Aproximaciones jurisprudenciales acerca de la policia local como policia judical

mayo 15, 2016

El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por el Ministerio Público, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 6ª, de fecha 22 de junio de 2015, en causa seguida por un delito contra la salud pública. STS 210/2016, de 15 de marzo de 2016.

 

STS 210/2016, de 15 de marzo de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 1437/2015

Nº de Resolución: 210/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Julián Artemio Sánchez Melgar

 

A fin de ubicar la cuestión de fondo debatida en el recurso, señalar que la sentencia recurrida no cuestiona la competencia objetiva de la Policía Local para realizar actuaciones relacionadas con la persecución de delitos de tráfico de drogas, -cuestión ya resuelta en sentido afirmativo por la doctrina reiterada de esta Sala (STS 831/2007, de 5 de octubre)-, sino que cuestiona la competencia territorial atendiendo a los límites marcados a la misma.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

  • Acerca del fundamento legal de la actuación de la policía local como policía judicial de apoyo y su limitación territorial

 

La cuestión que se discute en esta instancia casacional es doble, por un lado “la consideración de la policía local como policía judicial; y por el otro, los límites territoriales de su actuación”.

 

Como bien remarca esta Sala, el presente supuesto cuenta con un elemento circunstancial de suma relevancia, como es el hecho de que “estamos ante dos ciudades muy cercanas entre sí, -Bilbao y Baracaldo-, limítrofes entre ellas y sin solución de continuidad en sus calles”.

 

Al respecto, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dedica el Título V a las Policías Locales y establece en el art. 51.3 que “Dichos cuerpos sólo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes“. Por tanto, el ámbito territorial de las policías locales “es el propio término municipal en donde el Ayuntamiento ejerce su jurisdicción administrativa”.

 

En palabras del Tribunal Constitucional, Sentencias 82 y 49/1993, “…ello no significa que los Agentes Policiales de un determinado municipio que se hallaren fuera de su territorio (…), y aun cuando no hubiera mediado requerimiento de la autoridad competente deban inhibirse en la prestación de auxilio o en la realización de las diligencias que procedan según las leyes“.

 

A su vez, en el Preámbulo de esta Ley se dice que “la seguridad pública constituye una competencia difícil de parcelar, toda vez que no permite delimitaciones o definiciones, con el rigor y precisión admisibles en otras materias”.

 

En cuanto a la consideración de policía judicial, el art. 29 de dicha Ley dispone que las funciones de Policía Judicial que se mencionan en el artículo 126 de la Constitución “serán ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (…)”. Para el cumplimiento de dicha función tendrán carácter colaboradorlas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el personal de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales”.

 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, de Policía Judicial, “la función de la Policía Judicial también incumbe a la Local, pero según su correspondiente atribución y en relación con las primeras diligencias de prevención y aseguramiento” así que tengan noticia de la perpetración del hecho presuntamente delictivo, y “la ocupación y custodia de los objetos que provinieren del delito o estuvieren relacionados con su ejecución”, dando cuenta de todo ello en los términos legales a la autoridad judicial o fiscal, directamente o a través de las unidades orgánicas de Policía Judicial.

 

Entre otras, la STS 1334/2004, de 15 de noviembre, recuerda la “amplia convocatoria al ejercicio de la función de Policía Judicial, efectuada por el art. 547 L.O.P.J, respecto de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

 

Ahora bien, esa llamada al ejercicio de la función “no puede obviar el carácter colaborador de la misma”, lo cual no autoriza a pensar que si sus agentes se encuentran ante cualquiera de las situaciones a que se refiere el art. 282 LECRim, “deban suspender toda actuación hasta recibir instrucciones de quienes, de forma principal, ejercen las funciones de Policía Judicial”, porque, si así procedieran, “se frustrarían la prevención y persecución de la delincuencia en un buen número de casos”.

 

En todo caso y, concurriendo tales circunstancia, se deberá “practicar las diligencias que sean necesarias para comprobar el delito, descubrir a sus autores y recoger los efectos o instrumentos que puedan servir de pruebas de su comisión”.

 

Todo ello, claro está, sin perjuicio de “poner inmediatamente todo lo actuado y, en su caso, a los detenidos, a disposición de los funcionarios competentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

En resumidas cuentas, concluir que “las funciones como policía judicial de las policías locales están hoy fuera de toda duda”, pero dentro de los márgenes de actuación que les corresponde, -tanto funcionales como territoriales-, y con el carácter colaborador que les atribuye la LO 2/1986, “sin que el diseño legal les permita constituirse con funciones ilimitadas en materia de policía judicial”.

 

Así, el art. 53.1 de la referida LO, dispone que “Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones: (…) e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley (…) g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad”.

