Nuevos delitos que afectan a las organizaciones

marzo 22, 2019

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La reciente reforma al Código Penal español, a través de la Ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero, representa un área de especial atención para pequeñas, medianas y grandes organizaciones de carácter público y privado, que pueden responder penalmente por nuevos posibles delitos que han sido añadidos a la norma.

Esta reforma tiene especial relevancia para las organizaciones en materia de información privilegiada, delitos contra el mercado y malversación, y la modificación de algunas conductas que pueden generar riesgo a las personas jurídicas.

La sesión se llevará a cabo el próximo martes, 9 de abril, con el propósito de informar a las personas responsables del área de cumplimiento normativo y consultores externos sobre la ampliación el catálogo de delitos.

¿A quién va dirigido?

Abogados, Compliance Officers, responsables de cumplimiento normativo, asesores de empresa y consultores. Todos aquellos profesionales que desarrollan su actividad en organizaciones privadas o despachos profesionales interesados en conocer más sobre la reciente reforma del Código Penal y la ampliación de la lista de delitos por los que pueden ser condenadas las empresas en jurisdicción española.

Agenda:

  • 09:00 Bienvenida
  • 09:15 Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica: nuevo listado de ilícitos del Código Penal español. (Álex Garberí Mascaró, Abogado Penalista, Socio Fundador de Garberí Penal).
  • 10:00 Debate
  • 10:30 Networking

Lugar: Travessera de Gracia 66, 2º- 2ª, 08006 Barcelona.

Requerimos la confirmación de tu asistencia al gga@garberipenal.com

Condenada una empresa por delito Fiscal

marzo 26, 2018

 

En sentencia 99/2018 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, se ha condenado a una empresa -además del administrador- por delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Deberá pagar una multa de 890.000€.

La empresa que cometió el ilícito se acogió a un régimen fiscal distinto al que le correspondía, obteniendo un beneficio de más de 445.000 euros, superior al monto previsto en el Código Penal para la defraudación fiscal (120.000 euros).

Por lo tanto, la empresa condenada deberá pagar la cifra indicada, además de quedar inhabilitada para recibir subvenciones o ayudas públicas, ni beneficios fiscales o de la Seguridad Social por un período de cuatro años.

Puede consultar la sentencia completa en este enlace.

¿Cómo prevenir este tipo de sanciones?

Las multas impuestas conforme a lo previsto en el Código Penal pueden ser del doble de la suma defraudada, además de las costas judiciales, el daño reputacional y la obligación de pagar el monto adeudado a Hacienda, junto a los intereses de mora.

Un sistema de gestión de Compliance Penal permite a las empresas establecer mecanismos para detectar y prevenir la comisión de delitos. Todas las empresas que, por su elevado nivel de facturación, estén obligadas a tributar montos superiores a 120.000 euros, corren el riesgo de ser sancionadas por supuestos relacionados con la defraudación si la tributación no es correcta, sea por error, sea por acogerse a un régimen que no es el aplicable, o sea con intención de alguna de las personas que participa en la gestión contable y la fiscalidad.

En Garberí Penal, asesoramos a nuestros clientes en la implementación de sistemas que permitan identificar riesgos y prevenir conductas que impacten negativamente a la organización. Sistemas que, además, pueden exonerar a la empresa de responsabilidad penal.

Para solicitar un presupuesto para la implementación de sistemas de gestión de Compliance Penal contacte con nuestros expertos o comuníquese con nosotros llamando al 937 004 455 de 09:00 a 19:00, de lunes a viernes.

Compliance Penal: 6 Requisitos para un Programa Eficaz

marzo 29, 2016

Por: Alex Garberí y José Alejando Cuevas 

El Código Penal Español expresa 6 requisitos que deben contener los Programa de Compliance Penal o Programas Prevención de Riesgos Penales  para ser efectivos y así llevar a la empresa a obtener la exención de responsabilidad penal. Estos elementos deben adecuarse dentro del sistema adoptado por la estructura y consisten en lo siguiente:

1.º Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos:

Como primer paso, un buen Programa de Compliance Penal debe poder identificar las áreas de potencial riesgo, evaluando cómo de susceptible es la empresa de permitir que esas conductas se materialicen y si cuenta con los mecanismos para detectarlas.

