Buenas prácticas de Compliance en el ámbito del Marketing Digital

noviembre 13, 2018

José Alejandro Cuevas Sarmiento & Gabriela Granja Aroca

 

La estrategia digital de una organización suele estar conformada por la gestión de un ecosistema que combina, entre otros, las siguientes acciones:

  • Gestión de las redes sociales de la organización para la difusión de mensajes de la marca.
  • Campañas de Mailing para envío de información de interés a la comunidad digital.
  • Campañas de anuncios publicitarios en la red de display y campañas de social ads para generar visibilidad sobre productos o servicios.
  • Posicionamiento Orgánico (SEO) y generación de contenido de valor para estimular el interés en tópicos que llaman la atención al público y potenciales clientes.
  • Promociones para fidelizar a clientes actuales o atraer a potenciales clientes.

Todas esas acciones contribuyen a dirigir tráfico orgánico o de pago a una landing page o página web corporativa o ecommerce que generará nuevos leads, que se conviertan en clientes que luego vamos a fidelizar a través de esos mismos canales. Es un proceso que se repite y que se representa en un gráfico de funnel o embudo que abarca, según la clasificación, una fase de awareness o visibilidad; una fase de consideración; una de preferencia y compra; una de fidelización y una de advocacy o recomendación.

Ahora bien, dentro de la gestión de este embudo existen distintos tipos de riesgos legales y reputacionales que pueden afectar a toda la organización, y así como el especialista en marketing debe conocer en qué redes sociales debe participar para alcanzar los objetivos del plan de marketing digital, también es necesario que comprenda los riesgos que usualmente pueden ir asociados a cada etapa. Desde el punto de vista de la función de Compliance, también es necesario conocer el propósito de cada acción y qué rol juega dentro de la estrategia de marketing digital, para así poder establecer los controles necesarios de manera precisa y suficiente.

1. Awareness

En esta fase la marca está haciendo llegar su mensaje a través de canales de difusión masiva a sus clientes, en espera de levantar un interés en sus productos o servicios. Es el momento en que la marca da a conocer su propuesta de valor y busca un mensaje que impacte y genere recordación a sus clientes. Para ello suele recurrirse a publicidad online o Redes Sociales.

El objetivo de las marcas en esta fase es captar la atención de potenciales clientes, y se conjugan dos elementos que constituyen un dolor de cabeza para todo profesional del marketing digital:

  • Incremento masivo del volumen de información disponible en Internet.
  • Disminución del nivel de atención de los usuarios en los entornos digitales.

Esta situación deja un espacio muy pequeño al cual apuntan todas las marcas que desean captar nuestra atención y para ello pueden recurrir a promesas, contenidos o tácticas de alto riesgo:

Un ejemplo de esta situación fue la que vivió Cartoon Network en 2007, cuando utilizó un dispositivo led como parte de una campaña de marketing de guerrilla, que terminó siendo confundido con un artefacto explosivo, y que hizo movilizar a las autoridades para “desactivarlo”.

En 2007, se generó un caos en la ciudad de Boston por esta imagen LED. Foto de AP / Todd Vanderlin

 

Si bien la campaña logró el tan deseado efecto de viralización por la reacción de las autoridades -hoy evidente, pero en aquel momento no tanto-, Turner Broadcasting, matriz del grupo del cual forma parte Cartoon Network, debió desembolsar 2 millones de dólares en compensación a la ciudad de Boston por los gastos. Además, la situación provocó la renuncia del gerente general y vicepresidente ejecutivo de la filial.

Pero no todos los ejemplos deben ser tal alarmantes para generar un riesgo importante a la organización: Tan sólo el hecho de realizar afirmaciones que resulten confusas o puedan ser consideradas engañosas por los usuarios respecto de los atributos del producto, pueden afectar a la marca y dinamitar su intento de generar reacciones positivas.

2. Consideración

En esta etapa la marca se aproxima a sus usuarios y busca construir una relación más cercana, para conocerle mejor y hacerle llegar propuestas más personalizadas.

La marca ya no se preocupa tanto por captar la atención de su potencial cliente sino de conocerlo mejor, por lo cual los riesgos van más asociados a la forma en que nuestros departamentos de marketing analizan el comportamiento de los usuarios, cómo captan la información y qué hacen con ella después.

El uso de formularios para captar leads, cookies, píxeles y otras tecnologías similares para monitorizar la conducta de los usuarios mientras navegan una página web, permiten a las organizaciones conocer qué ítems le han generado interés al usuario o cuánto tiempo ha pasado leyendo sobre tal servicio, lo cual es una data muy valiosa para cualquier organización, pues puede utilizar esa información para luego enviarle publicidad específicamente a ese usuario sobre el contenido que le interesa.

El mayor riesgo en esta área es la protección de datos personales, pues esa trazabilidad de información personal si bien está permitida, debe ser consentida por los clientes, y es una de las áreas en donde el Reglamento General de Protección de Datos que entró en vigor el pasado 23 de mayo de 2018 ha hecho mayor énfasis. Instalar cookies o píxeles en el ordenador de un usuario sin su consentimiento previo, puede acarrear severas sanciones a las organizaciones.

Otro riesgo importante en el mismo ámbito viene de la gestión de esa información. La compraventa de bases de datos, o la cesión de información a terceros para el envío de información comercial sin la previa autorización del cliente, puede constituir una infracción al RGPD o incluso delito según el caso y la jurisdicción en que se materialice la conducta.

Este es precisamente el problema que se ha suscitado en el caso de Facebook y Cambridge Analytica, en el cual se acusa a la primera de haber permitido -o no haber puesto diligencia suficiente para evitar a la segunda-, el acceso a datos de usuarios, que posteriormente fueron presuntamente utilizados para el envío de mensajes publicitarios y propaganda de corte político.

El escándalo de Cambridge Analytica y Facebook por el uso de información ha generado preocupación en Estados Unidos y Europa. Imagen tomada de Shop Catalog.

Por lo tanto, si en fase de awareness hay que cuidar el mensaje y las tácticas, en la consideración hay que atender cuidadosamente a la gestión de la información y el consentimiento del usuario.

 

3. Preferencia y Compra

En esta fase se habla también de la conversión, y es el momento en el cual el potencial cliente cierra la transacción y se convierte en cliente. Aquí podemos distinguir entre dos supuestos: Si se trata de un e-commerce o de un negocio tradicional que tiene un canal digital.

En el primer caso, es posible que los usuarios ni siquiera conozcan a quién está detrás de la web a la cual están comprando. En el segundo caso, conlleva la desvirtualización de la relación digital y su transformación en una relación contractual ordinaria. Aunque en ambos escenarios es posible, en el primer caso se crea un terreno fértil para los supuestos de estafa y los ilícitos relacionados con los medios de pago.

Respecto a las estafas, es sumamente importante tener en cuenta las expectativas que se generan en el usuario con la oferta previa a la compra. Si lo que se ofrece es radicalmente distinto a lo que se entrega, la marca se estará exponiendo a cantidad de reclamos de usuarios descontentos, y en casos extremos podrá recibir demandas por delito de estafa, que conllevan responsabilidad penal y civil. Por ello los mensajes siempre deben ser coherentes, razonados y no generar falsas expectativas sobre la calidad o prestaciones de los productos o servicios.

