Condenada una empresa por delito Fiscal

marzo 26, 2018

 

En sentencia 99/2018 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, se ha condenado a una empresa -además del administrador- por delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Deberá pagar una multa de 890.000€.

La empresa que cometió el ilícito se acogió a un régimen fiscal distinto al que le correspondía, obteniendo un beneficio de más de 445.000 euros, superior al monto previsto en el Código Penal para la defraudación fiscal (120.000 euros).

Por lo tanto, la empresa condenada deberá pagar la cifra indicada, además de quedar inhabilitada para recibir subvenciones o ayudas públicas, ni beneficios fiscales o de la Seguridad Social por un período de cuatro años.

Puede consultar la sentencia completa en este enlace.

¿Cómo prevenir este tipo de sanciones?

Las multas impuestas conforme a lo previsto en el Código Penal pueden ser del doble de la suma defraudada, además de las costas judiciales, el daño reputacional y la obligación de pagar el monto adeudado a Hacienda, junto a los intereses de mora.

Un sistema de gestión de Compliance Penal permite a las empresas establecer mecanismos para detectar y prevenir la comisión de delitos. Todas las empresas que, por su elevado nivel de facturación, estén obligadas a tributar montos superiores a 120.000 euros, corren el riesgo de ser sancionadas por supuestos relacionados con la defraudación si la tributación no es correcta, sea por error, sea por acogerse a un régimen que no es el aplicable, o sea con intención de alguna de las personas que participa en la gestión contable y la fiscalidad.

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El rol del abogado penalista en el siglo XXI

abril 11, 2017

TIMES ARE CHANGING. Lo decían Dylan en el 64 y también Prince, en el 84: Times are changing.

Hasta hace bien poquito la figura del abogado penalista en nuestra sociedad carecía de buena imagen. Normalmente, porque existía la percepción de que quien acudía a sus servicios estaba de fango hasta el cuello hasta el punto de asociarse dicho ámbito de la profesión con el escalón más bajo de la sociedad.

El abogado penalista ha sido, tradicionalmente, percibido como el escudero de atracadores, homicidas, traficantes de droga o agresores sexuales. Y, los delincuentes de «Cuello Blanco», aquellos cuyo ámbito de confort son los delitos económicos de gran calado -estafas, evasión fiscal, blanqueo de capitales- no hacían gala tampoco de contar con los servicios de un buen abogado penalista, obviamente, más que en aquellos momentos en que tenían que desfilar por el juzgado.

Johnnie Cochran, penalista de trayectoria en Estados Unidos y fundador de una de las Firmas de Abogados más reconocidas de Los Ángeles, se hizo famoso en 1994, por asumir la defensa penal de OJ Simpson, en el juicio por el presunto homicidio de su ex esposa. Y tan duro es el oficio del penalista que aun tras un resultado judicial exitoso, tuvo que enfrentarse al reproche de parte de la sociedad.

Continua con la lectura en: El rol del abogado penalista en el siglo XXI.

Alex Garberí es Fundador y Director del Área de Derecho penal y Compliance de Garberí PenalPara la implementación de sistemas de gestión de Compliance Penal, por favor contacte con nuestros expertos o comuníquese al 937 004455 de 09:00 a 19:00, de Lunes a Viernes.

 

Primera condena por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales (II)

julio 25, 2016

85

El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección 4ª, de fecha 29 de enero de 2016, en causa seguida por delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a la víctimas del terrorismo. STS 623/2016, de 13 de julio. 

 

STS 623/2016, de 13 de julio de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 291/2016

Nº de Resolución: 623/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Julián Artemio Sánchez Melgar.

 

Los hechos enjuiciados se refieren a la difusión de una serie de mensajes con un contenido propio del denominado “Discurso del Odio”, mediante la técnica de comunicación pública denominada “twitter” -una variedad de la mensajería instantánea con acceso abierto- y que han sido expresamente admitidos por su autora desde un inicio.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

  • Acerca del análisis jurídico de los elementos típicos del art. 578 C.P.

 

En palabras del art. 578 del Código Penal -redacción vigente al tiempo de los hechos enjuiciados- en el que la Sala de instancia fundamenta la condena del recurrente:

 

El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años. El Juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que el mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57 de este Código”.

 

La STS 224/2010, de 3 de marzo, confirma que tal precepto viene a sancionar como delito dos conductas claramente diferenciables y ambas relacionadas con el terrorismo: por un lado, “el enaltecimiento o justificación del terrorismo o sus autores”; por otro, “la realización de actos en desprecio, descrédito o humillación de las víctimas de delitos terroristas”, figura ésta que cuenta con perfiles propios, definidos y distintos de la anterior.

