Aspectos procesales en el delito contra el medio ambiente

junio 12, 2016

Delito contra el Medio Ambiente

El Tribunal Supremo desestima el recurso de Casación promovido por el Ministerio Fiscal, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 2ª, de fecha 6 de noviembre de 2015, en causa seguida por delito contra el medio ambiente. STS 453/2016, de 25 de mayo.

 

STS 453/2016, de 25 de mayo de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 85/2016

Nº de Resolución: 453/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Joaquín Giménez García.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

  • Acerca de la necesaria subsunción de los elementos fácticos de imputación del tipo penal en el escrito de conclusiones definitivas

 

La discusión que se plantea en instancia casacional gira en torno a determinar si el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación definitiva solicitó expresamente la aplicación del tipo agravado de riesgo de grave perjuicio para la salud, y, en consecuencia, “si en el relato que efectuó se refiere a este hecho con la concreción y especificación necesaria”.

 

Una vez examinado el escrito de conclusión provisional que se elevó a definitivo, se puede comprobar que mientras que en el relato de hechos que se efectuó se narró con extensión y concreción “tanto los vertidos y los perjuicios al terreno y a las aguas, así como la explotación clandestina de la empresa, no se efectuó un relato fáctico relativo al riesgo de grave perjuicio para la salud”.

 

Se hace evidente el pensar que la fugaz y genérica cita “….y potencialmente para la salud humana.” no cubre las exigencias de que se calificara por el Ministerio Fiscal el delito ecológico “en el tipo agravado de riesgo de grave perjuicio que exige el tipo”.

 

En definitiva, se constata que el Ministerio Fiscal puso el énfasis en su calificación definitiva en la clandestinidad de la instalación, lo que le llevó a obviar este tipo penal del art. 326 C.P y a intentar injertar en su recurso la calificación del tipo agravado, extremo este “sobre el que no existió acusación, y no existió debate en el Plenario como se acredita con la lectura del acta del Plenario”.

 

Para terminar, en línea con todo lo razonado en párrafos anteriores se puede concluir que la condena por tal tipo agravado -como se pretende por parte de la Fiscalía- supondría sin género alguno de duda “una violación del principio acusatorio al no haberse formulado acusación concreta y específica por tal delito, ni planteado prueba por parte de la defensa -en definitiva, no hubo un debate contradictorio en el Plenario-“.

 

Por lo tanto, de hacerse efectiva la petición del Ministerio Fiscal se generaría “una evidente indefensión con alcance constitucional, además de la vulneración del principio acusatorio, lo cual traería como consecuencia la no existencia de congruencia entre lo acusado y lo condenado”.

Delito Ambiental y Sujetos Criminalmente Responsables del mismo.

noviembre 24, 2015

El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de Casación promovido por las defensas contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 3ª, de 4 de diciembre de 2014, que condenaba por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (STS 4342/2015, de 13 de octubre de 2015).

 
STS 4342/2015, de 13 de octubre de 2015

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 144/2015

Nº de Resolución: 521/2015

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

  • Acerca de la condición de cómplice

 

La actividad de transporte es accesoria de la de emisión de los gases, siendo, por tanto, secundaria. Sin embargo, esta puede encajar bien en la cooperación necesaria, aunque sin duda estamos en un “nivel inferior al de la autoría directa lo que pese a la equiparación del art. 28 CP también arrastra alguna consecuencia penal (art. 65.3 CP)”.

 

La degradación penológica efectuada por el Tribunal con la base del art. 65.3 y complicidad son dudosamente acumulables según un importante sector doctrinal (STS 277/2015, de 3 de junio). Sin embargo, a pesar de la rotunda dicción del art. 65.3 CP, que señala que solo alcanza a cooperador necesario e inductor, es verdad que no ha sido excluida la doble posibilidad de degradación por la jurisprudencia (art. 63 más art. 65.3). En concreto la STS 841/2013, de 18 de noviembre, con cita de la Circular 2/2004 de 22 de diciembre de la Fiscalía General del Estado, declara sobre este particular: “Es cierto que explícitamente el art. 65.3 no hace mención a los cómplices, lo que no excluye que se pueda participar en el hecho en tal concepto, sin reunir las condiciones o cualidades personales del sujeto activo”. Y siendo así, la aplicación del art.63 C.P obliga necesariamente a bajar un grado la pena por su condición de cómplice, pero “ningún efecto beneficioso se produce por el hecho de no ostentar las condiciones del sujeto activo, por lo que el principio de proporcionalidad de las penas y el de legalidad obligan a no dejar de aplicar una norma favorable precisamente por no ostentar una condición”. Cosa distinta sería que se argumentase de otro modo para no ejercer la rebaja facultativa del 65.3 C.P.

 

Pero, aun no descartando tajantemente esa posibilidad, “no es la cooperación persistente y dilatada en el tiempo de este recurrente, concretada en un transporte concertado y profesionalizado, degradable a mera complicidad”. Es cooperación necesaria.

 

Acerca de la figura de la cooperación necesaria

 

Existe cooperación necesaria “cuando hay aportación de una conducta sin la cual el delito no se hubiera cometido (teoría de la conditio sine qua non)”; cuando se contribuye con un objeto escaso y difícil de obtener de otro modo (teoría de los bienes escasos); o cuando la persona que interviene tiene la posibilidad de impedir la infracción retirando su concurso (teoría del dominio del hecho)”. La cooperación necesaria debe afirmarse en aquellos casos en los que concurre, como requisito subjetivo, un “previo acuerdo para delinquir, y siempre que la colaboración contribuya objetivamente a la realización del delito, más allá de las actividades meramente auxiliares o de segundo grado. Lo determinante para establecer el signo diferenciador, entre la cooperación necesaria y la complicidadno es ya el concierto de voluntades, común a los dos grados delictivos, sino la eficacia, la necesidad y la trascendencia que la actividad desplegada haya tenido en el resultado producido” (Sentencias de 29 de septiembre de 2000, 19 de diciembre de 2001, 2 de marzo de 2006 y 26 de marzo de 2014).

 

En efecto, y como bien explica el Fiscal, “el recurrente no tenía facultades de representación, dirección ni administración de las sociedades limitadas que realizaban tal actividad, por lo tanto, no era quien tenía la obligación de obtener las licencias administrativas adecuadas”. En ese sentido, con la Audiencia, puede sostenerse que “no es autor porque el delito no le pertenece sino que participa en el delito de otro”. No obstante, es el responsable del tratamiento de los residuos cuando llegan a la empresa, lo que constituye “una aportación a la conducta típica que desde las teorías “de la conditio sine qua non”, “la de los bienes escasos”, o “la del dominio del hecho”, merece ser calificada como cooperación necesaria”, como con acierto resolvió el Tribunal de la instancia.