En cuanto a los medios de pago, deben vigilarse especialmente dos conductas:

  1. Los usuarios deben estar claramente informados del precio real de los productos o servicios que están adquiriendo, no debiendo incluirse conceptos ocultos en la “letra pequeña” de las condiciones.
  2. La información de cuentas y/o tarjetas suministrada por los usuarios y el historial de compra constituyen información sensible que debe estar encriptada y debidamente resguardada para evitar ataques de terceros. Hoy en día este es uno de los riesgos de seguridad informática más grandes que existen. Uno de los escándalos más grandes en este sentido fue el que sufrió Ashley Madison en 2015.

4. Fidelización

Los riesgos no terminan al cerrarse la compra, pues las marcas que emprenden estrategias para fidelizar a sus clientes también deben gestionar los riesgos que se derivan de estas actividades.

Cada vez es más frecuente ver que se utilicen las Redes Sociales para lanzar promociones de productos, sorteos y obsequios. En algunos países, la materia está legislada y se debe cumplir ciertas formalidades, mientras que en otros existen mayores libertades en la campaña, sin que ello exima del riesgo a las organizaciones.

Recientemente, una franquicia de Domino’s Pizza en Rusia inició una campaña ofreciendo 100 pizzas gratis por 100 años a todo el que se hiciera un tatuaje del logo de Domino’s Pizza. La promoción, que estaba prevista durase dos meses, duró apenas pocos días, porque más de 300 personas se tatuaron para reclamar el codiciado premio. La marca tuvo que retirar la promoción para controlar los daños.

Esto evidentemente pone a las marcas en un compromiso, pues debe cumplir con la promesa que está realizando, so pena de realizar conductas que vulneren los derechos de sus consumidores que repercuta en su reputación y en una eventual responsabilidad civil.

5. Advocacy

La última etapa del funnel de marketing digital busca que los clientes se conviertan en promotores activos de la marca y la recomienden a terceros. Aunque en algunos casos eso ocurre de forma orgánica y sin que la marca pague nada a cambio, hoy en día es común ver a influencers de Redes Sociales, que acumulan miles o millones de seguidores y están más que felices de promocionar a las marcas que más le gustan a cambio de una contraprestación. Esos influencers que cobran por promuever una marca, se convierten en sus socios de negocio.

Como tal, los socios de negocio pueden afectar no sólo la reputación de la marca (como puede haber pasado en el caso de Colin Kaepernick con Nike), sino también generarle responsabilidades legales como cualquier otro proveedor que presta un servicio o se convierte en imagen de la marca.

En el caso de los influencers de Redes Sociales, hay que tener en cuenta además que el control de la marca sobre el mensaje o  cómo se transmite suele ser poco, lo cual potencial el riesgo; excepto que exista un contrato escrito y lo suficientemente específico.

Conviene recordar el caso de Oprah Winfrey en 2012, cuando decidió recomendar a sus seguidores de Twitter la tableta Surface de Microsoft como parte de un acuerdo publicitario; recomendación que publicó desde su iPad.

 

Oprah recomienda la tableta Microsoft Surface… Desde su iPad. Tomado de TechCrunch.

 

Riesgos trasversales de Compliance en el embudo de Marketing Digital

Hay ciertas conductas que resultan transversales a todo el embudo de Marketing Digital, y que habría que vigilar en todo momento:

 

  • Uso de imágenes de terceros: Las imágenes, logotipos y fotografías están protegidos por derechos de autor y salvo que así lo haya autorizado el autor, sólo pueden ser utilizados con fines comerciales bajo su autorización expresa. Incluso en los casos en que hay cesión de derechos, siempre debe reconocerse la autoría de la obra. Al publicar contenido en blogs o Redes Sociales se debe respetar siempre este derecho y abstenerse de tomar imágenes cuya difusión y distribución no esté expresamente autorizada.

 

  • Publicación de textos de terceros: Ocurre lo mismo que con las imágenes, y por tanto antes de utilizar textos de terceros en blogs o publicaciones de Redes Sociales, debe solicitarse autorización, suscribirse un contrato, o como mínimo citar a la fuente. Conductas como tomar un artículo de otro blog y reproducir fragmentos o el texto íntegramente sin mencionar la fuente, puede ser considerado plagio y tener severas implicaciones legales.

 

  • Uso de herramientas informáticas que requieran compra de licencia: El seguimiento del viaje del cliente suele realizarse a través de varias herramientas informáticas: CRM, herramientas para la medición de datos y analíticas, aplicaciones de envío de correo masivo, e incluso las aplicaciones para el diseño de los artes que se utilizan. Las marcas deben contar con las licencias correspondientes para el uso de cada una de esas herramientas, pues no hacerlo conlleva riesgos penales, civiles y reputacionales.

 

  • Compra de Bases de Datos: Además de ser una práctica poco eficaz desde el punto de vista de negocio, la compra de bases de datos de contactos conlleva riesgos legales respecto del origen y la manera en que se obtuvo la información. Si el que captó los datos no solicitó la autorización del usuario para cederlos, esos datos no pueden ser cedidos y por tanto el comprador de la base de datos no podrá utilizarlos.

 

Buenas prácticas de Compliance en el Marketing Digital

Los riesgos en el ámbito del Marketing Digital usualmente conllevarán un impacto importante que puede traducirse en una crisis reputacional, demandas o reclamos, o en multas por infracciones. El sentido del marketing es capturar la atención del público para generar posibles clientes, y si esta acción se ejerce de manera errónea, descuidada o incluso si se actúa de manera correcta pero pero el público no lo percibe así, la marca, su reputación y su responsabilidad quedan expuestas.

Y esto es algo que debe gestionarse y evitarse, dado que hoy más que nunca los usuarios exigen y esperan un alto estándar por parte de sus marcas favoritas.

A continuación, algunas buenas prácticas para que las marcas eviten riesgos legales, en función de la estrategia que adopten y la fase del embudo de marketing que estén trabajando:

Compliance en el Funnel de Marketing Digital

Infografía elaborada por Gabriela Granja para Garberí Penal.

 

En resumen, el área de marketing debe identificar los riesgos legales y reputacionales que se derivan de cada fase de su actividad y adoptar buenas prácticas para su prevención. Somos conscientes de que la promoción en ocasiones debe ser arriesgada y agresiva para capturar el interés de posibles clientes y así mejorar las ventas, pero eso no implica que deba asumirse conductas que puedan generar consecuencias inesperadas e impactar negativamente la reputación o las arcas de la organización en forma de demandas, reclamos judiciales, multas o sanciones.

En Garberí Penal, asesoramos a las organizaciones en la prevención de riesgos penales en toda su organización. Contamos con un equipo especializado para evaluar los riesgos en el ámbito del marketing digital, analizando su estrategia, sus tácticas y estableciendo un plan de acción eficaz. Contáctanos para más información.

El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las Hipotecas

octubre 29, 2018

La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2.018, Sala de lo Contencioso, Sección Segunda.

En efecto, esta nueva sentencia fija en el primer apartado de su parte dispositiva los criterios interpretativos al respecto contenidos en el fundamento jurídico sexto de la misma, es decir, que “el sujeto pasivo en el impuesto sobre actos jurídicos documentos cuando el documento sujeto es una escritura pública préstamo con garantía hipotecaria es el acreedor hipotecario, no el prestatario”.