Inviolabilidad del domicilio como límite constitucional de la actuación policial

mayo 6, 2016

El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense, Sección 2ª, de fecha 24 de julio de 2015, en causa seguida por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes. STS 329/2016, de 20 de abril de 2016.

 

STS 329/2016, de 20 de abril de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª

Nº de Recurso: 1789/2015

Nº de Resolución: 329/2016

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: Excmo. Sr. Manuel Marchena Gómez

 

A fin de ubicar la cuestión de fondo debatida en el recurso, señalar que la defensa alega la quiebra de las reglas de valoración probatoria, al haber sido observado el interior de un domicilio sin consentimiento del morador y, por supuesto,sin autorización judicial. A juicio del recurrente, no existe un consentimiento tácito por el hecho de que las ventanas que permitieron la visión de lo que acontecía en el domicilio del recurrente no estuvieran corridas.

 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones jurídico-procesales del cuerpo de la sentencia:

 

– Acerca del contenido material del derecho a la inviolabilidad del domicilio

 

El TS no comparte el criterio mantenido por los Jueces de instancia a la hora de definir el contenido material del derecho a la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 CE,  sustentando la ausencia de intromisión ilegítima en el ámbito de la intimidad porque “…la observación del interior de la morada se produce a través de aquello que los moradores han permitido ver a través de la ventana”.

 

Entiende el Alto Tribunal que la fijación del alcance de la protección constitucional que dispensa el art. 18.2 CE sólo puede obtenerse adecuadamente a partir de la idea de que “el acto de injerencia domiciliaria puede ser de naturaleza físicao virtual”.

 

Así pues, se entiende que dicha protección abarca “tanto la irrupción no consentida del intruso en el escenario doméstico, como la observación clandestina de lo que acontece en su interior”.

 

El Estado, en este caso, representado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “no puede adentrarse sin autorización judicial en el espacio de exclusión que cada ciudadano dibuja frente a terceros”.

 

La protección constitucional de la inviolabilidad del domicilio “no puede ser neutralizada con el argumento de que el propio morador no ha colocado obstáculos que impidan la visión exterior”.

 

Por tanto, se entiende que interpretar que unas persianas no bajadas o unas cortinas no corridas por el morador transmiten una autorización implícita para la observación del interior del inmueble mediante el uso de prismáticos, “encierra el riesgo de debilitar de forma irreparable el contenido material del derecho a la inviolabilidad domiciliaria”.

 

Pues bien, en el presente caso se da la circunstancia de que no concurría ninguno de los supuestos de legitimación de la injerencia a que se refiere el art. 18.2 CE, como son, “autorización judicial o consentimiento del morador, expreso o implícito”.

 

Asimismo, conforme al concepto general de intimidad que ofrece el art. 18.1 CE, lo cierto es que en el presente caso “no consta la existencia de ningún fin constitucionalmente legítimo que, por razones de urgencia, permitiera sacrificar la intimidad del sospechoso”.

 

Apuntar también, que no existe violación de los derechos a la intimidad o a la inviolabilidad del domicilio “cuando no se emplean instrumentos que sitúen al observante en una posición de ventaja respecto del observado”. La simple toma de fotografías, sin valerse de objetivos de amplia distancia focal, “no tiñe de ilicitud el acto de injerencia”.

 

En cuanto a los prismáticos como medio utilizado para efectuar la observación, esto es, analizado el grado de injerencia que permite el recinto domiciliario, su uso quedaría comprendido en la previsión analógica del art. 1.2 de la LO 4/1997, 4 de agosto, a cuyo tenor: “las referencias contenidas en esta Ley a videocámaras, cámaras fijas y cámaras móviles se entenderán hechas a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita las grabaciones previstas en esta Ley”.

 

En apoyo de lo anterior, el art. 6.5 de la citada Ley (principios de utilización de las videocámaras) determina que no se podrán utilizar videocámaras “para tomar imágenes ni sonidos del interior de las viviendas, ni de sus vestíbulos, salvoconsentimiento del titular o autorización judicial (…), ni de los lugares incluidos en el artículo 1 de esta Ley cuando seafecte de forma directa y grave a la intimidad de las personas, así como tampoco para grabar conversaciones de naturaleza estrictamente privada”.

 

Las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente en estos casos “deberán ser destruidas inmediatamente, por quien tenga la responsabilidad de su custodia”.

 

En definitiva, se entiende por parte de la Sala 2ª del TS que existió una intromisión en el contenido material del derecho a la inviolabilidad del domicilio, “injerencia que tiñe de nulidad la observación que los agentes llevaron a cabo respecto de la conducta de los recurrentes”.

 

La vigilancia del comedor de la vivienda y de las idas y venidas de los moradores entre el salón y otras dependencias interiores del inmueble “no puede considerarse como un acto de investigación sustraído a la exigencia de autorización judicial”.