Corrupción: causas y consecuencias sociales

agosto 17, 2016

Por: Marina Guillén.

La corrupción supone un grave obstáculo para avanzar en la consolidación de los sistemas democráticos, amenaza la estabilidad política y produce una pérdida de credibilidad en el gobierno y en las instituciones públicas.

Además, dificulta el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos pues acentúa las desigualdades sociales al imposibilitar la disponibilidad y gestión eficiente de los recursos de los que un país dispone.

La corrupción ha existido siempre en mayor o menor medida y de manera casi unida al desarrollo socio-político y económico de los estados, cuyas características y circunstancias pueden incidir en las causas que la propician.

En términos generales, pueden distinguirse cinco grandes factores que generan o contribuyen a perpetuar la corrupción.

1. Las sociedades ven la corrupción como parte de su cultura.

Tradicionalmente, y en algunas sociedades más que en otras, se ha venido concibiendo que la ejecución de ciertas conductas o comportamientos que hoy en día son considerados manifestaciones de una sociedad corrupta (recurrir a “contactos” para asegurar un contrato, realizar pagos de facilitación, dar obsequios tras la aprobación de un permiso), son normales e incluso positivas para el avance y desarrollo de la economía.

En muchos países la corrupción se asume como parte de la vida diaria y del desarrollo normal de las instituciones y empresas, produciéndose una amplia tolerancia social hacia una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que consideran que “la ley no cuenta para ellos”; creencia, que termina formando parte de la cultura de un país u organización en la que se resta importancia al fenómeno.

2. Impunidad o falta de legislación anticorrupción adecuada.

La impunidad es una de las principales y más claras causas de corrupción. Aunque en la mayoría de los países del mundo se castiga la corrupción, especialmente después de la proliferación de tratados internacionales y del avance en la concienciación política y social de la necesidad de combatirla, existen aún ordenamientos en los que o no se castiga, o no persigue activamente.

Que el ordenamiento jurídico de un estado no castigue severamente estas conductas genera una sensación de impunidad y de favorecimiento de la cultura del “todo vale”, que favorece sin duda la proliferación más importante de corrupción para un país. Que no se elimine o limite la concesión de indultos y la existencia de aforamientos en casos de corrupción, refuerza también en cierto modo esa sensación de impunidad generalizada que se produce cuando el sistema político y legal no castiga esas conductas de manera contundente.

Así mismo, la falta de revisión y actualización periódica de la legislación anticorrupción para adaptarse a nuevas exigencias y formas de corrupción, así como la falta de dotación de suficientes medios a los órganos encargados de la lucha contra la corrupción favorece que aparezcan estas prácticas.

3. Desigualdad.

La corrupción es prácticamente generalizada en muchos países en vías de desarrollo, y surge principalmente cuando la riqueza se encuentra desigualmente repartida y el poder se encuentra muy centralizado. La desigualdad social contribuye a la creciente pobreza y al aumento de la corrupción.

En casos en que los funcionarios públicos viven en el umbral de la pobreza y no reciben una remuneración suficiente, la opción de obtener sobornos les proporciona ingresos incluso superiores a sus propios salarios. En el sector privado, las empresas también recurren a estas prácticas ante la falta de controles y al ser el mecanismo imperante para poder acceder a estos mercados, ante la pasividad de los gobiernos que se muestran tolerantes con esas prácticas y carecen de políticas y legislación que las castigue.

4. Mal funcionamiento de las instituciones públicas.

En estrecha relación con lo anterior, la burocracia lenta e innecesaria, los procedimientos administrativos demasiado complejos, la falta de leyes de transparencia, así como el –en ocasiones- excesivo poder de discrecionalidad de los funcionarios públicos sin órganos supervisores de su actuación, favorece la aparición de múltiples signos de corrupción.

La ineficiencia de las administraciones públicas (o su colonización política) resulta una de las mayores causas de corrupción. Organismos públicos en los que los procedimientos de adjudicación y gestión de recursos públicos se producen de forma totalmente arbitraria, y que se produzcan contrataciones de personal sin la realización de pruebas selectivas adecuadas para asegurar la ética e imparcialidad de aquéllos en quienes va a recaer, precisamente, la gestión de importantes recursos económicos, son signos evidentes de un grave quebranto al interés general y posibilitan en mayor medida la corrupción en los entes públicos.

5. Falta de valores éticos.

Resulta dudoso que posea fuertes valores éticos quien es capaz de cometer una conducta social y legalmente tan reprochable. Cuando existe sólida educación y valores éticos y morales sobre los efectos negativos de la corrupción y la necesidad de mantener una actitud de rechazo hacia ésta, es más difícil que surjan estos comportamientos en los individuos. Aunque existan leyes que la castigan, la necesidad de que las personas adopten una postura clara en contra de la corrupción y por pleno convencimiento es fundamental.

Marina Guillen es Abogada Penalista y  Experta en Compliance y Anticorrupción en Garberí Penal.

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1° Debate sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos.

junio 16, 2016

1er. Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos.

 

Nos complace informar que nuestro Socio Director Alex Garberí participará en el 1er. Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos, junto a Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, Ilmo. Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid; y los compañeros Nestor Aparicio de Garrido Abogados, y Gertrudis Alarcón, CEO de GAT Intelligence y Presidenta de la ACFE España, bajo la moderación de Ricardo Agud, de CGA Abogados. El encuentro se llevará a cabo el 30 de junio en el Hotel NH Prícipe de Vergara, en Madrid.

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