Recalca el Alto Tribunal, en el mismo fundamento jurídico sexto, que ello “supone acoger un criterio contrario al sostenido por la jurisprudencia de esta Sala hasta la fecha”.

La citada sentencia, que junto con otras dos en el mismo sentido dictadas por la misma Sala del Alto Tribunal los días 22 y 23 de octubre de 2.018 sientan jurisprudencia, produce efectos tanto en el ámbito tributario como en el civil:

1.- En el ámbito tributario, el sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados es el prestamista, es decir, la entidad bancaria y no el particular.

2.- En el ámbito civil, los pactos contenidos en una escritura pública de préstamo que trasladen el pago del impuesto al consumidor deben considerarse abusivos y, por tanto, nulos.

Este doble ámbito abre para los consumidores dos posibles vías de reclamación para que les sea reintegrado el importe del impuesto que en su día abonaron:

1.- En el ámbito tributario, dado el régimen de autoliquidación del impuesto, podrán instar la rectificación de la autoliquidación y la devolución de los ingresos indebidos, sin necesidad de dirigirse a la entidad bancaria con la que en su día contrataron. Sin embargo, ello no será posible en los dos siguientes casos:

▪ Cuando el derecho a la rectificación y a devolución haya prescrito (normalmente cuatro años desde la fecha de la autoliquidación).

▪ Cuando la liquidación sea firme en vía administrativa o contenciosa. Es el caso de las liquidaciones complementarias consentidas y no impugnadas.

2.- En el ámbito civil, podrán reclamar a la entidad bancaria la devolución de las cantidades pagadas en concepto de impuesto instando la nulidad por abusiva de la cláusula que les traslada el pago de dicho impuesto, si bien esta vía podría presentar, en principio, cierta incertidumbre por los siguientes motivos:

▪ Sin perjuicio de otras causas de oposición, el primer motivo que alegará en contra la entidad bancaria es su falta de legitimación pasiva, con el argumento de que la Hacienda Pública es la única que puede establecer compensaciones de deudas tributarias, sin perjuicio de que sea posteriormente la Hacienda Pública quien gire de nuevo el impuesto contra la entidad bancaria. Este argumento carece a muestro juicio de validez por cuanto, en definitiva, lo que ha hecho el consumidor al abonar el impuesto es un pago por cuenta de un tercero, es decir, por cuenta de la entidad bancaria, lo que le legitima para reclamar a la misma.

▪ Sin ningún género de dudas la entidad bancaria alegará también en su defensa la caducidad y la prescripción de la acción. No olvidemos que en esta vía lo que el consumidor instará es la nulidad de pleno de derecho de la cláusula abusiva que le traslada el pago del impuesto, y de acuerdo con la ortodoxia doctrinal y jurisprudencial sobre la nulidad de pleno derecho, expresada en numerosa jurisprudencia, lo que es nulo no puede por el transcurso del tiempo sanarse (quod ad initium vitiosum est non potest tractu temporis convalescere) y, en consecuencia, la acción de nulidad de las cláusulas abusivas es imprescriptible, como tiene señalado el Tribunal Supremo.

▪ La cuestión que más controversia suscitará es, sin lugar a duda, la retroactividad de la sentencia, por lo que tal vez haya que esperar futuros pronunciamientos tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cláusulas abusivas, que acabaron reconociendo la retroactividad inicialmente negada por el Tribunal Supremo en materia de cláusulas suelo (STJUE de 21/12/2016 y STS de 24/2/2017).

Y decimos que la retroactividad de la sentencia puede ser motivo de controversia porque el día 19 de octubre de 2.018 el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo convocaba a todos los magistrados de la Sala con el fin de decidir si el giro jurisprudencial debía ser confirmado o no.

No cabe la menor duda de que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 16 de octubre de 2.018 es firme, sin que pueda ser revisada por el Pleno, pero lo que sí puede hacer el Pleno es establecer las condiciones de su cumplimiento y, entre dichas condiciones, establecer a partir de cuándo debe cumplirse.

Habrá que esperar, por tanto, al día 5 de noviembre de 2.018, fecha en la que se reúne el Pleno de la Sala.

Claves para el crecimiento empresarial sostenible y responsable.

octubre 22, 2018

 

Reserva tu plaza gratuita.

 

Las organizaciones hoy en día se enfrentan a un serie de retos para mantener la sostenibilidad de su negocio en el tiempo. La incertidumbre financiera, la rotación del personal, los cambios de perspectivas macroeconómicas y el creciente incremento de regulaciones hace que los empresarios tengan que atender distintos focos de riesgo para su negocio.

Por ello, para maximizar el rendimiento económico ya no basta con tener una buena idea y un mercado que demande el producto o servicio que ofrecemos, sino que es clave la gestión efectiva.

En este taller gratuito, dirigido a pequeñas y medianas empresas, os comentaremos los aspectos más relevantes a nivel económico, legal y reputacional, para que podáis gestionar negocios que perduren en el tiempo y puedan sortear los retos y dificultades de manera efectiva.

Expertos:

  • Elisabet Bach Oller: Consultora económica y financiera con más de 10 años de experiencia en asesoría a pymes, micropymes, autónomos y emprendedores para la creación, crecimiento y consolidación de empresas.
  • Àlex Garberí Mascaró: Abogado penalista y experto en Compliance con más de 20 de experiencia en Derecho Penal y Derecho penal Económico.
  • José Alejandro Cuevas: Legal y Compliance Project Manager. Abogado internacional con más de 10 años de experiencia en Derecho y Compliance.

Horario:

  • Miércoles, 21 de noviembre de 2018.
  • 18:00 – 20:00

Lugar:

  • Travessera de Dalt, 33 (Escaleras jardínes).
  • 08024, Barcelona.

Agenda:

  • Bienvenida.
  • Crecimiento del negocio a través de una gestión responsable (Elisabet Bach Oller).
  • ¿Cómo identificar los riesgos legales de la empresa? (Àlex Garberí Penal).
  • ¿Cuánto vale mi reputación? (José Alejandro Cuevas).
  • Networking.

Requerimos la confirmación de tu asistencia en este enlace.

 

Cree en las marcas que actúan de forma coherente

octubre 2, 2018

La nueva campaña de Nike, con el futbolista Colin Kaepernick como imagen, ha causado controversia en Estados Unidos. Un efecto que ya estaba previsto por la empresa y es seguro asumir que se trata de una acción totalmente premeditada por parte de los creativos que idearon la campaña.

La campaña combina la imagen del futbolista con el mensaje “Cree en algo. Incluso si implica sacrificarlo todo”. Ha generado reacciones encontradas, dividiendo al público y planteando debates sobre si está bien o no que una marca haga activismo. ¿Se está aprovechando Nike de la coyuntura para capitalizar? ¿Es correcto presumir de un ideal cuando hay un trasfondo económico para la marca?

Antes de entrar en eso, hablemos de los efectos causados por la campaña a los diez días de su lanzamiento:

  • Donald Trump, quien ya había criticado previamente a Kaepernick y al resto de los atletas de NFL que decidieron arrodillarse durante el himno, atacó a Nike en su cuenta de Twitter.

