El fraude de las sociedades “Trucha”

julio 11, 2016

El delito fiscal constituye un pilar fundamental dentro de la estructura que conforma el panorama delictivo actual con mayor repercusión económica y social en el seno de un Estado. En contra de los numerosos esfuerzos por parte de la Administración para erradicar tal conducta ilícita, juegan un papel determinante la existencia de un amplísimo catálogo de modalidades comisivas, -a cual más sofisticada-, y la extrema complejidad que para su persecución plantea el uso de sociedades pantalla radicadas en cualquier parte del mundo.

 

A continuación, nos centraremos en detallar una de las prácticas ilícitas más habituales en este ámbito:

 

  • ¿Qué es una sociedad “Trucha”?

 

Se denominan así a las sociedades que, careciendo de patrimonio propio y de una estructura empresarial real, desarrollan una determinada actividad sin continuidad en el tiempo con un volumen de negocio elevado, cuyo fin último es el de cometer fraude a través de la no tributación del IVA.

 

Por tanto, de lo anterior puede extraerse que:

 

  • Se trata de sociedades ficticias.
  • Su existencia es temporal, creadas con la única finalidad de no declarar ni pagar el IVA.
  • Tanto sus socios como sus administradores son hombres de paja, normalmente sin recursos (insolventes).

 

Esta modalidad defraudadora emplea como medio comisivo la propia operativa del IVA, en cuya autorepercusión se esconde la verdadera razón del beneficio obtenido.

 

  • ¿Cómo funciona?

 

La mecánica delictiva se focaliza en el marco de las adquisiciones intracomunitarias de bienes, respecto de las cuales no se llega a soportar el IVA en el momento de la declaración.

 

Así, la clave del entramado radica en el hecho de que dada su existencia limitada y delictiva, cuando la administración tributaria efectúe las comprobaciones correspondientes al uso, la sociedad en cuestión ya habrá desaparecido.

 

A modo ilustrativo, nos encontramos ante la típica compra por parte de una sociedad “trucha de un determinado bien en un territorio cuyo sistema tributario nos ofrece, por influencia de las leyes comunitarias, el beneficio fiscal de la no obligación del pago del IVA (compra sin IVA).

 

A su vez, este bien se vende a otra empresa, -denominada “pantalla o intermediaria-, por cuya venta se devenga el correspondiente IVA. Venta con IVA que, sin embargo, no será ingresado a las arcas del Estado, consumándose así el fraude.

 

La cadena de operaciones puede continuar entre más empresas pantalla o, en otros casos, finalizar con la venta al consumidor final del bien inicial.

 

Destacar como extremo relevante que en la práctica suele ser frecuente que tales empresas pantalla pertenezcan al mismo grupo empresarial de la sociedad “trucha”, lo cual favorece de forma significativa la consumación efectiva de la práctica ilícita descrita.

 

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¿Que son los Paraísos Fiscales?

junio 20, 2016

En los últimos años, y especialmente tras la filtración informativa de documentos confidenciales conocida como los “Papeles de Panamá”, el término “Paraíso Fiscal” está de rabiosa actualidad.

 

La gran repercusión social de casos como éste y otros muchos -lista Falciani-, protagonizados por miembros de la clase política a todos los niveles y personalidades del mundo de las finanzas, del deporte y de la cultura, ha sido decisiva para desempolvar la –negativa- notoriedad de una práctica que se extiende ya desde principios de los años ‘80.

 

  • ¿Qué es un “Paraíso Fiscal”?

 

Reciben tal denominación aquellos territorios cuyo sistema tributario es especialmente favorable y permisivo a los ciudadanos no residentes, lo que se traduce, en líneas generales, en la exención del pago de tributos respecto del mantenimiento de cuentas bancarias o de la constitución de sociedades en su territorio.

 

  • Factores que determinan su naturaleza

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), establece cuatro factores relevantes a la hora de determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal, a saber:

 

  • Sistema de imposición ventajosa respecto a otros territorios.
  • Falta de transparencia. Los datos personales de propietarios y accionistas de empresas no figuran en los registros públicos, lo cual viene reforzado por el hecho de permitirse el empleo de representantes formales o “nominees”.
  • Estrictas normas de secreto bancario, que protegen los datos de los titulares de las cuentas.
  • Permitir a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país.
  • Normativa contraria al intercambio de información suficiente para evitar la evasión de impuestos.