Para la STS 656/2007, de 17 de julio, el primer inciso del párrafo del tipo que analizamos ubica la apología propiamente dicha, definida como “enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución”. Se apunta en dicha resolución, que el precepto corresponde a la “ratio legis” de reforzar la tutela en los delitos de terrorismo, sancionando conductas que “no son terroristas “per se”, pero que les favorecen en cuanto significan apoyo a estas graves infracciones punibles”.

 

Esta misma sentencia considera, por otro lado, que el segundo inciso de este tipo penal reputa punible un supuesto por completo diferente, como es “la realización de actos que entrañen descrédito (esto es, disminución o pérdida de la reputación de las personas o del valor y estima de las cosas), menosprecio (equivalente a poco aprecio, poca estimación, desprecio o desdén) o humillación (herir el amor propio o dignidad de alguien, pasar por una situación en la que la dignidad de la persona sufra algún menoscabo) en las víctimas de los delitos terroristas o en sus familiares”; es decir, “conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas, al tiempo que incrementan el horror de sus familiares”.

 

La humillación o desprecio a las víctimas afecta directamente “al honor como víctimas y, en último término, a su dignidad”, valores que tienen reconocida relevancia en la Carta Magna (arts. 18.1 y 10 CE).

 

En consecuencia, tampoco en este caso ni el ejercicio de la libertad ideológica ni la libertad de expresión pueden servir de cobertura “a la impune realización de actos o exteriorización de expresiones que contengan un manifiesto desprecio hacia las víctimas del terrorismo en tal grado que conlleve su humillación”.

 

Tal razonamiento recién expuesto, entraña la necesidad de que el enjuiciamiento se traslade a un plano en el que el Juez penal deba examinar “si los hechos exceden los márgenes del ejercicio de los derechos fundamentales que en ellos se protegen”, ya que, de llegar a esa conclusión, la acción penal no podría prosperar, puesto que las libertades del art. 20.1 a) y d) C.E “operarían como causas excluyentes de la antijuridicidad de esa conducta” (STC 104/1986, de 13 de agosto , reiterada en las SSTC 105/1990, de 6 de junio ; 85/1992, de 8 de junio ; 136/1994, de 9 de mayo ; 297/1994, de 14 de noviembre ; 320/1994, de 28 de diciembre ; 42/1995, de 18 de marzo ; 19/1996, de 12 de febrero ; o 232/1998, de 30 de diciembre).

 

No cabe entender, por tanto, que los hechos probados puedan ser a un mismo tiempo valorados “como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito” (SSTC 2/2001, de 15 de enero; 185/2003, de 27 de octubre).

 

Esta misma Sala ha afirmado en otros fallos (STS 752/2012, de 3 de octubre) que “mientras que el delito de enaltecimiento del terrorismo exige publicidad, (“… por cualquier medio de expresión pública o difusión…“), no ocurre lo mismo en el tipo de humillación a las víctimas de aquél” (“… o la realización de actos que entrañen descredito, menosprecio o humillación de las víctimas…“).

Primera condena por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales (I)

julio 25, 2016

86

El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección 4ª, de fecha 29 de enero de 2016, en causa seguida por delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a la víctimas del terrorismo. STS 623/2016, de 13 de julio.

 

STS 623/2016, de 13 de julio de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 291/2016

Nº de Resolución: 623/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Julián Artemio Sánchez Melgar.

 

Los hechos enjuiciados se refieren a la difusión de una serie de mensajes con un contenido propio del denominado “Discurso del Odio”, mediante la técnica de comunicación pública denominada “twitter” -una variedad de la mensajería instantánea con acceso abierto- y que han sido expresamente admitidos por su autora desde un inicio.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

  • Acerca de la trascendencia jurídica del concepto “Discurso del Odio” en la doctrina de los Derechos Fundamentales.

 

Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (v.gr. SSTEDH de 8 de julio de 1999, SÜREK vs. Turquía, y de 4 de Diciembre de 2003, MÜSLÜM vs. Turquía), como nuestro Tribunal Constitucional (STC 235/2007, de 7 de noviembre) y esta misma Sala (STS 812/2011, de 21 de julio) entienden que el castigo del enaltecimiento del terrorismo persigue la justa interdicción de lo que vienen denominando “discurso del odio”: alabanza o justificación de acciones terroristas.

 

Derechos fundamentales, como la libertad de expresión (art. 20 CE) o la libertad ideológica (art. 16 CE), no amparan tales comportamientos, pues el terrorismo constituye “la más grave vulneración de los derechos humanos de la comunidad que lo sufre”, sustentado por un discurso que se basa “en el exterminio del distinto, en la intolerancia más absoluta, en la pérdida del pluralismo político, y, en definitiva, en generar un terror colectivo que sea el medio con el que conseguir esas finalidades( STS 224/2010, de 3 de marzo ).