Este artículo se encuentra originalmente publicado en blog sobre Ética Corporativa de José Alejandro Cuevas Sarmiento. Continúa la lectura en este enlace.

El Data Protection Officer y el Compliance Officer: Los “Avengers” del cumplimiento normativo.

julio 9, 2018

 

Flickr

En el año 2008, Marvel ha iniciado el desarrollo de un proyecto denominado “Marvel Cinematic Universe” (MCU), con el cual pretendían crear -como en efecto hicieron- una serie de películas con personajes de comics, cada uno protagonista de su propia película, en un mismo universo en donde las tramas entrelazadas se cruzarían periódicamente para generar las épicas películas de The Avengers, con la participación de todos los héroes.

Pues bien, el cumplimiento normativo de las organizaciones vive su propio universo, en donde los héroes no llevan capa, pero cumplen una imperiosa labor para proteger los intereses tangibles e intangibles de la empresa: El cumplimiento normativo.

Y aunque en muchas ocasiones estos garantes del cumplimiento normativo comparten una visión, cada uno tiene su particularidad y especialidad que les permite actuar de manera complementaria. Dos de los grandes protagonistas del cumplimiento normativo son el Data Protection Officer y el Compliance Officer.

1. El Compliance Officer.

No son pocas las veces en que en alguna charla termino comparando al Compliance Officer con el Capitán América. Ambos se distinguen por su profundo interés en preservar la integridad. El primero de la organización, siendo el defensor por excelencia de las buenas prácticas organizacionales, mientras que el segundo es el defensor de la ciudadanía y de los valores de la sociedad.

En otras ocasiones hemos tratado cuáles son las funciones y el rol en el organigrama del Compliance Officer; sin embargo, como todo miembro de un equipo, tiene una misión y unas características que hacen que su perfil sea único, y es esta uniqueness lo que queremos destacar en este artículo. Estos son algunos de los atributos del Compliance Officer:

  • Aportar visión integral al negocio:

El Compliance Officer no es un especialista, sino un generalista. Su experiencia y su conocimiento de las buenas prácticas, así como del negocio y la organización, le permiten detectar situaciones de riesgo antes de que lleguen a un punto crítico. También es quien vela porque se implementen las acciones y controles en el momento oportuno y en las áreas más sensibles, valiéndose de esa visión amplia que tiene de la realidad organizacional.

Cuando la organización apunta a una estrategia demasiado arriesgada o agresiva en una de sus áreas de negocio, el Compliance Officer tendrá que contar con un sensor (o “sentido arácnido”, cuando sea posible) que le permita atajar el problema y plantear la necesaria discusión con la alta dirección, y proponer las medidas para evitar que se materialice una conducta indebida.

  • Tener habilidades humanas y jurídicas:

También se espera que el Compliance Officer aporte un buen balance en sus habilidades, combinando la empatía y el don de gentes con el conocimiento jurídico.

Es clave esa capacidad de empatizar con el entorno y transmitir los mensajes de “por qué debemos hacer lo correcto” a la vez que entienda las motivaciones del resto de la organización para tomar ciertas decisiones. No basta con que un Compliance Officer “prohíba el riesgo”, pues esto es imposible; deberá ser lo suficientemente hábil como para captar los objetivos de la organización, capturar las necesidades y establecer unos límites en los cuales la organización pueda seguir operando para alcanzar esos objetivos.

Por otra parte, el Compliance Officer también deberá tener conocimientos jurídicos. Aunque en algunos casos el responsable del cumplimiento no es jurista y esto no necesariamente está mal[1], para poder actuar de “sensor” requiere conocer las normas de obligatorio cumplimiento de la empresa. Esto implica que si no es jurista, al menos debe contar con el soporte experto de abogados externos a quien pueda desviar las consultas.

  • Es buen comunicador y mentor:

Aunque es probable que la mayoría de los Compliance Officers no cuenten con las habilidades telepáticas del Profesor Xavier, deberán buscar otros medios más terrenales para comunicarse eficientemente con su entorno. Para ello es clave el factor humano que destacábamos hace algunos párrafos, pues deberán comprender las motivaciones del personal, de los clientes y de terceros para poder desarrollar soluciones que éstos consideren válidas.

Recordemos que un Compliance Officer no se limitará a investigar y a sancionar, sino que buena parte de su trabajo depende de su habilidad de generar awareness y reforzar el buen cumplimiento normativo desde la prevención y ello sólo se logra comunicando bien.

  • Tiene independencia de criterio:

Un buen Compliance Officer tiene que estar dispuesto a estar en desacuerdo con la dirección si se toman decisiones que pueden perjudicar al negocio, aunque esto implique iniciar una Civil War organizacional. Si el criterio técnico del Compliance Officer -sustentado adecuadamente por los hechos, sus propios dictámenes, la opinión de consultores externos, y cualquier otro recurso que estime necesario- determina que una decisión operativa o estratégica pone en riesgo los mejores intereses del negocio, deberá defenderlo hasta sus últimas consecuencias.

Esto no implica desoír los argumentos ajenos; sino ser conscientes de que no hay forma de que una justificación económica, técnica o personal se imponga a la obligación de hacer las cosas en apego a la Ley. La resolución en caso de llegar a esta coyuntura siempre debe pasar por el más riguroso análisis por parte de los involucrados, para garantizar que se cumpla con las normas.

2. El Data Protection Officer.

Y aunque la gallardía del Compliance Officer lo convierte en el héroe clásico, ese defensor de la organización que luce el logotipo en su “escudo” requiere de otros compañeros que manejen los distintos bloques de cumplimiento en la medida en que la organización va creciendo y se potencian sus riesgos. Por eso el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) nos ha traído al Data Protection Officer.

El Data Protection Officer (DPO), aunque comparte el mismo objetivo general que tiene el Compliance Officer (mitigar riesgos de incumplimiento normativo y evitar así perjuicios económicos y reputacionales), tiene su propia manera de hacer las cosas y cuenta con un set de habilidades particulares.

Una gran ventaja que tiene el DPO, al menos en el entorno europeo, es que sus funciones están bastante mejor definidas que las del Compliance Officer, ya que el propio Reglamento establece en su artículo 39 cuáles son.

Por otra parte, y en cuanto a su set de habilidades, el DPO es el Iron-Man de los defensores del cumplimiento normativo, ya que su perfil tecnológico marca la diferencia:

  • Vocación tecnológica:

    El DPO debe tener un amplio dominio de las nuevas tecnologías, no sólo a nivel de usuario sino a nivel de desarrollo. Se trata de un rol que debe saber valerse de todos los recursos disponibles para detectar y prevenir brechas de seguridad que pueda comprometer la información de la organización; abarcando no sólo los datos personales, sino cualquier dato o documentación sensible que mantenga la organización. Si el Compliance Officer recurre a la ley, a las políticas y a las buenas prácticas, el DPO debe recurrir a las herramientas tecnológicas, actualizándose permanentemente.

  • Conocimientos jurídicos:

    Al igual que el Compliance Officer el DPO debe conocer las normas legales aplicables, si bien en este caso ya no se trata de un generalista sino de alguien que, provenga del área de auditoría informática o del ámbito jurídico, maneje la legislación en protección de datos, en seguridad de la información, se actualice constantemente y según el caso en regulaciones del entorno digital, e-commerce, blockchain, IoT, entre otros.