 

  • Peculiar convivencia de dos sistemas tributarios distintos

 

Tal código de “buenas prácticas” en materia fiscal posee un limitado abanico de posibles destinatarios, dándose la paradoja de que quienes quedan fuera del mismo son precisamente los ciudadanos y empresas residentes en el propio país, obligados al pago de sus impuestos como en cualquier otro lugar del mundo.

 

Por contra, a los extranjeros se les concede el beneficio de la exención total, o al menos, de una reducción considerable de impuestos a pagar, con el único condicionante de no realizar negocios dentro del propio territorio considerado paraíso fiscal.

 

  • Tipología de los paraisos fiscales

 

De un modo general, la tipología existente en torno a la figura del paraíso fiscal se puede dividir en dos grandes grupos, según focalicen su actividad en ofrecer y prestar servicio a personas físicas (particulares), o por el contrario, se decanten por el servicio a personas jurídicas (constitución de sociedades) a través de la fiscalización empresarial.

 

Por otro lado, concurren a su vez jurisdicciones especializadas consideradas de índole elitista, dentro de las cuales se trata la gestión de grandes patrimonios o fortunas. Se concentran en el continente Europeo, aunque su existencia no constituye la tónica habitual dentro de esta práctica.

 

  • Conclusiones

 

De todo lo expuesto cabe extraer las siguientes conclusiones a efectos de poder aclarar el fundamento de esta práctica tan recurrida en los tiempos actuales:

 

  1. El fin último que impera en este tipo de políticas tributarias es atraer y captar capital extranjero con el objetivo de poder fortalecer la economía interna de territorios que, por norma general, cuentan con escasas posibilidades de prosperar económicamente a través de medios propios.

 

  1. A su vez, el elemento motivador de la conducta de los inversores extranjeros son las políticas tributarias instauradas en sus países de residencia, cuyo agresivo afán recaudador les empuja a recurrir a tales prácticas financieras.

 

A modo de ejemplo, en algunos países del continente europeo la cuota de ingresos a satisfacer puede llegar a representar hasta el 50% del total de los ingresos declarados.

 

  1. Esta industria financiera ha encontrado en la globalización y en el auge de las nuevas tecnologías un trampolín hacia su firme consolidación como una de las prácticas más habituales dentro de la cultura empresarial de las sociedades modernas, dada la facilidad que supone el poder constituir una sociedad o abrir una cuenta bancaria desde cualquier rincón del mundo.

 

Otra cosa será que dicha práctica acabe siendo realmente rentable si se tiene en cuenta el elemento fraude que normalmente esconde y el riesgo que ello comporta.

 

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Sociedades Offshore: definición, tipos y características.

mayo 11, 2016

Tras la filtración a los medios de comunicación de los denominados “Papeles de Panamá”, se ha destapado el sofisticado entramado financiero de redes de empresas opacas del que se han valido múltiples políticos y destacadas personalidades para ocultar su patrimonio en paraísos fiscales.

 

Para entender mejor las consecuencias legales y, sobre todo, para poder valorar adecuadamente el nivel de legalidad de tal proceder, daremos respuesta a continuación a las siguientes cuestiones clave:

 

  • ¿Qué es una sociedad “offshore?

 

La denominación “offshore” viene ligada a la decisión de fijar el domicilio legal de una empresa o sociedad en un país –habitualmente un paraíso fiscal- en el que no lleva a cabo ninguna actividad económica, ya que su actividad se desarrolla en otras partes del mundo.

 

  • ¿Cuáles son los tipos de sociedad “offshore?

 

En función de su mayor o menor ámbito de repercusión práctica, podemos distinguir:

 

IBC (International Business Company): El hecho de tener cabida, por norma general, en la gran mayoría de jurisdicciones “offshore”, hace de esta modalidad la más común dentro de este tipo de sociedades.

 

Desde un punto de vida jurídico, suelen actuar bajo la apariencia legal de sociedad de responsabilidad limitada o de sociedad anónima.

 

LLC (Limited Liability Company): Esta modalidad, por contra, sólo encuentra cobijo en determinadas jurisdicciones “offshore”, lo que hace que su utilización sea menos frecuente.

 

En cuanto a su apariencia legal, adopta forma de sociedad limitada fiscalmente transparente, lo que implica que los beneficios de la sociedad queden reflejados en las declaraciones de renta individual de los miembros de la misma.

