Causas y consecuencias de la corrupción.

agosto 30, 2016

La corrupción supone un grave obstáculo para avanzar en la consolidación de los sistemas democráticos, amenaza la estabilidad política y produce una pérdida de credibilidad en el gobierno y en las instituciones públicas.

 

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Corrupción: causas y consecuencias sociales

agosto 17, 2016

La corrupción supone un grave obstáculo para avanzar en la consolidación de los sistemas democráticos, amenaza la estabilidad política y produce una pérdida de credibilidad en el gobierno y en las instituciones públicas.

Además, dificulta el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos pues acentúa las desigualdades sociales al imposibilitar la disponibilidad y gestión eficiente de los recursos de los que un país dispone.

La corrupción ha existido siempre en mayor o menor medida y de manera casi unida al desarrollo socio-político y económico de los estados, cuyas características y circunstancias pueden incidir en las causas que la propician.

En términos generales, pueden distinguirse cinco grandes factores que generan o contribuyen a perpetuar la corrupción.

1. Las sociedades ven la corrupción como parte de su cultura.

Tradicionalmente, y en algunas sociedades más que en otras, se ha venido concibiendo que la ejecución de ciertas conductas o comportamientos que hoy en día son considerados manifestaciones de una sociedad corrupta (recurrir a “contactos” para asegurar un contrato, realizar pagos de facilitación, dar obsequios tras la aprobación de un permiso), son normales e incluso positivas para el avance y desarrollo de la economía.

En muchos países la corrupción se asume como parte de la vida diaria y del desarrollo normal de las instituciones y empresas, produciéndose una amplia tolerancia social hacia una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que consideran que “la ley no cuenta para ellos”; creencia, que termina formando parte de la cultura de un país u organización en la que se resta importancia al fenómeno.

2. Impunidad o falta de legislación anticorrupción adecuada.

La impunidad es una de las principales y más claras causas de corrupción. Aunque en la mayoría de los países del mundo se castiga la corrupción, especialmente después de la proliferación de tratados internacionales y del avance en la concienciación política y social de la necesidad de combatirla, existen aún ordenamientos en los que o no se castiga, o no persigue activamente.

Que el ordenamiento jurídico de un estado no castigue severamente estas conductas genera una sensación de impunidad y de favorecimiento de la cultura del “todo vale”, que favorece sin duda la proliferación más importante de corrupción para un país. Que no se elimine o limite la concesión de indultos y la existencia de aforamientos en casos de corrupción, refuerza también en cierto modo esa sensación de impunidad generalizada que se produce cuando el sistema político y legal no castiga esas conductas de manera contundente.

Así mismo, la falta de revisión y actualización periódica de la legislación anticorrupción para adaptarse a nuevas exigencias y formas de corrupción, así como la falta de dotación de suficientes medios a los órganos encargados de la lucha contra la corrupción favorece que aparezcan estas prácticas.

3. Desigualdad.

La corrupción es prácticamente generalizada en muchos países en vías de desarrollo, y surge principalmente cuando la riqueza se encuentra desigualmente repartida y el poder se encuentra muy centralizado. La desigualdad social contribuye a la creciente pobreza y al aumento de la corrupción.

En casos en que los funcionarios públicos viven en el umbral de la pobreza y no reciben una remuneración suficiente, la opción de obtener sobornos les proporciona ingresos incluso superiores a sus propios salarios. En el sector privado, las empresas también recurren a estas prácticas ante la falta de controles y al ser el mecanismo imperante para poder acceder a estos mercados, ante la pasividad de los gobiernos que se muestran tolerantes con esas prácticas y carecen de políticas y legislación que las castigue.

4. Mal funcionamiento de las instituciones públicas.

En estrecha relación con lo anterior, la burocracia lenta e innecesaria, los procedimientos administrativos demasiado complejos, la falta de leyes de transparencia, así como el –en ocasiones- excesivo poder de discrecionalidad de los funcionarios públicos sin órganos supervisores de su actuación, favorece la aparición de múltiples signos de corrupción.

La ineficiencia de las administraciones públicas (o su colonización política) resulta una de las mayores causas de corrupción. Organismos públicos en los que los procedimientos de adjudicación y gestión de recursos públicos se producen de forma totalmente arbitraria, y que se produzcan contrataciones de personal sin la realización de pruebas selectivas adecuadas para asegurar la ética e imparcialidad de aquéllos en quienes va a recaer, precisamente, la gestión de importantes recursos económicos, son signos evidentes de un grave quebranto al interés general y posibilitan en mayor medida la corrupción en los entes públicos.

5. Falta de valores éticos.

Resulta dudoso que posea fuertes valores éticos quien es capaz de cometer una conducta social y legalmente tan reprochable. Cuando existe sólida educación y valores éticos y morales sobre los efectos negativos de la corrupción y la necesidad de mantener una actitud de rechazo hacia ésta, es más difícil que surjan estos comportamientos en los individuos. Aunque existan leyes que la castigan, la necesidad de que las personas adopten una postura clara en contra de la corrupción y por pleno convencimiento es fundamental.