  • Independencia:

    El DPO también debe mantener su independencia de criterio a la hora de dar sus recomendaciones de actuación, toda vez que está resguardando un bien jurídico de la organización y más allá de la voluntad de la alta dirección, la responsabilidad del DPO es con los accionistas y deberá actuar para proteger sus mejores intereses, garantizando el cumplimiento de las disposiciones previstas en materia de protección de datos.

  • Liderazgo:

    El DPO deberá hacer requerimientos tanto a procesadores como a controladores de datos, y tendrá que establecer procesos para reducir la probabilidad de que se materialicen brechas de seguridad. Para ello no basta con establecer un protocolo automático en un sistema, sino que es necesario generar un alto nivel de awareness para mantener comprometidos a los usuarios en la ejecución de medidas que suelen ser tediosas para los trabajadores, como por ejemplo el cambio periódico de contraseñas.

Estas son brevemente algunas de las habilidades del Compliance Officer y del DPO, como parte del equipo de defensores de la organización en materia de cumplimiento normativo. Evidentemente no son los únicos, y hay otros héroes sin capa dentro de las organizaciones que también contribuyen a mitigar los riesgos, como lo pueden ser el HR Compliance Officer o el especialista en Compliance Ambiental, entre otros tanto que en ocasiones van de encubierto pero que alzan su voz cuando es necesario.

Y quizás en unos años cuando ya estemos pensando en los créditos, y el universo de los responsables de cumplimiento normativo ya esté más evolucionado en España, nos encontraremos con más frecuencia a una figura aún más poderosa y capaz de defender como ningún otro la integridad y valores de la organización: El Chief Ethics Officer.

José Alejandro Cuevas Sarmiento es Legal & Compliance Project Manager en Garberí PenalPara la implementación de sistemas de gestión de Compliance Penal, por favor contacta con nuestros expertos o comunícate al 937 004455 de 09:00 a 19:00, de Lunes a Viernes.

 

[1] Desconfiad de quien os diga como verdad absoluta que el Compliance Officer debe obligatoriamente ser abogado, o investigador privado, o pertenecer a un gremio exclusivo pues únicamente os está vendiendo su libro. El mejor Compliance Officer debe conocer todas esas disciplinas, pero son sus atributos personales, su conocimiento y autoridad en la empresa lo que lo hará realmente apto para llevar a cabo la función.

8 facetas del abogado penalista

julio 3, 2018

Como ya expuse recientemente en este post, el rol del abogado penalista en estos tiempos ha variado de forma considerable, si bien existe un desconocimiento generalizado de las funciones que puede llegar a desarrollar, más allá de la conocida defensa ante los tribunales de personas que hayan cometido -presuntamente- un crimen.

A continuación se exponen 8 supuestos en los que la intervención del abogado penalista es crucial o puede serlo, en función también de su especialidad o especialización. Como se verá, las funciones pueden tener naturaleza preventiva, identificativa o reactiva.

EL ABOGADO PENALISTA PROCESAL (DEFENSOR O ACUSADOR)

El abogado penalista es el profesional cuya actuación exige la ley para garantizar un efectivo despliegue del derecho a defenderse que toda persona ostenta ante la acusación de cualquier delito en un proceso penal. No cabe la autodefensa (sin abogado) de una persona investigada o acusada, entre otras cosas porque es necesario el conocimiento del Derecho Penal y procesal penal para evitar situaciones de indefensión, material y/o formal. La intervención del abogado penalista es considerada la garantía para obtener un juicio justo, toda vez que las pruebas de descargo son traídas al proceso tradicionalmente por el abogado defensor.

Esta clásica faceta del abogado penalista, comprende desde la asistencia a la persona investigada en su primer llamamiento policial o judicial hasta el juicio, y posteriores recursos. Aquí, pueden distinguirse como supuestos de intervención del abogado penalista:

1.- Asistencia en comisaría:

Se produzca en caso de detención o de citación, la primera declaración es crucial. El abogado penalista asesorará al cliente sobre cuál es la mejor opción entre prestar declaración o ejercer su derecho a guardar silencio, pues aunque desde el 1 de noviembre de 2015 el abogado puede entrevistarse reservadamente con el detenido previamente a la declaración (art.520.6.d) L.E.Crim.), no existe en la práctica un acceso a toda la información contenida en el atestado, toda vez que el artículo 520.2.d) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que traspone la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, recoge que el detenido tendrá derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención, afirmación cuyo contenido es difuso y tampoco vino a aclarar la STC 13/2017, de 30 de enero de 2017.

2.- Asistencia en dependencias judiciales:

Se produzca como consecuencia de una detención anterior o bien por llamamiento judicial, tras denuncia o querella, el abogado penalista asesorará al cliente en su declaración ante el Juez, ahora sí, habiendo tenido acceso al expediente judicial y a los indicios de delito que pesen contra la persona investigada, además de contar con sus propios argumentos y pruebas de descargo, recomendando así la mejor estrategia argumental.

3.- Defensor en el proceso:

El proceso penal tiene en toda su extensión diversas fases: investigación, intermedia y, eventualmente, el juicio oral (sin perjuicio del sistema de recursos). El abogado penalista es el profesional que intervendrá en todas ellas tratando de hacer valer los argumentos defensivos y las pruebas de descargo.

4.- Interposición de denuncias:

Analógicamente, toda persona agraviada o víctima de un delito tiene derecho a interponer una denuncia ante las autoridades policiales o judiciales y a ejercer la acusación particular en el proceso que se derive del delito, en búsqueda de la restitución o reparación de sus derechos, incluyendo la indemnización a que hubiere lugar por razón del delito soportado. En este sentido, la intervención del abogado penalista será análoga a la del defensor pero tratando de hacer valer, precisamente, los argumentos y pruebas de cargo, en búsqueda de la mayor satisfacción del derecho lesionado de su cliente. Se incluyen aquí, además de la asistencia en comisaría y juzgado, la redacción de denuncias o querellas y la recopilación de pruebas (periciales, por ejemplo).

EL ABOGADO PENALISTA-ASESOR PRIVADO

Sucede en los últimos tiempos, que la figura del abogado penalista adquiere un rol cada vez más importante como asesor privado, tanto de personas físicas como jurídicas; en este último caso, a raíz del nacimiento de su propia responsabilidad penal.

5.- Prevención de delitos de “cuello blanco”:

Las personas físicas recaban normalmente los servicios del penalista a través de otros asesores como economistas, fiscalistas o gestores patrimoniales a la hora de realizar determinadas operaciones privadas (inversiones patrimoniales, movimientos de capital, constitución de instrumentos fiduciarios, sucesiones) que pueden constituir en circunstancias concretas figuras delictivas (alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, evasión fiscal). En estos últimos supuestos, es clara también la tendencia a contar con el asesoramiento del abogado penalista de los despachos especializados en materia fiscal y asesoramiento patrimonial.