  • ¿Qué las hace tan atractivas?

 

Todo este entramado financiero tiene su razón de ser en el hecho de que proporciona una regulación legal y fiscal plenamente satisfactoria para los intereses de sus responsables.

 

Por lo que respecta al ámbito fiscal,  el mismo constituye el núcleo principal del conjunto de beneficios reconocidos a dicha práctica. Así, este tipo de sociedades está exento del pago de tributos, entre otros:

 

  • + Impuesto sobre sociedades
  • + Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
  • + Impuesto sobre actividades económicas
  • + Impuesto de sucesiones
  • + Impuesto de transmisiones
  • + Impuesto sobre el patrimonio
  • + Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

 

Estas ventajas fiscales vienen acompañadas por otros beneficios complementarios que no hacen sino reforzar, aún más si cabe, la “buena” publicidad de este tipo de sociedades. Destaca lo siguiente:

  • + Una sociedad “offshore” puede ser constituida en un plazo máximo de 48 horas.
  • + Solo se precisa de una copia del pasaporte y un comprobante del domicilio para dar inicio a los trámites de constitución.
  • + Como norma general, el coste total de dicha actuación no sobrepasa los 1000 dólares, con una pequeña cuota de registro anual fijada en un máximo de 200 dólares.
  • + Los datos personales de accionistas y propietarios de las sociedades están sometidos a una política de estricta confidencialidad, por lo que no figuran en ningún registro público.
  • + Está permitido el uso de representantes como el nominee director (director fiduciario) o nominee shareholder (accionista fiduciario), y las bearer shares (acciones al portador).
  • + Ausencia de regulaciones financieras rígidas, lo cual favorece la libertad de inversión en todo tipo de negocios, valores o fondos de inversión.

 

 

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Recomendaciones GAFI en Blanqueo de Capitales

agosto 21, 2015

  Alex Garberí Mascaró

  José Alejandro Cuevas Sarmiento

 

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) fue instaurado en 1989 como un órgano interjurisdiccional conformado por los Ministros de los países miembros, con la intención de promover la implementación de medidas efectivas en la detección y lucha contra el blanqueo de capitales.

 

El GAFI se encarga de evaluar la situación en cada país miembro para verificar la efectividad de tales medidas, y ha publicado un listado con 40 recomendaciones a ser aplicadas en los países miembros.

 

GAFI Última Actualización

 

Estas recomendaciones, cuya última actualización data del año 2012, se enfocan en seis aspectos:

 

1 – Identificar los riesgos y desarrollar políticas y coordinación interna.

 

2 – Perseguir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

 

3 – Aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores específicos.

 

4 – Establecer facultades y responsabilidades para las autoridades competentes (de investigación, de cumplimiento y autoridad para supervisar) y otras medidas institucionales.

 

5 – Promover la transparencia y la disponibilidad de información legal de los beneficiarios de transacciones y acuerdos.

 

6 – Facilitar la cooperación internacional.

 

En base a estas recomendaciones, los países son sometidos a evaluaciones periódicas para verificar el estado de madurez en el que se encuentran sus mecanismos de prevención de Blanqueo de Capitales. En el caso de España, ha habido esfuerzos notables por implementar mejoras en lo material, y así lo ha hecho saber el GAFI tras su evaluación del 2014, en la cual se concluyó lo siguiente:

 

– Que España tiene normas y regulaciones actualizadas las cuales implementan los estándares del GAFI y cumplen mayoritariamente con la mayoría de sus Recomendaciones.

 

– Que España posee instituciones dedicadas a la prevención del lavado de dinero que actúan de manera efectiva (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y el SEPBLAC, como unidad de inteligencia financiera).

 

– Que España tiene un alto nivel de sus riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el cual está conformado por fuentes confiables de valoración de riesgos; y que su estrategia responde a los riesgos identificados.

 

– Que España ha demostrado éxitos significativos en la investigación y persecución del blanqueo de capitales. La estrategia de España está enfocada en detectar y desmantelar la estructura financiera de organizaciones criminales y de tráfico de droga. Las autoridades han demostrado su habilidad para trabajar en casos de gran magnitud y complejidad, y su habilidad para manejar los casos hasta alcanzar una convicción, mostrando un alto nivel de efectividad en las investigaciones.