Marina Guillén es Abogada Penalista y  Experta en Compliance y Anticorrupción en Garberí PenalPara la implementación de sistemas de gestión de Compliance Penal, por favor contacte con nuestros expertos o comuníquese al 937 004455 de 09:00 a 19:00, de lunes a viernes.

Cómo se aplican los 6 Principios de la UK Bribery Act

agosto 2, 2016

El UK Bribery Act es una de las normas de aplicación extraterritorial que mayor impacto tiene en materia de la lucha contra la corrupción, junto a la FCPA.

La ley británica, UK Bribery Act, se aprueba en 2010 para actualizar y mejorar la legislación sobre el soborno y fraude internacional y con el fin de adaptarse mejor a las exigencias internacionales (Convention on the Bribery of Foreign Public Officials de la OECD, United Nations Convention Against Corruption) y actualmente está considerada como una de las legislaciones más estrictas a nivel internacional en este ámbito.

Introduce delitos de responsabilidad estricta para las empresas por no prevenir el soborno mediante sistemas de detección y control de irregularidades eficaces, incluyendo el establecimiento de programas de Compliance. Prevé castigos severos a la corrupción activa y pasiva tanto de los particulares como de las empresas, llegando a establecer penas privativas de libertad de hasta diez años y con vocación de aplicación casi universal que permite perseguir los delitos extensivamente.

The Serious Fraud Office (Oficina Contra el Fraude) de Reino Unido, ha publicado una guía realizada por el Ministerio de Justicia británico, destinada a las empresas para el correcto establecimiento de programas de Compliance y las características que estos programas han de tener para que funcionen de manera eficiente, y , por consiguiente puedan operar como eximente a la responsabilidad establecida en la Bribery Act.

Se trata de principios generales. No se proponen procedimientos particulares en sí mismos ya que la forma de actuar y las políticas de prevención a establecer varían ampliamente de un tipo de empresas a otras, dependiendo de los riesgos a los que se enfrentan:

Principio I: Proporcionalidad

La UK Bribery Act establece que los procedimientos que una empresa debe establecer han de ser adecuados a la concreta actividad que realiza y a los posibles riesgos a los que se enfrenta.  Es necesaria la correcta identificación de estos riesgos y adecuar procedimientos de prevención a la naturaleza de cada compañía.

Principio II: Tone at the top.

El propósito de este principio de la UK Bribery Act es fomentar que los directivos y mandos superiores, así como los administradores de las empresas se involucren en el cumplimiento y desarrollo de los programas de Compliance, así como de las políticas destinadas a fomentar una cultura de ética e integridad en el trabajo. Entre otros, los administradores, directores y accionistas deben  transmitir de manera clara a los empleados y a terceros con los que tengan relaciones contractuales un serio compromiso en un desarrollo legal y ético del negocio, cero tolerancia ante la corrupción, transmitir el contenido claro de los programas y políticas cumplimiento que tenga la empresa y deberán adoptar medidas internas ante la vulneración de estas.

Principio III: Evaluación de riesgos.

La clave del éxito de un programa de Compliance adaptado a la UK Bribery Act se basa en que los riesgos a los que la compañía se somete sean correctamente identificados y abarcados en dicho programa estableciendo la necesidad de su estudio individualizado teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades que se desarrollan y las personas que forman parte de estas y agrupando estos riesgos a la hora de su correcta identificación.

Principio IV: Due Diligence.

Se han de establecer procedimientos de due diligence cuando se realicen transacciones comerciales para evitar y mitigar riesgos en la medida de lo posible en el caso de operaciones con terceros. Estos procesos varían sustancialmente dependiendo de múltiples factores, cómo la naturaleza de la actividad,  el país dónde se realizan o quiénes son socios de negocios, estableciendo además que la compañía es también responsable por las acciones realizadas por terceros vinculados a esta.

Principio V: Comunicación.

De acuerdo a lo previsto en la UK Bribery Act, se ha de asegurar que los procedimientos establecimientos para la prevención de corrupción son entendidos a lo largo de la organización y por cada uno de sus componentes, así como de terceros relacionados con esta.

La comunicación tanto externa como interna y la formación para el cumplimiento es esencial. Debe involucrar a altos directivos y conseguir la implicación de los trabajadores en la implementación de procedimientos y políticas de prevención. Además, estas comunicaciones han de establecer y fomentar los valores éticos en los que descansa la organización. Ha de existir un canal de denuncias confidencial al que puedan acudir tanto trabajadores como terceros en caso de querer poner en conocimiento aquello que consideren relevante para la organización y sus programas de cumplimiento.

Principio VI: Monitoreo y revisión del programa.