6.- Prevención de delitos económicos:

Pero son las empresas y organizaciones las que han resultado más proactivas, comenzando a dotar a sus Consejos con expertos penalistas. El auge del Derecho Penal Económico y la existencia de figuras delictivas societarias (adopción de acuerdos abusivos, quebranto de derechos de los socios), sin duda, así como el nacimiento de la responsabilidad penal de las corporaciones, tienen la culpa. Así, al momento de redactar un contrato con proveedores, al tomarse una decisión estratégica en el seno de una corporación o de adoptar una política fiscal concreta, por poner algunos ejemplos, el abogado penalista es el mejor preparado para dictaminar que ésta o aquélla conducta son susceptibles de constituir alguna figura delictiva; máxime, con la progresiva tipificación de nuevos delitos al compás de la evolución de nuevas formas de criminalidad (delitos informáticos o del ciberespacio, nuevas modalidades de estafa, delitos relacionados con los negocios).

EL ABOGADO PENALISTA-ANALISTA (DUE DILIGENCE-RIESGOS PENALES)

La mencionada responsabilidad penal de las personas jurídicas y la creciente importancia de los Programas de Compliance ha hecho saltar las alarmas en el mundo empresarial. Y no es que aquélla haya supuesto el nacimiento de nuevos delitos, sino que ahora las organizaciones responderán por falta de prevención (entendida como defecto de organización) en la comisión de delitos por parte de otros.

7.- Prevención de riesgos en transacciones, absorciones y fusiones:

Ello ha propiciado el auge de la diligencia debida (Due Diligence) no sólo respecto del personal de la empresa, sino también para con terceros, entendidos como socios de negocio, proveedores, autónomos o empresas subcontratadas e incluso clientes. Operaciones como las fusiones o absorciones requieren analizar el historial de la empresa absorbida, pero también las simples colaboraciones entre marcas o las prestaciones de servicios. El abogado penalista aportará en los procesos de Due Diligence su visión del riesgo penal para el caso de que pueda transmitirse.

8.- Prevención de riesgos penales:

Ante el creciente interés de las organizaciones por adoptar -y mostrar- una cultura ética en la forma de hacer los negocios, cimentada en el cumplimiento normativo, la inclusión de los riesgos penales entre aquellos que valorar ha otorgado un papel preponderante al abogado penalista, que normalmente ha ampliado sus conocimientos en materias como el Buen Gobierno, la Gestión del Riesgo y el Compliance. Aquí, lógicamente, su papel se centrará en la evaluación, análisis y valoración de los procesos corporativos conforme a los tipos penales exigibles a la persona jurídica.

Alex Garberí Mascaró es Fundador y Director del Área Penal & Compliance de Garberí PenalPara la implementación de sistemas de gestión de Compliance Penal, por favor contacta con nuestros expertos o comunícate al 937 004455 de 09:00 a 19:00, de Lunes a Viernes.

Compliance y terceras partes

junio 19, 2018

El Código Penal establece que la persona jurídica es responsable de determinados hechos delictivos cometidos por sus representantes legales, por quienes ostenten facultades de organización y control dentro de la misma o por quienes están sometidos a la autoridad de cualquiera de ellos.

Sin embargo, toda empresa tiene una proyección externa ya que interviene en el tráfico mercantil y se relaciona con terceras partes, lo que provoca que su responsabilidad penal pueda producirse no sólo por los delitos que cometan sus representantes legales o empleados, sino también por los que puedan cometer los terceros que estén integrados en el perímetro de su dominio social:  autónomos, trabajadores subcontratados, clientes, proveedores o socios de negocio. Es decir, los actos de todos estos terceros con los que la empresa se relaciona en el ejercicio de su actividad generan un riesgo tan significativo como el que pueda emanar de la propia empresa.

No olvidemos que la circular 1/2016 de la Fiscalía General del sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, advierte que no es necesario que quien cometa un delito tenga una vinculación formal con la empresa a través de un contrato laboral o mercantil, quedando incluidas terceras partes.

Por tanto, toda empresa no sólo debe cumplir con sus propios compromisos legales y éticos sino que debe, además, conseguir que dichos compromisos sean respetados por los terceros con los que se relaciona. De lo contrario, puede verse afectada económica y/o reputacionalmente por la conducta de terceros con los que se vincula. Es el llamado riesgo de “contaminación o “contagio”.

Es aquí donde entran en juego los procedimientos de “diligencia debida” (due diligence) que, en el ámbito del Compliance, tratan de prevenir estos riesgos evitando comportamientos de los terceros contrarios a los principios del cumplimiento normativo.

Los procedimientos de “diligencia debida” procuran, en definitiva, una adecuada selección y supervisión de las personas que se relacionan con la empresa de forma que su comportamiento se ajuste a los principios y valores de aquélla. Ello exige el cumplimiento de un proceso en el que cabe distinguir tres etapas:

a.- En primer lugar, una adecuada selección del tercero con el que la empresa se va a relacionar, valorando información de todo tipo: financiera, antecedentes frente a la administración (posibles sanciones), antecedentes frente a los tribunales (posibles condenas), relación con escándalos, …

Se trata de comprobar si la trayectoria y el comportamiento del tercero se ajusta y es compatible con los valores y principios de la empresa. De este modo evitaremos “contagiarnos” de terceros con antecedentes de malas prácticas o con mala reputación.

b.- En segundo lugar, una correcta formalización de la relación con el tercero a través de un contrato en el que se fijen cláusulas relativas a los compromisos del Compliance: veracidad de la información facilitada y de la legalidad en el uso de los productos o servicios contratados, sometimiento a los valores de la organización (especialmente al Código Ético), asumir compromisos de vigilancia y control, asumir la posibilidad de ser auditado….

c.- En tercer lugar, la última etapa consiste en el seguimiento de la evolución del tercero, valorando y actualizando periódicamente la información que dio lugar a su selección.

Finalmente, señalar que sin perjuicio del cumplimiento de las medidas referidas anteriormente, para evitar posibles responsabilidades penales las empresas deben comenzar a exigir por contrato a los terceros con los que se vinculan que dispongan de Sistemas de Gestión de Compliance Penal, exigencia absolutamente normalizada en el mundo anglosajón y que en España ya ha puesto en práctica tanto las grandes firmas como la Administración Pública.

Jesús Sánchez Garrido es Director del Área Civil & Compliance en Garberí PenalPara la implementación de sistemas de gestión de Compliance Penal, por favor contacte con nuestros expertos o comuníquese al 937 004455 de 09:00 a 19:00, de Lunes a Viernes.

Garberí Penal anuncia la expansión de su red de aliados estratégicos para la prestación del servicio de Compliance Penal en territorio nacional.

mayo 11, 2018

 

 Economista Christian Marrero, Socio de Cris Asesores y Àlex Garberí Mascaró, Fundador y Director del Área Penal y Compliance de Garberí Penal. Mayo 2018.

Garberí Penal anuncia la expansión de su red de aliados estratégicos para la prestación del servicio de Compliance Penal en territorio nacional.

Las colaboraciones entre despachos profesionales para la prestación de servicios de Compliance Penal en España se encuentran en un momento cumbre, dado que la especialización que requiere esta disciplina, incipiente a la par que cambiante, obliga a todos aquellos profesionales que prestan servicios de asesoramiento a empresas de todo el país (asesores, consultores, economistas, fiscalistas, auditores) a contar con personal altamente cualificado o con socios especializados en la materia.