Para cumplir con este paso es necesario que la empresa realice auditorías periódicas y establezca unos parámetros de valoración de riesgos acordes a su actividad. Una empresa que opere en sectores financieros puede ser más propensa a delitos de blanqueo de capitales que una empresa dedicada al sector alimentario, por ejemplo; sin embargo, esta última es más susceptible de incurrir en conductas que pongan en riesgo la salud de sus consumidores.

2.º El Programa de Compliance Penal debe de establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

Una vez identificadas las áreas de riesgo, corresponde a la empresa aplicar los protocolos y procedimientos necesarios para mitigar tales riesgos. Esto ocurre de dos maneras, por un lado estableciendo los estándares de conducta y políticas necesarias para orientar a su personal y fijar los procedimientos que deben cumplir; y por el otro adoptando las medidas preventivas y correctivas concretas que garanticen una actividad de la empresa acorde a la normativa.

3.º Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

Para que el Programa de Prevención de Riesgos Penales o Compliance Penal opere efectivamente, la dirección de la empresa debe dotar al órgano o persona encargada de la supervisión y vigilancia de los recursos adecuados para que sea viable el sistema. Esto garantizará la independencia y autonomía de quien ejerce la función supervisora.

4.º Imponer la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

La comunicación es un elemento clave dentro del Programa de Compliance Penal, puesto que el éxito de su aplicación depende del conocimiento que tengan sus representantes y personal de lo que puede y no puede hacer en nombre de la empresa. Es por ello que un sistema funcional debe garantizar no sólo que exista una capacitación y un conocimiento integral de las políticas y procedimientos, sino también que la comunicación fluya a través de los canales adecuados, generando la confianza necesaria para que quienes tengan conocimiento de los riesgos e incumplimientos se sientan motivados a informar.

5.º Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

La aplicación de las medidas oportunas una vez se detecte el incumplimiento del Programa de Compliance Penal o de Prevención de Riesgos Penales  es un requisito dirigido a garantizar la efectividad del sistema, debiendo la empresa adoptar medidas contra aquellos que no cumplan con las normas; siempre actuando dentro del marco de lo permitido por la legislación en materia laboral y el ordenamiento en general.

6.º Realizar una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

El seguimiento y mejora continua debe ser parte de los procesos implementados por la empresa, pues el programa debe continuar adaptándose progresivamente a los factores internos (actividad y riesgos derivados de la operación de la empresa) como externos (cambios legislativos, nuevas regulaciones). 

También te interesa:

3 Supuestos de Corrupción en los Negocios

julio 28, 2015

La corrupción en los negocios puede tener diversas formas. Si bien tradicionalmente se ha considerado corrupción como un delito que involucra a la función pública, desde el año 2010 el Código Penal incorpora una manifestación de este delito que puede presentarse entre personas jurídicas de índole privado. Originalmente denominada corrupción entre particulares, tras la reforma del Código Penal de 2015 ahora se llama corrupción en los negocios.

 

El artículo 286 bis del Código Penal contempla tres supuestos en que puede ocurrir la corrupción de los negocios, aunque bien podríamos hablar de dos supuestos generales y una consideración particular, para el caso de entidades deportivas.

 

  1. Corrupción Pasiva:

 

Ocurre cuando el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa recibe, solicita o acepta un beneficio, bien sea para él mismo o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales.

 

Este tipo de delitos puede presentarse regularmente en el área de contratación de una empresa, cuando no se tienen los controles adecuados. Si el responsable de seleccionar a los proveedores contrata un servicio tras haber recibido obsequios, descuentos, viajes o cualquier otro tipo de beneficios no justificados ni razonables en el ámbito de operaciones comerciales, puede estarse en presencia de un delito de esta categoría.

 

  1. Corrupción Activa:

 

Tiene lugar cuando una persona ofrece o concede a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa, un beneficio no justificado, bien sea para él mismo o para terceros, como contraprestación para resultar favorecido indebidamente en la adquisición, venta de mercancías o contratación de servicios.

 

Se trata de otra cara del prisma, pues regula el caso de la persona que ejecuta el pago a cambio de un beneficio indebido. Es importante tener en cuenta que el favor indebido no tiene que ser en su beneficio directamente, sino que puede ser para un tercero, evitando así que se utilice a personas interpuestas para ofrecer la contraprestación.