 

Conviene apuntar, que no se trata de criminalizar opiniones discrepantes sino de combatir actuaciones dirigidas a la promoción pública de quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y daño en la paz de la comunidad con sus actos criminales, atentando contra el sistema democrático establecido” (STS 676/2009, de 5 de junio).

 

En sentencias recientes de esta Ilustre Sala (STS 846/2015, de 30 de diciembre) se expone que la humillación o desprecio a las víctimas, por su parte, “afecta directamente, a su honor y, en definitiva, a su dignidad” (arts. 18.1 y 10 CE), al mismo tiempo que la libertad ideológica o de expresión no pueden ofrecer cobijo “a la exteriorización de expresiones que encierran un injustificable desprecio hacia las víctimas del terrorismo, que conllevan a su humillación”.

 

Mientras que la libertad ideológica no tiene más limitación, en sus manifestaciones, que la necesariapara el mantenimiento del orden público protegido por la Ley(art. 16.1 CE), la libertad de expresión encuentra su frontera “en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan, y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia(art. 20.4 CE).

 

En esta línea, cabe asegurar que determinadas restricciones a la libertad de expresión pueden ser “legítimas e incluso hasta necesarias ante conductas que pueden incitar a la violencia, o, como sucede en la humillación a las víctimas, provocar un especial impacto sobre quien las sufre en un contexto terrorista” (539/2008, de 23 de septiembre).

 

  • Acerca del fundamento jurídico de la dosimetría penal aplicable al caso en concreto.

La sentencia recurrida no hace sino asumir acríticamente la petición del Ministerio Fiscal, que era la máxima penalidad imponible; y ello –según detalla- porque todas las conductas punibles reflejadas en el art. 578 del Código Penal, “fueron perpetradas por la acusada de forma reiterada y firme”.

 

Sin embargo, la Sala de instancia no tuvo en cuenta que este delito no puede ser sancionado en continuidad delictiva, por tratarse el tipo que lo define de un “concepto global que abarca diversos grados de ilicitud”, aunque se trate de acciones reiteradas de humillación a las víctimas del terrorismo.

 

Este tipo de acciones, materializadas en desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta de aquellas personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y cuya dignidad debe ser protegida, han de ser castigadas con “una pena proporcionada tanto al desvalor de la conducta como a las condiciones personales de la persona infractora”.

 

Por tanto, la pena a imponer deberá de atender, por un lado, “a las expresiones que conforman el tipo objetivo del delito”; y por el otro -y de forma sustancial- “a la personalidad y en este caso juventud de la autora de esta infracción criminal”.

 

Destacar además, que la LO 2/2015, de 30 de marzo, al modificar el art. 578 del C.P, elevó su penalidad. Concretamente, de uno a tres años de prisión más una multa de doce a dieciocho meses, aumentando las penas a su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante “la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información”, como ha sucedido en este caso.

 

Por todo lo anterior, esta Sala entiende ajustado a derecho casar la sentencia recurrida y “decretar una penalidad más proporcionada a las condiciones personales del culpable”.

 

Lectura Recomendada: Las redes sociales antes, durante y después de la masacre en París 

Art. 31 bis c.p: responsabilidad penal persona jurídica vs responsabilidad penal persona física.

julio 7, 2016

El Tribunal Supremo desestima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección 3ª, de fecha 14 de abril de 2015, en causa seguida por delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente. STS 516/2016, de 13 de junio.

 

STS 516/2016, de 13 de junio de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 1765/2015

Nº de Resolución: 516/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Andrés Martínez Arrieta.

 

A fin de ubicar la cuestión de fondo debatida en el recurso, señalar que por el recurrente se denuncia un error de derecho por la inaplicación, al hecho probado, del art. 31 bis C.P. Sostiene el mismo que ha sido condenado por ser el Consejero Delegado de la empresa CATISA -persona jurídica a quien se debió imputar el hecho delictivo- por lo que entiende que es de aplicación el art. 31 bis del C.P al considerar que no es él el autor sino la persona jurídica, y que la responsabilidad declarada en la sentencia es por ser representante legal de la misma.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

  • Acerca del fundamento jurídico de la determinación de la autoría definitoria del tipo de autor en el ámbito de las personas jurídicas

 

Expone la Sala al inicio referenciada, que como al momento de comisión de los hechos investigados -de junio de 1997 a febrero de 2009- no se había promulgado el precepto penal relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas, no existió “una imputación relativa a la misma desde la acusación ni tampoco esa responsabilidad formó parte del objeto del proceso”; es decir, no cabe la pretensión de la recurrente porque:

 

“a) ni el precepto denunciado como inaplicado estaba en vigor; b) ni se formuló acusación contra la persona jurídica durante el transcurso del proceso”.