Y el proceso de expansión ha llegado no sólo a grandes y medianas firmas -a través de conocidas fusiones- sino a aquellas que, de menor tamaño, apostaron en su día por el Compliance como servicio estrella y han desarrollado un reconocido expertise adquiriendo un merecido prestigio en poco tiempo dentro del sector jurídico del cumplimiento.

Es el caso de Garberí Penal: Compliance & Defensa Penal, firma barcelonesa que ha logrado el reconocimiento como una de las mejores en el sector del Compliance de todo el estado. Así, a las alianzas forjadas en 2016 con FIDESO en la ciudad de Marbella,  CNC en Barcelona y Rete Iuris en Madrid y Latam, se unen ahora DETECTIB en Palma de Mallorca y Cris Asesores también en Barcelona.

Su Fundador, el abogado penalista y experto en Compliance Penal por la Universidad de Barcelona Alex Garberí Mascaró, ha manifestado que su caso es la prueba fehaciente de que las pequeñas estructuras pueden llegar donde se propongan con un alto grado de especialización, constancia y dedicación en el trabajo, desmitificando el hecho de  que sólo las grandes firmas tienen acceso a las multinacionales y empresas de mayor tamaño. Nuestro core business son las pequeñas y medianas empresas, pero también hemos desarrollado soluciones para organizaciones de mayor tamaño que vienen buscando un trato más cercano y especializado del que reciben habitualmente, admite el abogado.

Afirma también que cuentan con otras propuestas de alianza cuyo proceso está en fase de maduración si bien seleccionamos muy bien a nuestros aliados con el fin de mantener un estándar de calidad muy concreto de nuestros servicios. El crecimiento debe ser controlado y paulatino, añade, si se quiere seguir tomando parte directa en los servicio que oferta la Firma y compaginando dicha función con la docencia en centros universitarios y colegios profesionales.

La firma de alianza con estos reconocidos despachos de consultores reafirma el proceso de crecimiento y expansión de una pequeña firma de auténticos especialistas que figura ya entre las más destacadas en el mundo del Compliance.

Si su despacho desea más información sobre el  Programa de Alianzas Estratégicas de Garberí Penal puede solicitarla al correo electrónico  o contactar con sus expertos  llamando al teléfono al 937 004 455 de 08:30 a 19:00, de lunes a viernes.

Condenada una empresa por delito Fiscal

marzo 26, 2018

 

En sentencia 99/2018 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, se ha condenado a una empresa -además del administrador- por delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Deberá pagar una multa de 890.000€.

La empresa que cometió el ilícito se acogió a un régimen fiscal distinto al que le correspondía, obteniendo un beneficio de más de 445.000 euros, superior al monto previsto en el Código Penal para la defraudación fiscal (120.000 euros).

Por lo tanto, la empresa condenada deberá pagar la cifra indicada, además de quedar inhabilitada para recibir subvenciones o ayudas públicas, ni beneficios fiscales o de la Seguridad Social por un período de cuatro años.

Puede consultar la sentencia completa en este enlace.

¿Cómo prevenir este tipo de sanciones?

Las multas impuestas conforme a lo previsto en el Código Penal pueden ser del doble de la suma defraudada, además de las costas judiciales, el daño reputacional y la obligación de pagar el monto adeudado a Hacienda, junto a los intereses de mora.

Un sistema de gestión de Compliance Penal permite a las empresas establecer mecanismos para detectar y prevenir la comisión de delitos. Todas las empresas que, por su elevado nivel de facturación, estén obligadas a tributar montos superiores a 120.000 euros, corren el riesgo de ser sancionadas por supuestos relacionados con la defraudación si la tributación no es correcta, sea por error, sea por acogerse a un régimen que no es el aplicable, o sea con intención de alguna de las personas que participa en la gestión contable y la fiscalidad.

En Garberí Penal, asesoramos a nuestros clientes en la implementación de sistemas que permitan identificar riesgos y prevenir conductas que impacten negativamente a la organización. Sistemas que, además, pueden exonerar a la empresa de responsabilidad penal.

Para solicitar un presupuesto para la implementación de sistemas de gestión de Compliance Penal contacte con nuestros expertos o comuníquese con nosotros llamando al 937 004 455 de 09:00 a 19:00, de lunes a viernes.

¿Cuánto cuesta un Compliance?

febrero 7, 2018

Una de las preguntas que más escucho desde que empecé a trabajar en consultoría, es “cuánto cuesta un (programa de) Compliance”. Tengo que confesar que es una pregunta incómoda por dos razones:

  1. Un sistema de gestión de Compliance bien hecho le ahorrará a la organización una buena cantidad de dinero en multas evitadas, contingencias innecesarias, ineficiencias internas y le dará oportunidad de contratar con organizaciones más sólidas, por lo cual pagando lo que vale, siempre saldrá ganando.

  2. Una pregunta así de abierta es como preguntarle a un médico “cuánto cuesta estar sano”. No hay forma de responder sin entrar en una larga explicación de todo lo que abarca el Compliance y de la información que sería necesaria conocer como consultor, cuando claramente quien pregunta lo que quiere saber es una cifra, mientras más precisa mejor.

Pero la realidad es que la pregunta de “cuánto cuesta un Compliance”, dentro de las organizaciones, sigue siendo necesarias para poder preparar una partida presupuestaria y saber cuánto les costará invertirán en acciones de cumplimiento normativo.

Por ello he preparados este artículo, pensando en las personas que sin ser Compliance Officers ni especialistas en cumplimiento normativo, tienen la dura tarea de pedir presupuestos de servicios de Compliance y se enfrentan ante una enorme incertidumbre, con gran cantidad de ofertentes y pocas referencias concretas de qué es lo que tienen que contratar.

Preámbulo: El Compliance -como el cariño verdadero- ni se compra ni se vende.

Un breve comentario antes de entrar en materia: El Compliance no es un bien tangible que la organización pueda comprar y guardar para exhibir al juez cuando lo pida (el Compliance no está una carpeta, ni un certificado ni una herramienta informática). Es una forma de gestionar la organización, y el rol de los consultores es facilitar herramientas y conocimientos que permitan a la empresa ubicarse en otro plano de cumplimiento. Por esta razón, sólo hay Compliance cuando hay compromiso de parte de la organización, y debe quedar claro que:

Esto no es Compliance:

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Esto, en cambio, se parece un poco más:

Pexels.com

Por supuesto que las políticas y la generación de evidencia son esenciales y el consultor os podrá facilitar esa parte del trabajo; pero es sólo una fracción de lo que necesita la organización para llegar al ‘nirvana’ del Compliance.

1. “Pero a mi organización no le interesa ni quiere gastar para llegar al ‘nirvana’ del Compliance, lo necesita porque lo está pidiendo el Consejo / Administrador / Alta Dirección para…”

El argumento que complete la frase del encabezado debe ser el punto de partida de cualquier proyecto, por eso cada organización necesita un Compliance a medida y no una solución estandarizada.

Las motivaciones en cada organización son distintas y según sus propios objetivos y realidad. Se pueden plantear distintas soluciones, desde la redacción de un Código de Conducta hasta la implementación de un sistema de prevención de la corrupción auditable conforme a la ISO 37001, por exigencia de un proveedor. Las motivaciones del cliente se traducen posteriormente en el objeto del proyecto de Compliance.