Los riesgos a los que una empresa se enfrenta pueden variar a lo largo del tiempo y por consiguiente, es necesario el continúo seguimiento y revisión de los programas de Compliance con objeto de comprobar que dichos programas son efectivos o necesitan modificaciones para adaptarse a nuevos cambios.  Así, la Guía reconoce una gran variedad de procedimientos destinados a estas tareas, y pone como ejemplo encuestas y cuestionarios a empleados sobre la calidad de los programas de formación, así como la realización de informes para los directivos, la obtención de certificaciones oficiales anti corrupción.

Si deseas más información o asesoría en materia de Compliance, puedes consultar nuestra sección de Compliance Penal o contactarnos a través de info@garberipenal.com.

¿Qué es la FCPA y cómo puede afectar a las empresas españolas?

julio 8, 2016

Aunque resulta una materia relativamente novedosa en nuestro ordenamiento y en nuestra cultura empresarial, existen países con práctica consolidada en legislación anticorrupción. En Estados Unidos, y tras una serie de escándalos de corrupción cómo el conocido caso Watergate, que revelo que los sobornos eran una práctica habitual en el sector empresarial e hicieron patente la necesidad de crear normativa sólida que impusiese a las empresas obligaciones anticorrupción, en 1977 se aprueba la Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero  (Foreign Corrupt Practices Act , FCPA por sus siglas en inglés) que contiene dos tipos de provisiones:

  • Una parte relativa a obligaciones de transparencia contable;
  • Y otra que castiga el soborno internacional, imponiendo importantes sanciones en caso de incumplimiento.

En 2008, la compañía Siemens AG fue sancionada con una multa de 450 millones de dólares por pago de sobornos en diferentes países dónde opera.

La FCPA cuenta con una vocación de jurisdicción amplia, debiendo ser tenida en cuenta por todas las empresas y particulares que operen en el ámbito internacional y que concretamente operen en territorios de Estados Unidos o tengan vinculación de algún tipo con estos (puede incluir el uso de empresas subsidiarias, agentes, operaciones financieras a través de bancos americanos, incluso la mera escala en territorio norteamericano con objeto de realizar un soborno en otro país,  entre otros).

Para esta norma, la prevención de actividades criminales en la empresa empieza por el establecimiento de códigos éticos y programas de cumplimiento normativo.

Así mismo, la Sentencing Comission de Estados Unidos ha establecido mediante las conocidas US Sentencing Guidelines   los siete elementos básicos con los que ha de contar un programa efectivo de ética y cumplimiento, estos elementos son los siguientes:

1. Establecimiento de políticas, procedimientos y controles para prevenir y detectar conductas de fraude o soborno:

Estas políticas y protocolos han de ser realizadas con el objetivo de disminuir efectivamente el riesgo de que se produzcan estas conductas.

2. Tone at the top:

Los órganos de gobierno y los distintos responsables deben estar implicados en el cumplimiento de los programas éticos y políticas que se establezcan, conociendo su contenido y funcionamiento,  y ejercerán una labor de supervisión con el objetivo de garantizar su eficacia. Así mismo, uno o más individuos deben tener asignada la responsabilidad de control de cumplimiento, teniendo acceso directo a los órganos directivos para informarles sobre su desarrollo, incidencias o posibles incumplimientos.

3. Due diligence sobre el personal:

La organización debe tomar medidas razonables para asegurar que tanto personal con autoridad como empleados no tienen antecedentes criminales relacionados con fraude y soborno, debiendo establecer procedimientos de contratación que incluyan la comprobación de estos aspectos.

4. Formación y difusión:

El código de conducta, políticas y procedimientos del programa han de ser  ampliamente difundidos y los empleados deben recibir formación sobre su cumplimiento y objetivos. Esta formación se debe exigir para todos los empleados, incluyendo órganos de gobierno, directivos y, en su caso, terceros vinculados a la organización (agentes, proveedores, etc).

5. Monitoreo y canal de denuncia:

La organización debe asegurar el cumplimiento de los programas, códigos y protocolos establecidos mediante la monitorización y auditorías periódicas, evaluación de su eficacia, y establecimiento de canales de denuncia a disposición de los empleados para poner de manifiesto posibles incumplimientos.

6. Incentivos y sistema disciplinario:

El programa de cumplimiento y ética de la organización debe ser promovido y reforzado de forma consistente en toda la organización a través de incentivos adecuados para su desempeño satisfactorio, y con medidas disciplinarias apropiadas en caso de su incumplimiento.

7. Acciones correctivas:

Cuando se detecten incumplimientos o la comisión de alguna conducta criminal, la organización debe tomar medidas razonables para dar una respuesta adecuada y para evitar que vuelva a suceder, y, si fuese necesario, efectuar las modificaciones necesarias en el programa de cumplimiento y código ético.

El cumplimiento de estos 7 elementos permitira reducir significativamente la sanción o incluso exonerar a la organización.

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