 

Pero es más, ni habiéndose ejercido la acción penal contra la persona jurídica -salvando antes, eso sí, el principio de legalidad y acusatorio- la redacción del precepto excluye la responsabilidad de la persona física que la representa “si concurren en él los elementos de la autoría precisos para la imputación y la subsunción de su conducta en la norma”.

 

El relato fáctico constata como probado un comportamiento típico en el acusado consistente en “no hacer nada para evitar o disminuir, pudiendo hacerlo y con conocimiento de la obligación de actuar inherente al cargo que ostentaba en la misma -consejero delegado-, los efectos y daños ecológicos que causó la industria que dirigía”; comportamiento personal que es “imputable al mismo y del que surge la responsabilidad penal”.

 

Por tanto, en el presente caso no se condena al recurrente por ser el representante legal de CATISA, sino por no actuar las facultades que le correspondenen favor del bien jurídico tutelado con conocimiento de la situación generadora del deber y con posibilidad de hacerlo”.

 

El delito objeto de condena es doloso y esta tipicidad subjetiva se integra por “la acreditación de la intencionalidad o por la representación del riesgo y la continuación en la acción” (STS 916/08, de 30 de diciembre). Situación ésta última, que debe resultar acreditada “por prueba directa o inferida de elementos objetivos acreditados” que permitan afirmar que conoce el peligro generado por su acción y no adopta ninguna medida para evitar la realización del tipo.

 

La Sala entiende el art. 31 bis C.P como una cláusula de determinación de la autoría definitoria del tipo en las personas jurídicas, señalando los presupuestos que han de concurrir para la declaración de persona jurídica como autora del delito:

 

La acreditación de un delito cometido por persona física -representantes legales o por empleados –en nombre o por cuenta de una persona jurídica o en el ejercicio de las actividades sociales en beneficio directo o inmediato de la persona jurídica, y que por ésta no hayan adoptado las medidas de organización y gestión necesarias, que incluyen medidas de vigilancia y control de los posibles resultados típicos que en el ejercicio de la actividad de la persona jurídica se puedan realizar”.

 

Para concluir, termina señalando que en el diseño de esta imputación a título de autor del delito a la persona jurídica, el legislador ha optado por un sistema vicarial, “siendo independiente la responsabilidad penal de la persona física y de la jurídica (art. 31 ter C.P), respondiendo cada una de ellas de su propia responsabilidad”.

 

Esta última conclusión, sin embargo, suscita un interesante debate por la polémica que supone la colisión directa del planteamiento con lo promulgado en fechas anteriores, por un lado, por la Exposición de Motivos de la L.O 1/2015, apartado III, y por el otro, con la STS de 29 de febrero de 2016, ponente Maza y Martín, acerca de la no concurrencia de un régimen de responsabilidad vicarial y el esfuerzo que conlleva la superación de tal ideario.

 

Jurisprudencia obtenida desde la página web oficial del Poder Judicial www.poderjudicial.es

Revelación de secretos: ilícito penal vs ilícito administrativo

julio 3, 2016

El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 10ª, de fecha 16 de septiembre de 2015, en causa seguida por delito de descubrimiento y revelación de secretos. STS 509/2016, de 10 de junio.

 

STS 509/2016, de 10 de junio de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 1958/2015

Nº de Resolución: 509/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Carlos Granados Pérez.

 

A fin de ubicar la cuestión de fondo debatida en el recurso, señalar que por el recurrente se denuncia la existencia de diferencias esenciales entre los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida y el relato fáctico del Ministerio Fiscal, al que se adhirió la Abogacía del Estado, y que daría lugar en todo caso, a la aplicación del art. 417 C.P, que no del art. 197.2 C.P instado en dicha sentencia.

 

Si bien, solicita asimismo la absolución por tal delito, entre otras razones, por entender que por la escasa relevancia del hecho no pasaría de ser un ilícito administrativo (extremo éste finalmente considerado por la Sala para dictar la absolución de la recurrente).

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

  • Acerca de la doctrina jurisprudencial en materia de derecho de defensa y principio acusatorio.

 

El Tribunal Constitucional, sentencia 33/2003, de 13 de febrero, recuerda que en el marco del derecho a un proceso equitativo, el derecho a ser informado de la acusación –postulado del derecho de defensa- determina que “la información a la que tiene derecho el acusado tiene por objeto los hechos considerados punibles”, de modo que sobre ellos “recae primariamente la acusación y versa el juicio contradictorio en la vista oral, así como la calificación jurídica de tales hechos”.