 

Está dentro de este supuesto todo aquel que ofrezca un obsequio o regalo no justificado ni razonable a la persona que selecciona a los proveedores de un servicio, con el objeto de influir en su decisión y como consecuencia resulte beneficiada la empresa que representa.

 

Cabe destacar que en este caso puede existir responsabilidad penal para la persona jurídica, si se demuestra que la dirección tenía conocimiento del ofrecimiento o si no ejecutó la debida vigilancia para prevenirlo

 

  1. Corrupción en Entidades Deportivas:

 

Se trata de un subtipo del mismo delito, dirigido exclusivamente al personal involucrado en los deportes, tanto entidades como los propios deportistas, árbitros o jueces, quienes podrán ser sancionados si se demuestra la alteración de manera deliberada y fraudulenta de los resultados de un encuentro o competición deportiva de especial relevancia.

 

Las multas en estos supuestos pueden ser cuantiosas, elevándose hasta el equivalente a cinco años de prisión o del triple al quíntuple del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener. Ello sin tener en cuenta el daño reputacional que sufre la marca por el mero hecho de verse involucrado en un procedimiento por este tipo de situaciones.

 

Si deseas más información o asesoría en materia de Compliance o Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, puedes consultar nuestra sección de Derecho Penal Económico o contactarnos a través de info@garberipenal.com.

 

Alex Garberí & José Alejandro Cuevas, equipo de  Garberí Penal.

 

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La dedicación y transparencia distinguen nuestros servicios de asesoría, en consonancia con nuestra capacidad para entender las necesidades de la pequeña, mediana industria y comercios.

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Novedades en la Responsabilidad Penal de las Empresas

julio 7, 2015

  Alex Garberí Mascaró

  José Alejandro Cuevas Sarmiento
 

Uno de los grandes afectados por la reforma del Código Penal ha sido el régimen de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.

 

Más allá de los cambios en cuanto a la estructura y obligaciones que surgen para la persona jurídica al momento de implementar un sistema de gestión de riesgos penales, sobre el que ya mencionamos los 6 requisitos a contemplar, el legislador ha modificado sensiblemente los tipos delictivos que generan la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ofrecemos a continuación un listado con las novedades más significativas en este ámbito:

 

1 – Delitos contra la Intimidad o Privacidad:

 

Se ampliaron los supuestos previstos en el artículo 197 del Código Penal. Sugerimos visitar esta entrada para mayor detalle.

 

2 – Frustración en la Ejecución:

 

Uno de los supuestos incorporados en este tipo, previsto en el artículo 258 del Código Penal, es la presentación en un proceso de ejecución, judicial o administrativo, de una relación incompleta o mendaz de los bienes sobre los que deba recaer de manera que dificulte o impida la ejecución.

 

3 – Daños Informáticos:

 

Se incorpora un nuevo delito de levantamiento de barreras en el artículo 264 ter del Código Penal, sancionando al que suministre el software o contraseñas que faciliten la comisión de los delitos de daños informáticos previstos en la norma.

 

4 – Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Delitos contra el Mercado, Corrupción en los Negocios:

 

Se incrementan las penas para la persona jurídica, aumentando el múltiplo de las sanciones según cada supuesto, conforme a lo establecido en el artículo 288 del Código Penal. Optativamente, el juez podrá fijar la multa en función del beneficio obtenido por la empresa.

 

5 – Financiación Ilegal de Partidos Políticos:

 

Se incorpora un nuevo delito en el caso de financiación ilegal de partidos políticos, prevista en el artículo 304 del Código Penal, por el cual las personas jurídicas responden penalmente.

 

6 – Delitos contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros:

 

Se sanciona al que intencionalmente ayude a una persona que no sea nacional de la UE a entrar o transitar en territorio Español. También se sanciona al que lo haga con ánimo de lucro, con o sin uso de violencia, conforme al artículo 318 bis del Código Penal.

 

7 – Delitos contra la Salud Pública:

 

Se incorporan los delitos relacionados con la salud pública previstos en los artículos 359 al 365 del Código Penal al conjunto de supuestos generadores de responsabilidad penal de la persona jurídica. Estos supuestos abarcan la elaboración, suministro, comercialización y elaboración de sustancias, productos o medicamentos nocivos.

