Más allá de los delitos que generan responsabilidad penal a la persona jurídica, cuya prevención entra en el ámbito del Compliance, las personas físicas que forman parte de esas organizaciones pueden ser investigadas, acusadas y condenadas por actividades ilícitas que realicen en nombre o representación de una empresa, asociación o partido político.

Administradores, miembros del Consejo, gerentes generales y personal directivo u operativo pueden ser acusados por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

¿En qué consisten los delitos de empresa?

El catálogo de delitos de empresa puede ser amplio, más aún si se extiende de los delitos que generan responsabilidad penal a la persona jurídica. Algunos de los más comunes son:
• Delitos societarios: Son conductas que pueden ser cometidas por Administradores o apoderados que, ejerciendo una posición de influencia, cometen actos en perjuicio de la sociedad, de sus socios o de terceras personas.
• Delitos contra el mercado y los consumidores: Abarcan conductas de tipo penal, de carácter económico, que afectan el patrimonio económico, tal como el fraude, la competencia desleal, el secreto empresarial y la difusión de noticias o datos falsos para obtener un beneficio económico.
• Delitos contra la propiedad industrial e intelectual: aunque suelen considerarse delitos patrimoniales, se trata de aquellas conductas que infringen o vulneran derechos de autor, marcas o patentes, y en general de cualquier creación o invención protegida perteneciente a un tercero.
• Delito fiscal: la defraudación a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social, además de generar responsabilidad civil y administrativa puede, en ciertos casos, generar responsabilidad penal.
• Delitos de urbanismo y medioambientales: abarcan todos aquellos tipos penales que generan una afectación a los recursos naturales y al incumplimiento de permisos y obligaciones de ordenación del territorio.
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¿Cómo puede ayudar un abogado penalista?

El abogado penalista puede ayudar a las empresas de diversas maneras, según el momento y la situación en que se encuentre:
– Asesoría preventiva: la mejor defensa es prevenir el delito, mediante la implementación de un sistema de gestión de Compliance Penal o contando con el apoyo y asesoría de abogados penalistas que informen adecuadamente a la organización y a sus miembros de la naturaleza de determinadas decisiones, de sus obligaciones legales, especialmente en conductas relacionadas con la gestión diligente de la sociedad y su patrimonio. En este sentido, adquiere cada vez mayor relevancia el rol del abogado penalista como asesor en la vida ordinaria de las empresas y organizaciones.
– Due Dilligence: la responsabilidad penal de la persona jurídica se traslada a aquellas empresas con que se vincula en el caso de una fusión o una absorción, lo que obliga a las organizaciones a extremar las medidas de diligencia debida antes de suscribir cualquier transacción de M&A.
– Asistencia al Representante procesal de la Persona Jurídica: cuando una organización es imputada por la comisión de un delito, debe designar a una persona que la represente en el proceso judicial. La labor del abogado penalista es asistir judicialmente al representante para garantizar el respeto de los derechos y garantías de la organización.
– Asesoría en Investigaciones Penales: Antes de que un proceso llegue a fase judicial, las organizaciones pueden verse involucradas en investigaciones iniciadas por la Fiscalía y requerir el apoyo y soporte de abogados penalistas expertos. La forma en que es obtenida la información es fundamental para que la evidencia sea válida en el juicio.
– Acusación particular: La comisión de delitos patrimoniales o económicos puede afectar los derechos legítimos de personas físicas y jurídicas, que podrán reclamar civil y penalmente a los responsables. En Garberí Penal representamos a los afectados ejerciendo la acusación particular ante los tribunales penales.

Casos de referencia en delitos de empresa.

Aunque en las empresas no siempre se percibe el riesgo de comisión de delitos, no son pocas las personas jurídicas que, por responsabilidad propia o de quienes actúan en su nombre, se han visto involucradas en investigaciones. Clubes de fútbol, bancos, constructoras, despachos de abogados y empresas de servicios, entre otras, han vivido procesos penales culminados en condenas que van desde el pago de multas millonarias hasta prisión para los autores.
En Garberí Penal trabajamos estrechamente con peritos, auditores, economistas y abogados de empresa altamente cualificados y especializados en conflictos mercantiles, como apoyo en los casos que lo requieran.