 

En materia de principio acusatorio, la STC 354/2012, de 3 de mayo, considera que el proceso penal está integrado por un sistema complejo de garantías vinculadas entre sí, que imponen “la necesidad de que la condena recaiga sobre los hechos que se imputan al acusado”, toda vez que el juzgador no puede excedersede los términos en que viene formulada la acusación o apreciar hechos o circunstancias que no han sido objeto de consideración en la misma, ni sobre los cuales el condenado ha tenido ocasión de defenderse de manera contradictoria”.

 

Se constata, por tanto, el “deber de correlación entre la acusación y el fallo de las sentencias” (entre otras, STS 95/1995 que cita la 11/1992).

 

En esta misma línea, la STS 53/1987 añade que el principio acusatorio “admite y presupone el derecho de defensa del imputado”, y, consecuentemente, “la posibilidad de contestación o rechazo de la acusación (contradicción)”; es decir, conocer los argumentos de la otra parte, manifestar ante el Juez los propios, e indicar los elementos fácticos y jurídicos que constituyen su base.

 

Concretamente, se exige que la acusación quede “perfectamente perfilada fáctica y jurídicamente” cuando se plasma en los escritos de calificación o acusación (STC 75/2006). Así, esta Sala viene declarando que la acusación ha de ser “precisa y clara respecto del hecho y del delito por el que se formula”, mientras que la sentencia ha de ser “congruente con tal acusación”, sin introducir ningún elemento nuevo “del que no hubiera existido previamente posibilidad de defenderse” (STS 7 diciembre 1996).

 

Como cierre de esta cuestión, destacar lo precisado en esta materia por la Sentencia de 26 de febrero de 1994:

 

“a) Que sin haberlo solicitado, la acusación no puede introducir elementos contra reo de ninguna clase; b) Que el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo; c) Que el inculpado tiene derecho a conocer temporáneamente y oportunamente el alcance y contenido de la acusación a fin de no caer en completa indefensión; y d) Que el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito distinto o circunstancia penológica diferente a las que fueron objeto del debate procesal y sobre la que no haya oportunidad de informarse y manifestarse el acusado”.

 

  • Acerca del fundamento jurídico de la delimitación entre el ilícito penal y el ilícito administrativo de revelación de secretos.

 

Según STS 114/2009, de 13 de julio, y en consonancia con lo dispuesto en la STS de 30 de septiembre de 2003, el bien jurídico protegido por la norma es –con carácter general- “el buen funcionamiento de las Administraciones Públicas, y, en definitiva, el bien común como objetivo prioritario del desempeño de la actividad de los funcionarios que las integran”.

 

Junto a lo anterior, y estrechamente ligado con la premisa postulada, también se entiende por la presente Sala que el bien tutelado por el tipo consiste en impedir que la revelación de secretos e informaciones no divulgablesirrogue un perjuicio de mayor o menor relevancia en los servicios que la Administración presta a sus ciudadanos”.

 

Por otro lado, esta Sala viene declarando que el quebrantamiento del deber de sigilo y discreción que se impone al funcionario público por el art. 80 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, constituiría una infracción administrativa o un ilícito penal “según la relevancia del hecho”.

Así, “cuando la infracción de tal deber ocasione un perjuicio de menor entidad a la causa pública”, la conducta permanecerá en el ámbito de la infracción administrativa (potestad sancionadora de la Administración) –art. 7.1 j– del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.

 

Por el contrario, “si el daño generado al servicio público –o a un tercero- adquiera una cierta relevancia”, dicha conducta desbordará el marco de la ilicitud administrativa para integrar un ilícito penal incardinable en el art. 417 C.P.

 

Podemos afirmar, por tanto, que en la determinación de la entidad del perjuicio y en la relevancia mayor o menor de la información revelada, radica la aplicación del “principio de intervención mínima del Derecho Penal o de última ratio”.

Partícipe a título lucrativo: Aproximaciones Jurisprudenciales

junio 25, 2016

El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 5ª, de fecha 30 de abril de 2015, en causa seguida por delito de estafa. STS 256/2016, de 1 de abril.

 

STS 256/2016, de 1 de abril de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 1315/2015

Nº de Resolución: 256/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Andrés Martínez Arrieta.

 

A fin de ubicar la cuestión de fondo debatida en el recurso, señalar que la impugnación de ambas acusaciones -pública y particular- tiene un contenido patrimonial dirigido contra la absolución de la pretensión de indemnización solicitada respecto a los partícipes lucrativos por las ganancias obtenidas. Extremo éste, que se materializa en el motivo casacional del error de derecho por la inaplicación del art. 122 del C.P.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

  • Acerca del fundamento jurídico de los elementos típicos del art. 122 C.P

 

El art. 122 del Código penal dispone la obligación de restituir la cosa o de resarcir el daño -hasta la cuantía de su participación- “a quien por título lucrativo hubiera participado de los efectos de un delito”.