8 – Falsificación de Moneda y Efectos Timbrados:

 

El artículo 386.5 del Código Penal contempla como ilícito la falsificación de moneda y efectos timbrados.

 

9 – Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de Derechos Fundamentales:

 

El fomento al odio o al racismo, así como los actos que lesionen la dignidad, entran ahora en el conjunto de delitos que generan responsabilidad penal a la persona jurídica, según lo establecido en el artículo 510 bis del Código Penal. Supuesto que será extremadamente riesgoso para las empresas al momento de tratar conductas tales como el bullying.

 

Si deseas más información o asesoría en materia de Compliance o Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, puedes consultar nuestra sección de Derecho Penal Económico o contactarnos a través de info@garberipenal.com.

 

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Claves sobre la Reforma del Código Penal

junio 29, 2015

  Alex Garberí Mascaró

  José Alejandro Cuevas Sarmiento

El próximo 1 de julio entra en vigor la reforma del Código Penal aprobada mediante Ley 01/2015, de 31 de marzo de 2015. Desde Visto para Sentencia advertíamos los cambios aprobados por el Congreso, que en su mayoría han sido aprobados también por el Senado tla como estaban previstos. A continuación algunas de las claves que deben tenerse en cuenta sobre el marco legal que empezará a aplicarse a partir de mañana:

 

1 – Modificación del Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas:

 

Se establecen los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas a fin de no incurrir en responsabilidad penal en los casos en que se presente un delito en su seno, bien sea cometido por sus representantes o aquellos bajo la supervisión y vigilancia de éstos.

Se exige, entre las condiciones, que se implementen sistemas de gestión eficaces y adecuados dirigidos a la prevención de delitos.

 

2 – Prisión permanente revisable:

 

Se establece esta figura para aquellos delitos graves  tales como homicidios agravados o múltiples, regicidio, magnicidio, genocidio o crímenes de lesa humanidad, y consiste en penas no menores a 25 años en la cual pudiera otorgarse la libertad de cumplirse con ciertas condiciones o, lo que es lo mismo, persistiendo la posibilidad de seguir cumpliendo la pena de privación de libertad si no se cumplen.

 

3 – Sustitución de las Faltas por Delitos Leves:

 

Se suprimen las faltas y en su lugar entrará un régimen de delitos leves, muy similar al del su predecesor y que se encuentra regulado en el Libro VI de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ahora denominado “Procedimiento de Faltas Leves”.

 

4 – Reforzados los tipos delictivos relacionados con la corrupción:

 

Varios supuestos de hecho han sido modificados de manera que existe ahora un marco legislativo más estricto en materia de lucha contra la corrupción, entre ellos destacan:

  • Corrupción en los Negocios:Anteriormente corrupción entre particulares. Se precisan los supuestos de corrupción activa (quien ofrece), corrupción pasiva (quien recibe), y quien soborne a una autoridad en nombre de un tercero.
  • Financiación Ilegal de Partidos Políticos:Se incluye un nuevo tipo delictivo para sancionar este tipo de conductas.
  • Cohecho:Se incrementan las penas de inhabilitación.
  • Cohecho y Soborno de Funcionarios Extranjeros:Se precisan los supuestos y se equiparan el cohecho con funcionarios europeos al caso de funcionarios de otros países.

 

5 – Modificación en los delitos societarios y patrimoniales:

 

El nuevo delito de administración desleal se sustrae a su ubicación exclusiva entre los delitos societarios para erigirse como conducta general aplicable a supuestos de exceso en las atribuciones de la persona, entre los delitos patrimoniales, mientras que la apropiación indebida ahora sanciona la custodia indebida.

 

6 – Insolvencias Punibles y Frustración de la Ejecución:

 

Se incluye un nuevo capítulo dirigido a tratar profusamente la frustración de la ejecución, distinguiéndola de la insolvencia punible.

 

7- Reforzado el Régimen de Propiedad Intelectual:

 

Se incrementan las penas por la comisión de este tipo de delitos (en el caso de plagio hasta cuatro años) y se extienden los supuestos a fin de abarcar las conductas relacionadas con la explotación económica de las obras protegidas sin autorización de los titulares por el ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto.

 

Si deseas más información o asesoría en materia de Compliance o Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, puedes consultar nuestra sección de Derecho Penal Económico o contactarnos a través de info@garberipenal.com.

 

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