 

No obstante lo anterior, existen aspectos que aún deben ser trabajados y que probablemente impliquen una mayor acción por parte del Estado para acatar las recomendaciones:

 

– La disuasión y proporcionalidad de las sanciones son una preocupación, aunque las multas son altas, las penas de prisión son bajas.

 

– Aunque las autoridades efectivamente detuvieron toda fuente de financiación y apoyo a ETA y sus redes, la implementación de sanciones financieras presenta deficiencias técnicas y prácticas, que ocasionan demoras y no han sido revisadas.

 

– Las políticas y la coordinación operacional para combatir el financiamiento de la proliferación de armas masivas es débil, como consecuencia de una falta de coordinación entre las autoridades de control de exportaciones y las autoridades encargadas de la prevención de blanqueo de capitales.

 

– Hay vacíos legales significativos en las obligaciones legales respecto a transferencias, que no incluyen la obligación de informar sobre el beneficiario, así como requisitos muy limitados respecto a las instituciones intermediarias.

 

– Los abogados no aplican adecuadamente las medidas preventivas requeridas, y tienen poca visión de los riesgos y obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales.

 

Esta situación ha hecho que la evaluación haya sido en términos generales positiva, pero con varios aspectos que deberán mejorarse y, consecuencialmente, generando cambios que impliquen una mayor supervisión y vigilancia en las actividades generadoras de riesgo, particularmente los sectores financiero, comercial, inmobiliario, jurídico, entre otros; y obligando a los operadores de estas áreas a adaptarse a esos nuevos mecanismos de control.

 

 

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3 Supuestos de Corrupción en los Negocios

julio 28, 2015

La corrupción en los negocios puede tener diversas formas. Si bien tradicionalmente se ha considerado corrupción como un delito que involucra a la función pública, desde el año 2010 el Código Penal incorpora una manifestación de este delito que puede presentarse entre personas jurídicas de índole privado. Originalmente denominada corrupción entre particulares, tras la reforma del Código Penal de 2015 ahora se llama corrupción en los negocios.

 

El artículo 286 bis del Código Penal contempla tres supuestos en que puede ocurrir la corrupción de los negocios, aunque bien podríamos hablar de dos supuestos generales y una consideración particular, para el caso de entidades deportivas.

 

  1. Corrupción Pasiva:

 

Ocurre cuando el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa recibe, solicita o acepta un beneficio, bien sea para él mismo o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales.

 

Este tipo de delitos puede presentarse regularmente en el área de contratación de una empresa, cuando no se tienen los controles adecuados. Si el responsable de seleccionar a los proveedores contrata un servicio tras haber recibido obsequios, descuentos, viajes o cualquier otro tipo de beneficios no justificados ni razonables en el ámbito de operaciones comerciales, puede estarse en presencia de un delito de esta categoría.

 

  1. Corrupción Activa:

 

Tiene lugar cuando una persona ofrece o concede a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa, un beneficio no justificado, bien sea para él mismo o para terceros, como contraprestación para resultar favorecido indebidamente en la adquisición, venta de mercancías o contratación de servicios.

 

Se trata de otra cara del prisma, pues regula el caso de la persona que ejecuta el pago a cambio de un beneficio indebido. Es importante tener en cuenta que el favor indebido no tiene que ser en su beneficio directamente, sino que puede ser para un tercero, evitando así que se utilice a personas interpuestas para ofrecer la contraprestación.

 

Está dentro de este supuesto todo aquel que ofrezca un obsequio o regalo no justificado ni razonable a la persona que selecciona a los proveedores de un servicio, con el objeto de influir en su decisión y como consecuencia resulte beneficiada la empresa que representa.

 

Cabe destacar que en este caso puede existir responsabilidad penal para la persona jurídica, si se demuestra que la dirección tenía conocimiento del ofrecimiento o si no ejecutó la debida vigilancia para prevenirlo

 

  1. Corrupción en Entidades Deportivas:

 

Se trata de un subtipo del mismo delito, dirigido exclusivamente al personal involucrado en los deportes, tanto entidades como los propios deportistas, árbitros o jueces, quienes podrán ser sancionados si se demuestra la alteración de manera deliberada y fraudulenta de los resultados de un encuentro o competición deportiva de especial relevancia.