 

En interpretación jurisprudencial de ese precepto, se ha declarado que el mismo se trata de una obligación de resarcimiento, que tiene su fundamento en que “nadie debe enriquecerse indebidamente en virtud de un negocio jurídico que se deriva de una causa ilícita, en perjuicio de una víctima de un hecho delictivo” (entre otras, STS 532/2000 de 30 de marzo).

 

Por tanto, no estamos ante un supuesto de responsabilidad por la participación en un delito, sino de aplicar -en el proceso penal- la nulidad de los contratos que tienen causa ilícita, “excluyendo de esa responsabilidad civil a quien haya adquirido una cosa de buena fe y a título oneroso, pues, en esos casos, título oneroso y buena fe, hacen que su posición deba ser respetada”.

 

La denominada receptación civil hace referencia a la obligación de restituir, o de resarcir, “respecto de ganancias obtenidos a título lucrativo de bienes procedentes de un delito”. Y ello, dada la propia literalidad del art. 122 “(…) hubiere participado de los efectos de un delito“, que hace referencia a un “enriquecimiento o un aprovechamiento de los efectos de un delito a título lucrativo, no oneroso”, con el límite del beneficio obtenido.

 

Dicha obligación -de resarcir lo indebidamente aprovechado cuando tenga su origen en un hecho delictivo y la adquisición sea a título lucrativo-, requiere de:

 

“a) La existencia de una persona que haya participado en los efectos de un delito, rellenándose esa exigencia en el aprovechamiento a título lucrativo; b) Que no haya sido condenado por la responsabilidad penal en el delito del que se generan los bienes, ya que es un aprovechamiento civil; c) El aprovechamiento o la participación en los efectos del delito, ha de ser a título lucrativo” (STS 814/2011 de 15 de julio).

 

Asimismo, se añade que “no es preciso el conocimiento de la ilícita procedencia  -junto a la recepción material- pues ello podría dar lugar a una responsabilidad penal”. No hay que olvidar que el art. 122 C.P se refiere a una cuestión meramente civil.

 

Adecuando lo anterior al caso que nos concierne, destacar que lo relevante -a los efectos de la consideración de partícipes lucrativos- es que los acusados “recibieron en sus cuentas bancarias las cantidades que se relacionen en el hecho delictivo y dispusieron de las mismas incorporándolas a su patrimonio personal”. Todo ello, sin referencia alguna a la existencia “de un negocio oneroso previamente existente, que haría respetable su posición”.

Aspectos procesales en el delito contra el medio ambiente

junio 12, 2016

Delito contra el Medio Ambiente

El Tribunal Supremo desestima el recurso de Casación promovido por el Ministerio Fiscal, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 2ª, de fecha 6 de noviembre de 2015, en causa seguida por delito contra el medio ambiente. STS 453/2016, de 25 de mayo.

 

STS 453/2016, de 25 de mayo de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 85/2016

Nº de Resolución: 453/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Joaquín Giménez García.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

  • Acerca de la necesaria subsunción de los elementos fácticos de imputación del tipo penal en el escrito de conclusiones definitivas

 

La discusión que se plantea en instancia casacional gira en torno a determinar si el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación definitiva solicitó expresamente la aplicación del tipo agravado de riesgo de grave perjuicio para la salud, y, en consecuencia, “si en el relato que efectuó se refiere a este hecho con la concreción y especificación necesaria”.

 

Una vez examinado el escrito de conclusión provisional que se elevó a definitivo, se puede comprobar que mientras que en el relato de hechos que se efectuó se narró con extensión y concreción “tanto los vertidos y los perjuicios al terreno y a las aguas, así como la explotación clandestina de la empresa, no se efectuó un relato fáctico relativo al riesgo de grave perjuicio para la salud”.

 

Se hace evidente el pensar que la fugaz y genérica cita “….y potencialmente para la salud humana.” no cubre las exigencias de que se calificara por el Ministerio Fiscal el delito ecológico “en el tipo agravado de riesgo de grave perjuicio que exige el tipo”.

 

En definitiva, se constata que el Ministerio Fiscal puso el énfasis en su calificación definitiva en la clandestinidad de la instalación, lo que le llevó a obviar este tipo penal del art. 326 C.P y a intentar injertar en su recurso la calificación del tipo agravado, extremo este “sobre el que no existió acusación, y no existió debate en el Plenario como se acredita con la lectura del acta del Plenario”.

