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El pasado 14 de marzo se declaró mediante Real Decreto-Ley el estado de alarma en todo el país ante la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19. Una de las medidas más drásticas decretadas para evitar la propagación de la pandemia, ha supuesto el confinamiento de las personas en sus casas no siendo posible desplazarse más que para adquirir alimentos, productos farmacéuticos, acudir a entidades financieras, acudir al trabajo (en actividades declaradas esenciales), a centros sanitarios o realizar desplazamientos por fuerza mayor.

En este contexto, que bien podría ser digno de un guión de una película de ciencia ficción, las familias se han visto obligadas a convivir las 24 horas del día, algo absolutamente inusual en la mayoría de las familias españolas. Asimismo, este aislamiento domiciliario ha provocado un aumento de situaciones de conflicto entre cónyuges y familiares, destapándose como el gran enemigo de las mujeres que son víctimas -en silencio- de violencia de genero que, actualmente, están prácticamente obligadas a cohabitar con su agresor a tiempo completo, siendo un colectivo mucho más vulnerable en estos momentos de confinamiento.

Teniendo en cuenta que esta crisis sanitaria y las medidas adoptadas han supuesto de facto una paralización de la actividad judicial, el Gobierno ha dictado una serie de normas dirigidas a paliar el daño del que es víctima el colectivo de mujeres maltratadas.

Así, el 31 de marzo se dictó el Real Decreto-Ley 12/2020 por el que se decretaron medidas urgentes para la protección y asistencia de las víctimas de violencia de género con el fin de garantizar el funcionamiento de los servicios que están destinados a la protección de las mujeres maltratadas, toda vez que su predecesor directo, el RD 463/2020 de 14 de marzo, establecía que las autoridades competentes como las administraciones autonómicas y locales, podrían insertar campañas, mensajes, anuncios y comunicaciones en los medios de comunicación, públicos o privados, para concienciar e informar de los canales de denuncia que quedan a disposición de las victimas de violencia de genero.

Del mismo modo se han creado medidas para asegurar el asesoramiento jurídico las 24 horas del día, la atención telefónica y on-line de las victimas de violencia de genero. Este aseguramiento, se refiere a que los servicios de guardia de los juzgados de violencia sobre la mujer están activos pese a la suspensión de la mayoría de actuaciones procesales, garantizándose además los servicios de asistencia social integral como el acompañamiento psicológico y social destinado a las victimas de violencia de género.

Todas estas medidas suponen el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, que definía acertadamente la violencia de genero como “… toda violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quiénes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencias…” y comprende “… todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad…”.

Así pues, tanto a las mujeres que sufran este tipo de violencia como a las personas que escuchen o presencien actos de maltrato, pueden llamar al 016 o al de emergencias, el 112, así como utilizar todos aquellos medios que el propio Ministerio de Igualdad o las respectivas Comunidades Autónomas ponen a su disposición.

En la lucha contra la violencia de género, es de vital importancia entender que debemos comprometernos todos los ciudadanos. Cualquiera de nosotros puede ser de vital ayuda para las víctimas de estas agresiones denunciando o poniendo en conocimiento de las autoridades situaciones de vulnerabilidad, abuso o malos tratos, máxime la propia víctima es incapaz de denunciar en este contexto de confinamiento ante el temor a represalias o inactividad policial, muchas veces por propio desconocimiento. Algo tan sencillo como una llamada a la policía o la utilización de canales on line para denunciar una situación de agresión, puede resultar muy difícil cuando se convive a todas horas con el agresor.

Es un deber de la ciudadanía avisar de la comisión de un posible delito o avisar a los servicios de emergencia en caso de escuchar o presenciar algo que nos pueda llamar la atención en este aspecto, porque, en esta lucha, las víctimas somos todos.

En el equipo de Garberí Penal estamos a su disposición 24 horas al día para informarle de los canales a su disposición para denunciar, o resolver cualquier duda respecto de posibles situaciones de vulnerabilidad. No dude en contactarnos si requiere más información.

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