 

Las multas en estos supuestos pueden ser cuantiosas, elevándose hasta el equivalente a cinco años de prisión o del triple al quíntuple del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener. Ello sin tener en cuenta el daño reputacional que sufre la marca por el mero hecho de verse involucrado en un procedimiento por este tipo de situaciones.

 

Si deseas más información o asesoría en materia de Compliance o Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, puedes consultar nuestra sección de Derecho Penal Económico o contactarnos a través de info@garberipenal.com.

 

Alex Garberí & José Alejandro Cuevas, equipo de  Garberí Penal.

 

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Consejos para Prevenir el Blanqueo de Capitales

julio 21, 2015

 Alex Garberí Mascaró

 José Alejandro Cuevas Sarmiento

 

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades en la actualidad, es el blanqueo de capitales. En la medida en que la delincuencia organizada logra introducir fondos obtenidos ilegalmente en el sistema financiero para dar apariencia de legalidad, se generan riesgos para multiplicidad de sujetos y empresas. La solución que han conseguido los entes reguladores a nivel mundial se resume en el establecimiento de controles preventivos, que dificulten el ingreso de esos fondos ilegales al sistema financiero y al mismo tiempo contribuyan a la detección de conductas ilícitas y su posterior investigación.

 

Este cambio progresivo de un sistema legislativo en donde quien no delinque no puede ser sancionado, a un esquema en donde quien no es suficientemente diligente en la prevención puede ser sancionado, ha obligado a las empresas a adaptarse y cambiar su manera de hacer –y documentar– sus negocios. En Espana, la Ley 10/2010 contempla una serie de obligaciones para las personas jurídicas en materia de prevención. Y aunque no todas las empresas deben cumplir con dicha norma (se establece un listado de sujetos obligados), sí existen unos principios básicos cuya aplicación no sólo contribuiría a la prevención del delito sino a la sana operación del negocio. A continuación 5 consejos prácticos para prevenir efectivamente el blanqueo de capitales:

 

  1. Mapeo de Posibles Riesgos:

 

Cada negocio tiene sus riesgos propios derivados de su actividad, dimensiones, zona de operación y transacciones realizadas, por lo tanto no existe una solución única ni un modelo único para detectar los posibles riesgos. Los ejecutivos a cargo del negocio deberán, en todo caso, considerar cada una de estas circunstancias, entender las vulnerabilidades y tomar las medidas de control necesarias para reforzar tales aspectos.

 

Por ejemplo las actividades comerciales y de servicios de consumo que no necesariamente se encuentren dentro de los sujetos obligados a cumplir con la Ley 10/2010, deberán mantener un estricto control de su relación de ingresos y gastos, así como mantener los sistemas que le permitan detectar anomalías o fluctuaciones extraordinarias sin causas aparentes.

 

  1. Diseño de un Código de Conducta y un Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales:

 

El Código de Conducta es uno de los elementos que toda persona jurídica debería tener, en función de lo previsto en el artículo 31 bis del Código Penal recién reformado. Más allá de ser un catálogo de los valores y principios del negocio, debe tener una aplicación práctica y denotar el compromiso de la empresa con la prevención del blanqueo de capitales y, en general, de cualquier práctica delictiva o incluso que pudiese ser percibida como tal por terceros.

El Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales es una obligación para los sujetos contemplados en el artículo 2 de la Ley 10/2010 que a su vez cumplan con las características exigidas por el Reglamento de dicha Ley en cuanto a su tamaño y cifra de negocios; sin embargo, es recomendable que toda empresa que detecte riesgos, aún no obligada por Ley, implemente un Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales en donde describa sus funciones de control interno y las actividades que se llevarán a cabo para mitigar los riesgos.

 

  1. Designación de función de Supervisión, Vigilancia y Prevención.

 

Como todo sistema de gestión, debe existir una persona a cargo de la supervisión, vigilancia y prevención del blanqueo de capitales. Las características de esta función dependerán de si es un sujeto obligado según la Ley 10/2010 y su Reglamento. En caso de no serlo, estas funciones pueden estar asignadas al personal o directivo designado por la empresa, siendo siempre recomendable que se trate de una persona que goce de independencia de criterio y esté dotado de ciertos recursos para investigar e implementar medidas.