 

Para terminar, en línea con todo lo razonado en párrafos anteriores se puede concluir que la condena por tal tipo agravado -como se pretende por parte de la Fiscalía- supondría sin género alguno de duda “una violación del principio acusatorio al no haberse formulado acusación concreta y específica por tal delito, ni planteado prueba por parte de la defensa -en definitiva, no hubo un debate contradictorio en el Plenario-“.

 

Por lo tanto, de hacerse efectiva la petición del Ministerio Fiscal se generaría “una evidente indefensión con alcance constitucional, además de la vulneración del principio acusatorio, lo cual traería como consecuencia la no existencia de congruencia entre lo acusado y lo condenado”.

Estafa impropia. Vinculación de la condena a la acusación solicitada en las conclusiones definitivas

junio 11, 2016

El Tribunal Supremo desestima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 10ª, de fecha 25 de mayo de 2015, en causa seguida por delito de estafa impropia. STS 456/2016, de 25 de mayo.

 

STS 456/2016, de 25 de mayo de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 1726/2015

Nº de Resolución: 456/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Pablo Llarena Conde.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

  • Acerca del fundamento jurídico de los elementos típicos del art. 251.2 C.P

 

La doctrina sentada de esta Sala, (1809/2000 de 24 de noviembre), considera los delitos del art. 251 CP como modalidades de estafa impropia, en el sentido de que para su punición “no es necesario que concurran todos los elementos que componen la definición de la estafa del artículo 248 CP”. Se trata, así, de delitos específicos con un contenido autónomo.

 

Concretamente, el artículo 251.2 del Código Penal sanciona al que habiendo enajenado una cosa mueble o inmueble como libre, “la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste o de un tercero“.

Mientras que, por un lado, el tipo objetivo requiere que el sujeto “se atribuya sobre un bien facultades de las que carece y que realice en perjuicio de tercero algún acto de disposición” (como es la hipoteca), el tipo subjetivo se satisface “conociendo el sujeto que efectivamente carece de las facultades que se atribuye y pese a ello dispone del bien de que se trate” (STS 226/2012 de 29 de marzo).

De un modo más conciso, el tipo delictivo analizado exige los siguientes requisitos (STS 203/2006, de 28 de febrero):

 

“1º. Que haya existido una primera enajenación.

2º. Que sobre la misma cosa antes enajenada haya existido un segundo acto de disposición como es la hipoteca y que este segundo acto dispositivo tenga lugar antes de que el primer adquirente se encuentre en una posición jurídica que impida al anterior titular realizarlo.

3º. Una actuación en perjuicio de otro.

4º. Además, ha de concurrir el dolo, consistente en este caso en haber actuado los recurrentes con conocimiento de la concurrencia de esos tres requisitos objetivos antes expuestos, esto es, de la existencia de la enajenación, de la realización del posterior acto de gravamen ajeno a la voluntad de los nuevos propietarios y del mencionado perjuicio que necesariamente encajaban”.

 

  • Acerca del fundamento de la sujeción de la condena a la pretensión punitiva concretada en el escrito de conclusiones definitivas

 

La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo (STS 609/2007, de 10 de julio, entre muchas otras) identifica el escrito de conclusiones definitivas como “el instrumento procesal con que cuentan las acusaciones para concretar la pretensión punitiva que ha de resolver el órgano de enjuiciamiento”; destaca, a su vez, que una supuesta fijación de la acusación en el escrito de calificación provisional, “no sólo vaciaría de sentido las previsiones legislativas contenidas en los artículos 732 y 788.4 LECRIM, sino que tornaría inútil la actividad probatoria practicada en el juicio oral” (STS 284/2001 de 28 de febrero).

 

De este modo, se entiende que la calificación provisional no vincula de manera absoluta al Tribunal Sentenciador, y quees el escrito de conclusiones definitivas el que sirve de referencia para evaluar la congruencia del fallo” (SSTS 1/98 de 12 de enero y 13 de febrero de 2003).

 

Sin embargo, tal vinculación encuentra su excepción cuando el Tribunal venga a condenar “por delito distinto del que es objeto de acusación definitiva, por existir homogeneidad entre ambos y siempre que no implique una pena de superior gravedad” (ver por todas STS 600/2009, de 5 de junio), pues, como también indica el TC en su sentencia 155/2009 de 25 de junio:

 

La sujeción de la condena a la acusación no puede ir tan lejos como para impedir que el órgano judicial modifique la calificación de los hechos enjuiciados en el ámbito de los elementos que han sido o han podido ser objeto de debate contradictorio. No existe infracción constitucional si el Juez valora los hechos y los calibra de modo distinto a como venían siéndolo, siempre, claro, que no se introduzca un elemento o dato nuevo al que la parte o partes, por su lógico desconocimiento, no hubieran podido referirse para contradecirlo en su caso” (STC 10/1988, FJ 2).