Por otra parte, hay que tener claro que estamos hablando de una disciplina que abarca todo lo relacionado con cumplimiento normativo. Tan sólo en el ámbito del Compliance Penal, hay al menos 29 tipos de delito que generan responsabilidad penal a la persona jurídica, y no son las únicas conductas que una organización debe vigilar si quiere un sistema realmente efectivo.

Una organización puede comenzar su senda de gestión de cumplimiento normativo a través del Compliance Penal, por la transversalidad de las conductas que serán analizadas; pero también necesitará atender otras áreas específicas como lo pueden ser su adecuación al Reglamento General de Protección de Datos o su programa de prevención de riesgos laborales, por poner un ejemplo.

Además la implementación del sistema de Compliance puede requerir el apoyo de otras áreas de conocimiento para el desarrollo de una herramienta de gestión de la evidencia de cumplimiento, el plan de comunicación interna, formación y gestión del cambio, entre otros.

¿Tenemos las motivaciones del órgano de gobierno claras? ¿Sabemos para qué quiere la organización contratar los servicios de un proveedor de Compliance? Si no es así, hay que aclararlo antes de seguir avanzando en el proceso de contratación.

2. ¿Si no hay una solución estándar para todos, qué debo saber antes de pedir un presupuesto?

Photo by Mark Duffel on Unsplash.

Esto puede ser un reto, sobretodo en el caso de organizaciones que no tienen una persona dedicada al cumplimiento normativo y delegan el tema de Compliance en una función gerencial, de Recursos Humanos, Financiera u otros mandos intermedios ajenos al área legal.

En Garberí Penal hemos tenido casos de organizaciones que iniciaron la implementación de un sistema de Compliance porque fue una exigencia de la organización que la absorbió durante un proceso de M&A.

Otras organizaciones que hemos asesorado tienen necesidades más puntuales, como puede ser el establecimiento de un mecanismo de prevención de blanqueo de capitales, cuestionarios de know your partner para potenciales inversores, o un Código de Conducta para los usuarios de una instalación privada con acceso público. Aunque siempre deben transitar el camino hacia el nirvana del Compliance, cada organización comienza su recorrido en función a su prioridad.

¿Cuáles son las causas más comunes para iniciar el proyecto?

    • Un miembro del órgano de gobierno escuchó que es “obligatorio” tener implementado un sistema de Compliance y quiere cumplir con el requisito sin que le quite mucho tiempo (aunque no es terminológicamente preciso, es habitual escuchar este argumento).

    • Un mando medio está preocupado por la falta de visibilidad en ciertos procesos y la responsabilidad que le puede acarrear un incumplimiento a él o a su equipo.

    • Un cliente está exigiendo que todos sus proveedores cuenten con un sistema de Compliance en un período de 12 meses.

Cada escenario es un punto de partida distinto, y es necesario que la organización esté consciente de que el grado de implicación del personal y la intensidad con que se ejecute cualquier proyecto, depende en buena parte de las motivaciones, mucho más que del presupuesto disponible.

3. Tengo definidas las necesidades y el objetivo de Compliance; ¿qué más necesito para saber cuánto cuesta el proyecto?

La definición de necesidades y el objetivo de la organización permiten plantear el alcance del proyecto, pero tal como comentamos anteriormente, la participación del consultor puede estar limitada a una fracción de ese proyecto, en mayor o menor intensidad y en distintas etapas.

Para definir el costo del proyecto antes hay que determinar qué actividades se van a realizar. Si esto se deja en manos del consultor, lo primero que tendrá que hacer es conocer mejor a la organización, cómo se encuentra estructurada, qué controles existen actualmente y cómo se llevan sus procesos, como mínimo. Usualmente se recurre, entre otras, a las siguientes fuentes de información:

  • Entrevistas con personal de la organización.
  • Análisis de la estructura mercantil de la organización.
  • Valoración de la información disponible en la web de la organización y en sus Redes Sociales.
  • Valoración de la información sobre la organización proveniente de terceros (reputación de la organización).
  • Antecedentes del sector y de la empresa.

Este proceso va más allá de una llamada telefónica y es muy difícil que con información superficial se pueda estimar todo lo que habrá de realizarse. Nosotros en Garberí Penal, utilizamos un cuestionario básico que nos ayuda a generar un perfil de la organización a modo de prediagnóstico, pero ese es apenas un primer paso.

A más información disponible, más precisa podrá ser la propuesta. El consultor determinará qué actividades deberá realizar, qué personal debe participar del proyecto y cuánto tiempo requerirá su ejecución. En la Firma utilizamos la metodología PDCA (Plan-Do-Check-Act), de manera que el proyecto siempre será un ciclo en donde nuestra participación como consultores puede limitarse a la planificación, la ejecución de ciertas actividades, la revisión de las mismas o el replanteamiento de estrategias.

Idealmente esta propuesta será presentada al cliente y se revisará entre ambos, definiendo qué actividades realizará el consultor y en qué momento. El coste de la consultoría será el resultado final de ese ejercicio y siempre estará relacionado a los recursos necesarios para acometerlo y al tiempo de dedicación que requiera.

4. Qué más necesito saber antes de contratar a un proveedor de servicios de Compliance?

Más allá del coste del Compliance, los otros elementos que debe considerar la organización pueden ser evidentes, pero vale la pena refrescarlos: el tiempo y la calidad. y para ello conviene recordar un principio básico que afecta a todas las profesiones:

Procesosyaprendizaje.es

 

En el caso del Compliance hay que añadir un elemento a la relación tiempo, calidad y coste, y es que un sistema de Compliance ineficaz no podrá ser utilizado como atenuante o eximente de responsabilidad penal de la persona jurídica, por lo cual lo rápido y barato o gratis puede terminar en multa o cierre de la empresa.

Es importante recordar que el balance ideal le permitirá a la organización invertir en una solución de Compliance a medida sin que se genere un coste inasumible para sus dimensiones ni una carga de trabajo que convierta la implementación en una utopía. Por eso lo mejor es siempre recurrir a proyectos a medida que a soluciones prefabricadas.

Por último, debe tenerse en cuenta que como toda inversión, debe tener un retorno, que en el caso del Compliance medible en base a KPIs (indicadores) tales como contingencias prevenidas, controles implementados, incidencias registradas, formaciones realizadas, fraudes internos detectados, y otras similares que, traducidas en dinero, deben reflejar lo que se ha ahorrado la organización gracias a la implementación del sistema.

5. Recursos externos:

  • Tanto en este artículo publicado en LawyerPress en 2016, como en este otro publicado en Compliance Noticias por el letrado y vicepresidente de la World Compliance Association Juan Carlos Bajo, se plantean recomendaciones que conviene tener en cuenta antes de iniciar un proyecto de Compliance.

  • La abogada Katharina Miller, que además de experta en Compliance promueve la excelente iniciativa de formación mediante juegos Integrity Now, también plantea acertadas reflexiones sobre el coste del Compliance.

José Alejandro Cuevas Sarmiento es Legal & Compliance Project Manager en Garberí PenalPara la implementación de sistemas de gestión de Compliance Penal, por favor contacte con nuestros expertos o comuníquese al 937 004455 de 09:00 a 19:00, de Lunes a Viernes.