 

  1. Due Dilligence para Clientes y Contratistas.

 

Para muchas empresas, sobre todo aquellas no sujetas a las obligaciones previstas en la Ley, el riesgo puede derivar no sólo de su actividad de negocio, sino de la de sus clientes o incluso contratistas. Antes de entablar una relación comercial, la empresa debe investigar suficientemente a la parte con quien está negociando, a través de un Due Dilligence para determinar quién es la empresa, si es lo suficientemente solvente como para cumplir con sus obligaciones, y que las transacciones tengan un sentido lógico aparente.

 

  1. Comunicación Eficiente y Formación.

 

Para engranar un verdadero sistema de prevención de blanqueo de capitales y que sea eficiente, deben conjugarse los elementos anteriores y una comunicación a dos vías eficiente. La empresa tiene que comunicar las medidas a su personal, quien tiene que conocerlas e insertarlas en sus procesos; a la vez que éstos deberán informar a la empresa sobre cualquier situación de riesgo que detecten. Esto se logra a través de formaciones por un lado, y garantizando que serán escuchados los trabajadores que realicen cualquier denuncia, sin que se vaya a tomar alguna represalia contra él.

 

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Claves sobre la Reforma del Código Penal

junio 29, 2015

  Alex Garberí Mascaró

  José Alejandro Cuevas Sarmiento

El próximo 1 de julio entra en vigor la reforma del Código Penal aprobada mediante Ley 01/2015, de 31 de marzo de 2015. Desde Visto para Sentencia advertíamos los cambios aprobados por el Congreso, que en su mayoría han sido aprobados también por el Senado tla como estaban previstos. A continuación algunas de las claves que deben tenerse en cuenta sobre el marco legal que empezará a aplicarse a partir de mañana:

 

1 – Modificación del Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas:

 

Se establecen los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas a fin de no incurrir en responsabilidad penal en los casos en que se presente un delito en su seno, bien sea cometido por sus representantes o aquellos bajo la supervisión y vigilancia de éstos.

Se exige, entre las condiciones, que se implementen sistemas de gestión eficaces y adecuados dirigidos a la prevención de delitos.

 

2 – Prisión permanente revisable:

 

Se establece esta figura para aquellos delitos graves  tales como homicidios agravados o múltiples, regicidio, magnicidio, genocidio o crímenes de lesa humanidad, y consiste en penas no menores a 25 años en la cual pudiera otorgarse la libertad de cumplirse con ciertas condiciones o, lo que es lo mismo, persistiendo la posibilidad de seguir cumpliendo la pena de privación de libertad si no se cumplen.

 

3 – Sustitución de las Faltas por Delitos Leves:

 

Se suprimen las faltas y en su lugar entrará un régimen de delitos leves, muy similar al del su predecesor y que se encuentra regulado en el Libro VI de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ahora denominado “Procedimiento de Faltas Leves”.

 

4 – Reforzados los tipos delictivos relacionados con la corrupción:

 

Varios supuestos de hecho han sido modificados de manera que existe ahora un marco legislativo más estricto en materia de lucha contra la corrupción, entre ellos destacan:

  • Corrupción en los Negocios:Anteriormente corrupción entre particulares. Se precisan los supuestos de corrupción activa (quien ofrece), corrupción pasiva (quien recibe), y quien soborne a una autoridad en nombre de un tercero.
  • Financiación Ilegal de Partidos Políticos:Se incluye un nuevo tipo delictivo para sancionar este tipo de conductas.
  • Cohecho:Se incrementan las penas de inhabilitación.
  • Cohecho y Soborno de Funcionarios Extranjeros:Se precisan los supuestos y se equiparan el cohecho con funcionarios europeos al caso de funcionarios de otros países.

 

5 – Modificación en los delitos societarios y patrimoniales:

 

El nuevo delito de administración desleal se sustrae a su ubicación exclusiva entre los delitos societarios para erigirse como conducta general aplicable a supuestos de exceso en las atribuciones de la persona, entre los delitos patrimoniales, mientras que la apropiación indebida ahora sanciona la custodia indebida.

 

6 – Insolvencias Punibles y Frustración de la Ejecución:

 

Se incluye un nuevo capítulo dirigido a tratar profusamente la frustración de la ejecución, distinguiéndola de la insolvencia punible.

 

7- Reforzado el Régimen de Propiedad Intelectual:

 

Se incrementan las penas por la comisión de este tipo de delitos (en el caso de plagio hasta cuatro años) y se extienden los supuestos a fin de abarcar las conductas relacionadas con la explotación económica de las obras protegidas sin autorización de los titulares por el ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto.

 

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