 

En este sentido, el órgano judicial, si así lo considera, “no está vinculado por la tipificación o la imputación que en la acusación se verifique” (STC 11/1992, FJ 3).

 

Por tanto, en esta misma línea, la jurisprudencia de esta Sala entiende inapreciable este quebranto de tutela judicial por el hecho de que “las conclusiones definitivas incorporen una calificación típica distinta -incluso más grave- de la inicialmente formulada”, pues el propio artículo 788.4 LECRim posibilita el mecanismo procesal de contradicción y protección del derecho de defensa al establecer que “cuando, en sus conclusiones definitivas, la acusación cambie la tipificación penal de los hechos o se aprecien un mayor grado de participación o de ejecución o circunstancias de agravación de la pena, el Juez o Tribunal podrá considerar un aplazamiento de la sesión, hasta el límite de diez días, a petición de la defensa, a fin de que ésta pueda preparar adecuadamente sus alegaciones y, en su caso, aportar los elementos probatorios y de descargo que estime convenientes”.

 

Del mismo modo, tampoco cabe tal quebranto cuando las partes mantienen los hechos y su calificación primera, viniendo a añadir de manera alternativa una propuesta de tipicidad diferente, en los términos expresamente previstos en el artículo 732 LECRim, que dispone que “una vez practicada la prueba, las partes podrán modificar las conclusiones de los escritos de calificación, añadiendo que en las conclusiones definitivas podrán formularse en forma alternativa, según lo dispuesto en el art. 653”.

Aproximaciones jurisprudenciales acerca del delito de receptación

junio 5, 2016

El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 9ª, de fecha 25 de septiembre de 2015, en causa seguida por delitos de robo con fuerza en las cosas en casa habitada y receptación. STS 429/2016, de 19 de mayo de 2016

 

STS 429/2016, de 19 de mayo de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 10872/2015

Nº de Resolución: 429/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Ana María Ferrer García.

 

A fin de ubicar la cuestión de fondo debatida en el recurso, señalar que la parte recurrente denuncia que no ha quedado acreditado que conociera que las joyas que reconoce que vendió en un establecimiento de los que compran oro procedieran de un delito contra el patrimonio, ni que las recibiera con el propósito de obtener un beneficio económico.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

  • Acerca del fundamento jurídico de los elementos típicos del art. 2 C.P

 

La doctrina consolidada de esta Sala establece que el delito de receptación en su modalidad básica requiere de tres requisitos:

 

“a) Un elemento cognoscitivo normativo, consistente en obrar con conocimiento de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico; b) un elemento comisivo, formulado en manera alternativa y que se predica de quien ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos de ese delito o de quien reciba, adquiera u oculte tales efectos, que implica a su vez un elemento subjetivo del injusto: actuar con ánimo de lucro; y c) un elemento negativo, integrado por la circunstancia de que el sujeto activo no haya intervenido ni como autor ni como cómplice en el delito previo”.

 

De los elementos recién expuestos se puede deducir que nos encontramos ante un delito necesariamente doloso, que puede ser cometido tanto por dolo directo -“el receptador lleva a cabo su actuación conociendo con plena seguridad la procedencia ilícita de los efectos”-; como por dolo eventual -“el receptador realiza sus actos a pesar de haberse representado como altamente probable que los efectos tienen su origen en un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico-.

Recuerdan la STS 57/2009 de 2 de febrero; 448/2009 de 24 de abril o 476/2012 de 12 de junio, que “al ser el conocimiento del origen ilícito un elemento subjetivo del tipo de naturaleza psicológica”, su acreditación habrá de establecerse normalmente “por inducción a través de inferencias lógicas o inequívocas, a partir de datos objetivos o de circunstancias materiales acreditadas”, entre las que destacan las siguientes:

 

La irregularidad de la compra, o el precio vil, es decir, la compra del objeto por precio desproporcionadamente inferior al de mercado; la falta de verosimilitud de la versión facilitada para justificar la posesión de los efectos; la clandestinidad de la adquisición, o la personalidad del adquirente acusado y de los vendedores o transmitentes de los bienes, entre otros elementos indiciarios”.

 

Para concluir, puntualizar que tal conocimiento “no implica el de todos los detalles o pormenores del delito antecedente, ni el “nomen iuris” que se le atribuye, pero si su rango de delito”. No basta tampoco “la simple sospecha de su procedencia ilícita, sino la seguridad o alta probabilidad de la misma que como hecho psicológico ha de inferirse por hechos externos”.