir de prueba de cargo en el proceso penal”. A este respecto resulta evidente la relación entre la cadena de custodia y la prueba pericial, por cuanto “la validez de los resultados de la pericia depende de la garantía sobre la procedencia y contenido de lo que es objeto de análisis” (STS núm. 587/2014, de 18 de julio).

 

En otras palabras, la irregularidad de la cadena de custodia “no constituye, de por sí, vulneración de derecho fundamental alguno” que, en todo caso, vendrá dado “por el hecho de admitir y dar valor a una prueba que se haya producido sin respetar las garantías esenciales del procedimiento y, especialmente, el derecho de defensa”. Asimismo, las formas debidas que han de respetarse en las tareas inherentes al proceso de cadena de custodia, no tienen sino un carácter meramente instrumental, es decir, que tan sólo sirven “para garantizar que la analizada es la misma e íntegra materia ocupada, generalmente, al inicio de las actuaciones” (STS 1349/2009, de 29 de diciembre).

 

La ausencia de algunas garantías normativas, como pueden ser las reglas que aseguran la cadena de custodia, obliga a “cotejar todo el material probatorio para resolver si han surgido dudas probatorias que siempre han de ser resueltas en favor de la parte pasiva, pero no a descalificar sin más indagaciones ese material probatorio”.

 

Incluso se considera acreditado el no quebranto de la cadena de custodia “aunque no figure una documentación minuciosa detallada y exacta, que no siempre es necesaria, de las vicisitudes en su guarda y transporte y de la identidad de los encargados de su custodia”.